El tiempo corre en contra de los familiares más ancianos que esperan las exhumaciones del Valle de los Caídos

Es una contradicción científica pero pareciera que el tiempo viaja a dos velocidades. En una realidad se alternan los gobiernos, se suman y restan partidas presupuestarias, caen las hojas de los meses en el calendario mientras se activan trámites burocráticos, pasan seis años sin ejecutarse una orden judicial y cuatro décadas de democracia no cunden para sacar a los miles de asesinados de sus enterramientos indignos. En la otra línea de tiempo, los hijos e hijas huérfanas son ya octogenarios y nonagenarios que se mueren cada día, esperando una reparación legítima. Al borde del final de sus vidas, dentro de un día de su tiempo solo cabe un minuto del tiempo de la política. “El menor de los hijos de los familiares que hay en mi grupo tiene 87 años y el mayor cumple 99”, recuerda Silvia Navarro, de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos.

“Ya está llegando la cuarta generación, en nuestra asociación tenemos una biznieta sustituyendo a una persona fallecida”, dice Navarro. “El tiempo siempre corre en nuestra contra, nunca a nuestro favor”. El proceso ha sido larguísimo, ha sido una batalla de casi veinte años para los pioneros que abrieron el camino a todos los demás.

Unos, como los familiares de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, escucharon habladurías en Calatayud sobre cuerpos que habían sido llevados al Valle de los Caídos al finales de los años 50. Otros, como en el caso de los represaliados en el pueblo abulense de Pajares de Adaja, se llevaron la sorpresa al exhumar un pozo en Aldeaseca donde esperaban haber encontrado los cuerpos, y solo hallaron unos huesos craneales, botones, minas de lapicero y un dedal. Con el transcurrir de los años, hay quien lo leyó en un libro o quien se encontró con la información en una página web: nunca fueron informados, pero sus familiares habían sido reinhumados en las criptas del gran mausoleo de Cuelgamuros, dedicado “a la memoria de los caídos en la gloriosa cruzada”; casi 34.000 víctimas de la Guerra Civil emparedadas en las criptas de las ocho capillas de la basílica, con una posición preeminente del dictador Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

El primer vistazo al estado de las criptas se realiza en mayo de 2010. Muy poco antes de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero forma una comisión de expertos para aportar ideas sobre el futuro del Valle. Los socialistas pierden las elecciones y el informe de ese grupo quedará guardado en un cajón durante años. No llega una buena noticia hasta el 9 de mayo de 2016, cuando un juez autorizó la exhumación de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. La primera inspección técnica, haciendo calas en las paredes, no se hace hasta noviembre de 2018. Un año después, se publica un informe técnico más en profundidad del estado de algunos osarios. Franco es el primer exhumado, en octubre de 2019. En 2020, comienza a trabajarse decididamente sobre el futuro del monumento. A día de hoy, todavía no se ha roto ningún tabique.

“No entendemos nada”, expresa Silvia Navarro. “Nos llevan diciendo desde agosto de 2020 que en cualquier momento iban a entrar y no entran. Y mientras, se suceden otros proyectos de memoria. ¿No se podrían priorizar nuestras exhumaciones, ya que llevamos 12 años pidiéndolas oficialmente?”.

El pasado 12 de abril, el Gobierno solicitó al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial una licencia urbanística para iniciar los trabajos de exhumación de los restos de 62 personas allí inhumadas. Patrimonio Nacional ha presentado en ese consistorio, al que pertenece territorialmente el Valle de los Caídos, una solicitud de obra mayor para acceder y afianzar el acceso a los diferentes niveles de criptas, la rotura de cerramientos y el aparataje necesario para entrar a ellas, con su iluminación, sus condiciones de seguridad y otras medidas que garanticen la seguridad de las estructuras. El estado arquitectónico del edificio no es bueno. Se realizó excavando roca y vaciando el interior de una montaña, una ubicación que produce filtraciones de agua, como ya se indicaba en el informe que realizó Patrimonio en el año 2011 y que concluía que la “humedad afectará a medio plazo sobre los elementos estructurales”.

Hemos trabajado mucho buscando fórmulas para hacerlo, lo digo con el corazón en la mano, con todo mi respeto y cariño hacia los familiares

A la pregunta de este periódico de si el primer andamio se va a colocar antes de que acabe el mes de abril, Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, contesta “ya me gustaría”, pero el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene un plazo de hasta tres meses para dar respuesta. “En el momento en el que nos den la licencia inmediatamente se inicia todo el proceso de acopio de materiales para poder entrar en las criptas, pero yo no puedo decir exactamente qué día porque no depende de nosotros”, explica. “Nuestra voluntad más que clara es la de hacerlo cuanto antes”, añade.

Eduardo Ranz, el abogado que abrió camino al resto de resoluciones gracias a la resolución positiva para los hermanos Lapeña, piensa que “independientemente del contenido de la solicitud de obra [que desconoce el detalle] y el plazo del Ayuntamiento de El Escorial, es un anuncio positivo”. Pero añade que quieren que “se resuelva ya”: “Han pasado cinco años, dos gobiernos, muchos anuncios pero ninguna exhumación y lo principal es tener una fecha”. Hace cuatro meses, cuando se concedieron las autorizaciones para exhumar —un papel que venían reclamando desde hace mucho tiempo— tanto Ranz como otros implicados pidieron por escrito que se les notificara cuándo iba a suceder: “y no nos han contestado”. “Los familiares están agotados, al principio se movían entre la incertidumbre y la esperanza, y ahora pasan de un anuncio a otro”.

El último escollo

Es la segunda vez que Patrimonio interviene sobre la basílica. La primera, como es sabido, fue para realizar la exhumación del dictador Francisco Franco en octubre de 2019. Aunque la comisión urbanística de San Lorenzo de El Escorial dio su visto bueno, la Fundación Francisco Franco realizó un informe que le sirvió a un magistrado, —que anteriormente se había manifestado contrario a la memoria histórica—, para paralizarlo durante unos días. Palos en las ruedas de un carro que de por sí anda renqueante, y que provocan la alerta en los familiares.

“No queremos lanzar campanas al vuelo”, dice Joan Pinyol, cuyo abuelo, Juan Colom Solé, fue reinhumado dos veces en el Valle (la segunda fue un traslado de una cripta a otra), siempre sin conocimiento de la familia: “No es que no crea que se avance, pero falta ser más decidido”. El municipio de la sierra madrileña que tiene que conceder el permiso está gobernado por PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox.

El secretario de Estado no valora la posibilidad de una dilación en los plazos por motivos políticos. “Este tipo de licencia es un proceso reglado, que no tiene que ir por Pleno y que la conceden los técnicos municipales. Nosotros deseamos que nos la puedan dar cuanto antes porque estimamos que se han preparado bien todos los requisitos”, explica. “Estamos haciendo una cuestión de pura humanidad, de derechos humanos, que no es violentar nada ni abrir heridas, sino cerrarlas. Es un deber moral que tiene el Estado democrático de llevarlo a cabo y espero que no tengamos la misma situación que cuando se sacó a Franco”, añade.

“Venimos trabajando desde hace mucho tiempo y de una manera muy denodada en este tema”, recalca Martínez, al frente de la Memoria Democrática en esta legislatura y anterior director general de Memoria Histórica cuando este asunto pendía de Justicia y no de Presidencia, como ahora. “Hemos trabajado mucho buscando fórmulas para hacerlo, lo digo con el corazón en la mano, con todo mi respeto y cariño hacia los familiares, no ha habido día en el que el tema no estuviera sobre la mesa. Ahora tenemos presupuesto y podemos impulsar el proceso”.

Durante este año de pandemia, el secretario explica que su equipo ha estado buscado la ubicación de los solicitantes, ha trabajado en un dossier sobre las identidades de estas personas, se han ajustado los presupuestos para llevarlo a cabo, se han tomado muestras genéticas, se ha creado un convenio con la unidad de medicina forense de la Universidad Complutense de Madrid y se ha buscado la viabilidad jurídica, que ha pasado por la fórmula de transferir una subvención de 665.000 euros para la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Pero algunos de los familiares consultados no acaban de entender lo que la vicepresidenta Carmen Calvo denominó “carcasa jurídica”. “La fundación está al cien por cien controlada por Patrimonio Nacional”, recuerda Fernando Martínez, aunque durante años no ha rendido cuentas ni ha presentado presupuestos y el acuerdo con los benedictinos no ha sido renovado.

“Si la fundación es de Patrimonio, ¿porqué no lo ha hecho Patrimonio Nacional desde el principio? Me parece dar una vuelta de un año y medio para llegar al mismo sitio”, reflexiona Silvia Navarro. Por otro lado, el hecho de que la fundación se vaya a extinguir en cuanto entre en vigor la futura ley de Memoria Democrática, dado que se creó en 1957 para administrar los bienes del Valle de los Caídos —con la finalidad de “rogar a Dios por las almas de los muertos de la Cruzada Nacional” e “impetrar las bendiciones del Altísimo para España”—, crea cierto recelo. “Es el único instrumento jurídico que se tenía para actuar en el Valle —explica el secretario de Estado—, aunque hayamos planteado su extinción, pero mientras existe, es una fundación pública, no es privada ni es religiosa, sino que es el propio Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. El dinero se ha tenido que ubicar en la fundación y no en Patrimonio Nacional porque la única forma jurídica de intervenir en el Valle es esa”.

La paciencia esquilmada de los familiares

Justo ahora se cumplen 13 años desde que Joan inició su batalla para sacar a su abuelo del Valle; en este tiempo, publicó un libro que se titula así, Avi, et trauré d’aquí! (“abuelo, te sacaré de aquí”, en catalán). “El de la licencia de obras no es el primer golpe de efecto que vemos. También en 2019 tuvimos la oportunidad de visitar las criptas y parecía que el Gobierno iba a dar luz verde y no fue así. Es un proceso muy lento que de vez en cuando sufre estos golpes o que pareciera ligado a unas elecciones, como ahora las de Madrid”, opina. “Los nietos aún tenemos un margen pero los hijos, no. En diciembre perdí a mi tía, que ya nunca verá cómo su padre vuelve a su tierra de origen”.

Fausto Canales espera, con paciencia, recobrar los restos de su padre y de su tío y llevarlos de vuelta a Pajares de Adaja (Ávila): “No hay que entorpecer lo que ya está conseguido tras muchos obstáculos”, advierte. Canales agradece la “política de transparencia desde que está este Gobierno de coalición” y siente que “la inminencia” de los trabajos de exhumación “está condicionada a los obstáculos”, de haberlos, por parte de las asociaciones que defienden que nada cambie en el Valle. Fausto no los descarta. “Habrá muchos problemas pero la voluntad es conseguirlo, el tema no se va a desatender”, añade. Fausto, de 87 años, se siente “relajado” porque se encuentra “suficientemente bien informado siempre”, sobre un propósito al que ha dedicado prácticamente todo su tiempo desde que se jubiló, tanto para sus familiares como para otros de su mismo pueblo a los que representa. “Es un hito que ya haya oficialmente una petición de una licencia de obras para que estas comiencen lo antes posible. El camino siempre ha sido intrincado pero la ley es la ley y la razón es la razón. El derecho que tenemos todos los familiares a recibir los restos de nuestros seres queridos es absolutamente innegable”, afirma con seguridad.

De los más de sesenta expedientes, 31 de ellos vienen de Euskadi (por ahora, de estos tienen reconocido el derecho de exhumación 23), representados por Gogora, el Instituto de Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de esta autonomía. “Las familias están ilusionadas, pero sobre todo quieren saber si van a poder exhumar o no”, explica su directora, Aintzane Ezenarro. El caso vasco es muy diferente al resto del Estado. Allí se han exhumado todas la fosas, ya hay un banco de ADN y una base de datos de víctimas consultable online. “Sabemos que todo llega muy tarde”, explica Ezenarro, “los familiares vivos tienen más de 80 años y algunos no están para lios, pero el hecho de que Gogora les ayuda con el papeleo y les anima, explica que haya tantos expedientes de Euskadi, así como el que hayamos publicado las listas, ya que hay mucha gente con desaparecidos que no sabían dónde estaban”.

Las familias están ilusionadas, pero sobre todo quieren saber si van a poder exhumar o no

Eso le sucedió a Itziar Enparantza. Mientras buscaba online datos de su abuela, que había pasado la Segunda Guerra Mundial en Filipinas, se encontró con los apellidos familiares en el censo de Gogora. No sabía mucho de su tío abuelo, Benito Arteche Berastegui, un impresor que se alistó en el ejército vaco para luchar en la Guerra Civil. En su familia no se hablaba de él. “Mi madre tiene 80 años y está acostumbrada a callar sobre esto —relata Itziar—, le daba miedo, no quería revolver el tema. Luego se ha ido emocionando un poco. Para mí, como nieta, es diferente, no he tenido ese miedo y ha supuesto asomarme a una parte de la historia que desconocía”. Itziar siente que “va lento”: “Nos dieron unos plazos que se van retrasando, parece que sigue habiendo reticencias, hay algunos que no entienden porqué se remueve. Para mí es un insulto que esté allí, que acabe enterrado allí una persona que ha ido a luchar contra todo lo que [el Valle de los Caídos] es”.

Cuando Juan Ramón Sertucha, hoy con 84 años, se jubiló, se dedicó a completar su árbol genealógico remontándose hasta el siglo XVI. No había que irse tan lejos para encontrar varios agujeros muy recientes: desconocía el paradero de su abuelo y de dos de sus tíos. Uno de estos últimos, Santiago Sertucha, se alistó en un batallón, fue hecho prisionero y, cuando le ofrecieron seguir en la cárcel o ser carne de cañón en el bando sublevado, aceptó esto último. Fue herido y falleció en Zaragoza, donde Juan Ramón creía que estaba. Gracias a Gogora, tiene a Santiago ubicado en el Valle de los Caídos y espera traerle de vuelta a su pueblo, Erandio, en Bizkaia. “Para mí significa una recuperación de un derecho el que sus restos reposen en un lugar de acuerdo con su vida. Él nació en Erandio, su vida transcurrió allí y que esté enterrado en Madrid considero que no es lógico”, explica Juan Ramón, que lamenta que la inferencia de la pandemia haya podido ralentizar el proceso.

Sabemos dónde está nuestro tío y sabemos que esas cajas en concreto están intactas… ¿y ahora nos dicen que el problema es que el Ayuntamiento de El Escorial tiene que dar permiso?

Leyendo un libro sobre la Guerra Civil se enteró Íñigo Jaca de que su tío ni había muerto de fiebres tifoideas ni estaba enterrado en la fosa de Zaragoza que de vez en cuando iban a visitar. En 1961 sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos, la madre de todas las fosas, como algunos especialistas la llaman. “A mí no me cabía en la cabeza que, habiéndose llevado su cuerpo, violando sepulturas y profanando cadáveres, encima nosotros tengamos que pedir que nos reconozcan el derecho a exhumarles”, explica. “Nos han dado un reconocimiento con muchos condicionantes. Si se comprueba que [técnicamente] no se puede hacer, nosotros no vamos a pedir imposibles. Pero es lo que siempre le hemos dicho a la administración: ¡inténtenlo! Sabemos dónde está nuestro tío y sabemos que esas cajas en concreto están intactas… ¿y ahora nos dicen que el problema es que el Ayuntamiento de El Escorial tiene que dar permiso?”. Para él, el reconocimiento del derecho era “muy importante”. Con eso conseguido, piensa que se va “pasito a pasito logrando cosas”. Jaca, que se siente “poco optimista”, también piensa que el proceso “se está dilatando demasiado” y muchos desaparecen por el camino, como su propio hermano, que fue quien empezó a remover papeles en 2009 y que ha fallecido recientemente. “Las personas están desapareciendo y eso es algo absolutamente injusto”.

Emiliano Aurrekoetxea Nieva era nacionalista vaco, montañero y cristiano. Se alistó en el ejercito vasco con 20 años y le hicieron prisionero. Le obligaron a cavar túneles con dinamita en el asedio de Madrid. Uno de los explosivos acabó con él. Su sobrina Clara Lopez Aurrekoetxea, se enteró gracias a que en un rodaje de un programa de televisión en el que entrevistaban a su sobrino, el periodista Iñaki López, conoció a un historiador archivista que consiguió ubicar a Emilio en el Valle; ella pensaba que estaba en el cementerio de Villaviciosa de Odón, en Madrid. Desde que se enteró, no paró de darle vueltas: “yo me lo traería, me decía todo el rato”, recuerda Clara. Su hija llamó a Gogora y en diciembre de 2019 recibió la primera llamada del instituto para iniciar los trámites. Para ella, todo ha sido mucho má sencillo y rápido que para los que abrieron este camino.

Una cita en Madrid

La mayoría de los familiares quieren estar presentes cuando se abran las criptas y el secretario de Estado confirma que podrá ser así. Ahora mismo hay 62 casos sobre la mesa, hace un año eran 32; cuando estos trabajos comiencen, de manera inminente, es posible que otros muchos familiares se vean interpelados y cursen solicitudes la ver que las exhumaciones técnicamente viables se hacen realidad. La secretaría de Estado y Patrimonio Nacional seguirán admitiendo estas peticiones y dándoles respuesta. Pero más allá de estos casos, todos los restos de personas no solicitadas necesitan una solución, pues cada día que pasa el deterioro avanza. “Eso se va a acometer ahora. Una de las ideas al entrar a las criptas es darle dignidad al propio cementerio”, explica Fernando Martínez. “Lo que hemos visto con los estudios previos es que en unos columbarios hay deterioro, esos se reubicarán y se les dará la dignidad que les falta”.

Por otro lado, la salida de José Antonio Primo de Rivera sucederá en cuanto se apruebe la Ley de Memoria Democrática, ya que en ella se recoge que no puede haber ningún enterramiento en lugar preeminente y ese es el único que queda, bajo una losa en la nave central de la basílica.