El pasado mes de diciembre, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP) ejecutaba un recorte a las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid que soliviantó a colectivos, partidos de izquierda y al propio Ejecutivo nacional. Cinco meses después, el informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas LGTBI en el mundo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), señala el recorte de Ayuso como uno de los retrocesos de derechos más significativos del último año y medio.
El informe, que elabora una de las organizaciones internacionales más relevantes, habla de España como uno de los países pioneros en la protección de derechos LGTBI y destaca los avances legislativos que se han producido tanto a nivel nacional como autonómico en los últimos tiempos. Menciona, por ejemplo, la prohibición de las llamadas terapias de conversión y también de las cirugías innecesarias en menores intersexuales, la aprobación de la autodeterminación de género de las personas trans o la protección contra la discriminación por razón de expresión de género y características sexuales.
Las tres medidas se incluyeron en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que impulsó el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que el Congreso aprobó finalmente en febrero de 2023.
Pero el análisis de ILGA se detiene también a analizar la actividad las comunidades autónomas. Alaba la nueva legislación de Euskadi, aprobada a comienzos de este año, y que amplía la protección y los derechos de las personas trans. Establece, por ejemplo, el derecho de las personas trans a recibir una atención “integral”, la aprobación de planes contra la discriminación en el ámbito público y privado, la formación de la comunidad educativa y el derecho de las personas menores a ser escuchadas y a participar en la toma de decisiones médicas.
En la otra cara de la moneda, la Comunidad de Madrid. ILGA subraya que la mayoría absoluta del PP en la asamblea regional le permitió introducir “preocupantes cambios” en las leyes trans y lgbti regionales. Esos cambios consisten en eliminar muchas de las medidas para promover la igualdad y proteger contra la discriminación, especialmente al colectivo trans, que se habían aprobado en 2016 (fue el ejecutivo de la popular Cristina Cifuentes quien entonces lideró esa norma).
El informe detalla los cambios concretos que considera un retroceso relevante. Por ejemplo, la reforma de Isabel Díaz Ayuso eliminó el concepto 'identidad de género' de la ley trans y los contenidos relativos a la diversidad y el respeto específicamente de las personas trans en el currículum educativo, estableció que los menores trans deben pasar por un examen pediátrico antes de recibir tratamiento y que las valoraciones psiquiátricas o psicológicas no supondrán una prueba de discriminación. Por contra, la norma recupera la expresión “condición de transexualidad”, algo que la organización, alerta, puede servir para “abrir la puerta a hacer depender esta 'condición' de una evaluación médica. La reforma mantuvo la prohibición de las terapias de conversión salvo las que se refieren a la transexualidad.
Persiste la discriminación
España ocupa el cuarto puesto entre los países de Europa más avanzados en derechos LGTBI, según el mapa que hace cada año la misma organización. El informe mundial publicado este jueves muestra que la criminalización y la discriminación, no solo de facto sino también legal, sigue muy presente hoy en día en muchos países. El 32% de los países sigue criminalizando los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo: 60 miembros de la ONU lo hacen por ley y otros dos, en la práctica.
ILGA celebra, sin embargo, que existen importantes avances legales, tanto en leyes que prohíben la discriminación como en normas que reconocen la autodeterminación de género o los derechos de las personas intersex. Eso sí, avisan de una “tendencia preocupante” hacia la restricción de derechos LGBT y la posibilidad de reunión y manifestación.
“En 2024, la mitad de la población mundial acudirá a las urnas, y hay estados intentando restringir el espacio cívico de las organizaciones no gubernamentales, en particular de las que se ocupan de la diversidad sexual y de género. Incluso hablar de nuestras vidas en público resulta cada vez más difícil en un número creciente de estados. Esta tendencia es extremadamente preocupante: la historia nos ha demostrado en múltiples ocasiones que los avances que nuestros movimientos han logrado en todo el mundo están a menudo a sólo unas elecciones o a una crisis de ser revertidos”, asegura la directora ejecutiva de ILGA Mundo, Julia Ehrt.