El debate de los trabajos esenciales y la vacunación: ¿a quiénes se debe inmunizar primero?

La pugna entre los trabajadores esenciales por ir antes en el orden de vacunación acaba de empezar. Muchos fueron los primeros en ser llamados a filas después del confinamiento total de marzo, pero eso no garantiza que vayan a ser también los primeros en recibir el suero. Los mayores de 80 años serán quienes inauguren la Fase 2 del plan, que está prevista de marzo a junio (o una vez se haya acabado con los usuarios y personal de residencias, sanitarios y grandes dependientes). El orden de los otros 15 grupos que ha establecido el Ministerio de Sanidad, sin embargo, todavía es una incógnita.

Las propuestas de los líderes autonómicos y las peticiones de sectores concretos añaden incertidumbre sobre un asunto que aún no está decidido, según los expertos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de de la Comunidad de Madrid, anunció que estudiaría incluir a camareros y taxistas entre los siguientes en recibir el fármaco, aunque la decisión última depende de Sanidad. También la ministra de Educación, Isabel Celaá, reveló a este diario que la vacunación de los profesores “está priorizada en una segunda fase”, aunque no aclaró si era una decisión ya tomada ni en qué 'orden' irían los maestros. Los sindicatos de docentes llevan tiempo reclamándolo, a la vista del aumento sustancial de brotes en los colegios y al ser un lugar de apoyo esencial para las familias. Pero no son los únicos.

El gremio del transporte ha trasladado su demanda a Sanidad por ser “fundamental para dos sectores básicos: viajeros y mercancías”. Los veterinarios y los farmacéuticos se quejan de no haber sido incluidos junto al resto de sanitarios. Los distribuidores y supermercados exigen que “no se les deje para el final”. Los taxistas lo reivindican por su alta exposición al virus y los hosteleros porque con ello esperan aumentar la confianza del cliente. Incluso hay quien apuesta por que se inmunicen primero los políticos o el rey. Pero, ¿cuál es el orden correcto y cómo se decide?

La prioridad de los grupos está siendo ideada por el comité de vacunas que asesora al Gobierno en base a cuatro niveles de peligro: riesgo de exposición a la enfermedad, de mortalidad, de impacto socioeconómico y de transmisión del coronavirus. Aunque darán la respuesta en las próximas semanas, algunos han empezado a hacer sus apuestas.

El peliagudo orden de prioridad

El Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal, publicó en diciembre un documento que proponía una lista orientativa de vacunación. “Tras una revisión de la literatura científica”, el Grupo de Colaboración Multidisciplinario para el Monitoreo Científico de COVID-19 (GCMSC), lo dividió en ocho grupos: trabajadores de la salud en contacto con pacientes (también residencias, bomberos, policías y otro personal de emergencia); personas mayores de 80 años; adultos de 65 a 79 años; población con afecciones subyacentes; personas institucionalizadas con capacidad limitada de aislamiento (cárceles o centros de detención de migrantes); trabajadores esenciales (transporte, educación, servicio de alimentación, etc); adultos mayores de 55 años; y, por último, el resto de la población.

Fernando García, presidente del Comité de Ética de la Investigación del ISCIII y profesor del Máster de Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona, está bastante de acuerdo con este orden. “Los policías, los bomberos y los funcionarios que trabajan en prisiones son sectores básicos para el funcionamiento de la sociedad”, asegura. Inmediatamente después incluye al personal de “comercios de artículos de primera necesidad, como las cajeras, los reponedores de supermercados o los vendedores de puestos y tiendas de alimentación”.

Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) y exsecretario de Salud Pública del Ministerio, en cambio, apuesta por hacer el orden “en función del riesgo, no de la profesión”. Y, en tal caso, diferencia entre trabajadores esenciales que son escasos, “como los bomberos”, y otros sectores esenciales masivos. “No pondría a todos los policías por delante de los colectivos de riesgo, no lo veo”, se sincera. José Martínez Olmos, exsecretario General de Sanidad y profesor de Salud Pública en Granada, se inclina también por esta opción. “Solo los profesionales sanitarios y los que trabajen con dependientes son grupos prioritarios. El resto de sectores esenciales son discutibles y siempre se van considerar a sí mismos como grupos de riesgo”, opina.

“Los trabajadores esenciales tienen que ir de un lado para otro y son los que nos sacaron las castañas del fuego cuando la mayoría estábamos en casa”, rebate García. Tampoco hay consenso respecto a los profesores. Mientras que el especialista en Bioética los considera “población de riesgo” por “el estrecho contacto que tienen sus alumnos, mucho más que los hosteleros con sus clientes”, Olmos no se muestra partidario de priorizar a los docentes hasta que no haya suficientes vacunas. “Hasta ahora, el riesgo de coronavirus entre la población infantil es pequeño”, defiende, aunque reconoce que es un colectivo con valor añadido y que, más adelante, eso tendría que contar.

Donde coinciden todos los expertos consultados es en que los camareros y el personal de hostelería no deberían estar entre los primeros de la cola, como ha prometido estudiar Ayuso. “Es una contradicción decir que mantienes la hostelería y los bares abiertos porque no se generan brotes allí y vacunar a los camareros porque son de riesgo”, explica el catedrático de Salud Pública, Martínez Olmos. Ildefonso Hernández cree que “el camarero no produce los contagios, sino la mesa en la que hay 6 personas hablando sin mascarilla”. Por último, García diferencia a “los que trabajan en sitios indispensables” como instituciones, hospitales o residencias, de los que lo hacen en “bares, restaurantes o terrazas, que son actividades de ocio prescindibles”, afirma.

El profesor en Bioética defiende que, si bien son un sector dañado por la pandemia, “hay que compensárselo con acciones económicas del Estado totalmente alejadas de colocarles en la lista de vacunación”. El problema que ha identificado con esta profesión, al igual que con la del taxi o la de la distribución, es que no hay literatura científica que permita decir si son un foco de brotes o cuánta exposición tienen al virus. “No hay información suficiente, por eso debemos priorizar donde sí la hay, como las cárceles, los CIE o las residencias de temporeros, que mezclan a gente vulnerable socioeconómicamente con unas condiciones de baja salubridad”, dice en defensa de considerar a los presos y a los migrantes entre los grupos prioritarios.

Dividir por población de riesgo, no por profesiones

Tanto Ildefonso Hernández, de SESPAS, como José Martínez Olmos, de Salud Pública de Granada creen que no hay discusión en cuanto a priorizar por criterios de morbilidad. “La situación de los servicios sanitarios es muy crítica y hay aplazamientos continuos de citas y operaciones que también son urgentes”, cree el primero. “Hay gente perdiendo calidad de vida a pasos agigantados porque no se puede operar de cataratas”, ilustra. Por su parte, Olmos define como “muy correcta” la decisión de jerarquizar por edades, primero los mayores de 80 y luego a los de entre 65 y 79 años, “porque son casi 10 millones de personas que arrastran mayoritariamente patologías crónicas”. No obstante, pide antes que nada que se incluya a los farmacéuticos con el resto de sanitarios.

Lo demás, como ambos comparten, “será menos importante según haya más vacunas”. Los dos profesionales ostentaban un cargo de responsabilidad durante la crisis de la Gripe A, y recuerdan un nerviosismo similar por los grupos de vacunación “que luego quedó en nada”, dice Hernández. “Cuando era Secretario General de Sanidad con la Gripe A, recibimos multitud de cartas de peticiones de profesores, taxistas... Es un fenómeno previsible, pero no debe ser un criterio”, justifica Martínez Olmos.

En cualquier caso, recomiendan no lanzar promesas al vuelo para generar “debates políticos”. Los expertos en Salud Pública y Bioética alertan de que ese tipo de declaraciones generan un efecto dominó en la sociedad cuando todavía no hay decisiones encima de la mesa. La solución para no provocar pugnas, según Fernando García, es “que haya transparencia y que la lista de prioridades sea clara y cristalina”. “Los criterios podrán ser discutibles o no, pero no se puede actuar por miedo a críticas mediáticas”, valora. Eso sí, piden que todas las comunidades vayan al unísono y sean totalmente honestas para que no se repitan episodios de vacunaciones irregulares. Pues, como añade Olmos, “ahora mismo lo más importante es no perder la confianza en las instituciones”.