Unos 30.000 bienes, entre catedrales, iglesias, garajes, frontones, jardines, apartamentos y campos de labranza. Esos son los bienes que, a falta de confirmación oficial, ha entregado el Colegio de Registradores al Gobierno, y que hacen referencia a los bienes inmatriculados –puestos a nombre de la Iglesia– gracias a la Ley Aznar entre 1998 y 2015. Un informe que, según ha podido confirmar eldiario.es, el Ejecutivo socialista tiene en sus manos desde hace más de un año y que todavía no ha decidido cómo hacer público.
Sin embargo, esa cifra –adelantada por El País– no refleja toda la realidad. “Es el chocolate del loro”, lamenta el responsable de la plataforma Recuperando, Jorge García, que recuerda al Gobierno que la Iglesia “lleva inmatriculando bienes a su nombre desde 1946”. “Es imposible saber cuánto”, recalca este activista aragonés, que ha conseguido, después de muchos años de pelea, que Aragón diera una cifra concreta: 49 en la capital (Zaragoza) y 2.023 en toda la comunidad. Aunque sin decir cuáles, ni por supuesto hablar de los inmuebles puestos a nombre de la Iglesia con anterioridad.
Y es que, si solo contáramos los bienes apropiados por la Iglesia católica desde 1978 (año de la proclamación de la Constitución española), la cifra se incrementaría por tres o por cuatro. Distintos expertos en Patrimonio consultados por este diario cifran en más de cien mil los inmuebles inmatriculados desde la instauración de la democracia.
“Se han 'afeitado' las cifras”
“A mí no me gusta dar más cifras que las oficiales”, apunta Jorge García, que no obstante ve “extraño” que el propio gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, admitiera el pasado año que los bienes inmatriculados rondarían los 40.000, y que una primera estimación elevaba los datos a entre 40 y 60.000. “Da la impresión de que se han 'afeitado' las cifras”, denuncia el responsable de Recuperando.
Y es que, por el momento, las únicas cifras oficiales (el Gobierno no ha confirmado ni desmentido que el dato de 30.000 bienes sea real) son las que distintas asociaciones han arrancado en algunos territorios.
Así, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra ha conseguido que el Gobierno hable de 1.087 propiedades públicas anotadas entre 1998 y 2007, que casi se triplicarían si se tiene en cuenta el periodo en que estuvo en vigor la 'Ley Aznar'. Hace meses, la plataforma Recuperando anunció que había logrado documentar otros 1.500 registros anteriores a la reforma en el territorio foral, aunque, explicaban, en muchos casos una sola inmatriculación incluye varios bienes. En un mismo paquete se hablaba de parroquia, atrio, casa parroquial o huerto.
Sólo en la ciudad de León se registraron más de 2.000, y en la Iglesia vasca, apenas 530. En Córdoba, hasta 401 inmuebles, entre los que destaca la mezquita-catedral. Un templo registrado por 30 euros y que el nuevo alcalde de la capital andaluza ya se ha reunido con el obispo para confirmarle que el Consistorio no pone en duda la titularidad de la Iglesia.
Sea como fuere, lo cierto es que desde hace años, distintas plataformas en favor de la devolución de los bienes expropiados por la Iglesia denuncian el “negocio inmobiliario” de la institución católica en España, que tiene su máxima expresión en la inscripción a nombre de la Iglesia de todos aquellos terrenos, locales y edificios que considerara suyos, con la mera firma del obispo, que resulta tan válida como la de un notario. Algunos de esos bienes, con posterioridad, fueron vendidos para otros usos que no fueran meramente litúrgicos.
Una vez se conozca el listado de bienes puestos a nombre de la Iglesia, serán los posibles afectados, fundamentalmente ayuntamientos, pero también particulares, los que tendrían un registro oficial ante el que poder recurrir la titularidad del inmueble, cementerio o parque.
Batalla legal
A partir de ese momento comenzaría una batalla legal de difícil solución puesto que, en la mayoría de los casos, los bienes jamás estuvieron registrados oficialmente, de modo que el único papel oficial es el que pueda presentar el obispo de cada diócesis.
Esta es una de las razones por las que el Gobierno socialista aún no ha hecho público el listado de bienes, sin un informe jurídico anexo, en el que señalará las dificultades para la reclamación de propiedades, al tiempo que advierte de una posible parálisis del sistema jurídico español, sin olvidar los más que seguros recursos a la justicia europea. La Iglesia, que hace unos meses hablaba de “clima de desamortización encubierta”, está preparada para una hipotética batalla legal.
Distintos expertos han apuntado que, una vez publicados los registros (si logra salvarse otro escollo, que es el de la Ley de Protección de Datos, a la que los Obispados podrían acogerse), tendría que verse qué instituciones o particulares podrían, llegado el caso, denunciar la titularidad de cada inmueble individualmente. “Nosotros no podemos hacerlo”, apunta Jorge García, de Recuperando, que apunta a que debería ser cada Ayuntamiento, o particular, quien habría de intentar hacerlo. “Siempre y cuando tuviera algún título de propiedad anterior” lo cual, en el caso de los templos, se antoja sumamente complicado. Además, según la normativa, pasados dos años desde que el bien es registrado resulta casi imposible demostrar que la inscripción a favor de la Iglesia perjudicó a terceros.
Lo que sí podría plantear el Ejecutivo a la Iglesia sería negociar la titularidad de los más de 3.000 edificios reconocidos como 'Bienes de Interés Cultural', preservando el uso litúrgico y religioso de los inmuebles. Unos inmuebles que el Gobierno considera “bienes de dominio público” y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que “3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia”.
Entre ellos, 22 de los 44 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre los que se encuentran varias catedrales. Hasta 31 de ellas, como ya adelantó eldiario.es, fueron nacionalizadas por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931, y ahora podrían volver a manos del Estado, tal y como sucede en Portugal o Francia.
En una respuesta de Justicia al diputado socialista Antonio Hurtado en la legislatura pasada, se avanzaba que “la Constitución española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público”.
Esto quiere decir –afirmaba el Ministerio– que, “si a pesar del control por parte del Registrador, hubieran accedido a registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica”. La decisión “correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si al Estado corresponde algún derecho sobre dichos inmuebles, sometido todo ello a la tutela judicial efectiva”.
¿Qué bienes podrían verse afectados? Hasta 31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los templos mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga), u otros templos, como la Seo de Zaragoza o la Giralda de Sevilla. Del mismo modo, habría que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como 'de interés cultural' fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, para posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de la inmatriculación. Junto a ellos, muchos de los 616 santuarios existentes en España (desde Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca de la Cruz, Loyola, El Rocío o Torreciudad).
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