El instituto que organizaba el máster de Cifuentes engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico
Quid pro quo. Solo la confluencia de intereses entre un organismo universitario de gestión opaca y el deseo de algunos por obtener ciertas titulaciones académicas explica que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, se matriculara en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. El centro donde obtuvo el título de máster que exhibe en su currículo. Un sistema de simbiosis en el que unos se llevaban un título universitario oficial con poco o nulo esfuerzo. Los otros, los responsables de este instituto universitario, lograban más ingresos que, indirectamente, acaba repercutiendo en su nómina.
La enorme autonomía de ese Instituto Universitario con CIF propio y cuentas opacas explica, en gran medida, cómo pudo ocurrir algo así dentro de una Universidad pública: la larga lista de ilegalidades e irregularidades que han aparecido en este curso, tras la investigación periodística de eldiario.es. La clave no está solo en la ausencia de controles; también en la forma en la que se financiaba este chiringuito académico dirigido por un catedrático con el máximo rango posible en la Universidad, seis sexenios de investigación: Enrique Álvarez Conde.
No es casual que Cristina Cifuentes recalase en este máster específico dentro de la URJC; en ningún otro lugar habría podido conseguir un título universitario equivalente con tan poco esfuerzo. Tampoco en otro lugar había tantos incentivos para saltarse las normas. Una serie de documentos, a los que ha tenido acceso eldiario.es, muestra cómo se organizaba internamente el flujo económico alrededor de los cursos de máster oficiales y los trámites de los responsables para engrosar la lista de alumnos.
eldiario.es ha accedido a nueva documentación que explica las cuentas económicas del máster en el que Cristina Cifuentes estuvo matriculada: ingresos, necesidad de aumentar el número de estudiantes, admisiones dilatadas en el tiempo… Todo superpuesto a un esquema de trato privilegiado para algunos estudiantes que recibieron aprobados exprés.
Este sistema de doble sentido producía convalidaciones con actas falsificadas, cambios de notas a posteriori y, al final del camino, fabricación de documentos oficiales en el máster de derecho autonómico que dirigió la profesora Cecilia Rosado y en el que participaban Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Todas, “discípulas” de Álvarez Conde –según sus propias palabras– cuyos nombres aparecieron en el acta falsificada del trabajo fin de máster de Cifuentes.
Los másteres que pasan por este instituto universitario acaban dejando un beneficio directo o indirecto en los bolsillos de algunos de sus responsables. Aunque las matrículas se gestionan desde los servicios de la Universidad, la fórmula general es que, a más alumnos, más dinero para repartir entre los docentes que daban las clases, los que dirigían trabajos de fin de máster y el director del curso.
De esta manera ocurría en el curso 2011-2012 en el que se matriculó la presidenta de Madrid. El antiguo rector de la URJC, Fernando Suárez (en ese momento aún vicerrector en el equipo de Pedro González Trevijano) informaba y firmaba los criterios para elaborar el presupuesto del curso. Mediante carta, Suárez indicaba en julio que el complemento de dirección era del 10% de los ingresos y el importe máximo por hora de clase 90 euros. La “cuantía máxima será de 200 euros por trabajo tutorizado”, según documentación de la universidad. Además, avisaba de que los importes se verían reducidos proporcionalmente en función de los ingresos reales. Existía pues un interés directo de los responsables de cada máster para engordar lo máximo posible el número de alumnos. No eran grandes cantidades, pero sí había una pequeña recompensa por hacer la vista gorda y saltarse los procedimientos más elementales.
60 euros la hora; 100 por el TFM
En julio de 2011 el máster tenía 22 preinscripciones. Con ese volumen, los ingresos debían rondar los 30.000 euros y los responsables entendían que había necesidad de más. Esa necesidad casa con que la directora del máster, Cecilia Rosado, admitiese en el curso, al menos, a cuatro alumnos cuando el primer trimestre del máster presencial estaba a punto de acabar.
Rosado firmó las cartas de admisión de algunos de los alumnos más conocidos el 22 de noviembre de 2011: Cristina Cifuentes y Dionisio Ramos. La de Inmaculada González de Molina tiene la misma fecha. La matrícula de Cifuentes llegaría un mes después, el 21 de de diciembre; con el primer trimestre vencido. Para entonces, varias de las asignaturas ya habían terminado.
A finales de enero de 2012, tras comprobar los ingresos y el número definitivo de matriculados, la Comisión de Estudios de Postgrado de la URJC especificaba a los responsables del máster de Cifuentes que la hora de clases en el máster de derecho autonómico se pagaría a 60 euros. La tutorización del TFM a 100 euros. La directora recibiría 2.600 euros, según informaba Fernando Suárez, que, además, era presidente de dicha comisión.
Autorizaciones como cheques en blanco
Esta dinámica hizo que la directora Rosado llegara a firmar como tutora de TFM autorizaciones de lectura de trabajos a alumnos que no habían cursado las asignaturas tras matricularse o cuya investigación, en realidad, había sido dirigida por otro catedrático (ajeno al grupo nuclear del IDP).
eldiario.es ha accedido a cuatro de estas autorizaciones totalmente rellenas excepto la casilla reservada para el título del TFM. Tres están firmadas por Rosado más una cuarta por otra de la implicadas en el acta falsa de Cifuentes: Clara Souto. En una de ellas, la alumna autorizada es Inmaculada González de Molina. La fecha del documento es diciembre de 2012 lo que choca con la respuesta de González de Molina: “Me apunté a un máster en la URJC pero no pude hacerlo, por lo tanto, no tengo ningún título de esa universidad”, ha dicho a este medio. Sin aprobados no puede haber TFM. El reglamento de la URJC obliga a que “para poder realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá que haber superado, el resto de asignaturas”.
Otro de estos certificados de diciembre de 2012 da permiso a José Ignacio Sanz Cerezuela. Pero el propio interesado explica a eldiario.es que presentó un TFM titulado Las televisiones públicas autonómicas: necesidad y problema tutorizada por Enrique San Miguel, un catedrático de la URJC externo al Instituto de Derecho Público, que también le dirigió la tesis doctoral. Además, Sanz Cerezuela asegura que ese defensa se hizo en octubre de 2012, dos meses antes de la fecha estampada por Rosado.
Fuentes universitarias confirman el nombre del trabajo y que el docente San Miguel no tenía constancia de que existía una retribución de 100 euros por tutorizar la investigación a un alumno del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico.
La Rey Juan Carlos ha contestado que debe ser el Instituto de Derecho Público el que aporte los datos sobre las cuestiones de gestión económica de los másteres que allí se organizaban. Las profesoras Rosado y Souto han sido consultadas sobre el asunto de estas autorizaciones sin obtener respuesta.
Salvar la beca
Otra muestra de cómo los responsables de este postgrado trataban de amarrar estudiantes, saltándose todos los protocolos legales, es el caso de un alumno que llegó becado, pero tuvo problemas burocráticos aquel 2011. El máster del Instituto de Derecho Público contaba con una vía para conseguir alumnos y el dinero que ellos suponen: el visto bueno y la financiación en forma de beca de la Comunidad de Madrid.
Tanto el Instituto Madrileño de Administración Pública (Imap) como la dirección general de Función Pública de la Comunidad de Madrid informaban de que el curso se hacía “en colaboración” con estos organismos. Y que la URJC reservaba plazas para el personal de la Comunidad de Madrid “con relación [laboral] de carácter permanente”. Los fijos, según las circulares informativas que publicaron. Los fondos públicos aportaban 1.500 de los “aproximadamente” 1.800 euros que calculaban que costaría el curso.
La lista de alumnos del curso 2011-2012 muestra al menos a siete estudiantes cuyos correos electrónicos de contacto tienen el dominio @madrid.org. El de la Comunidad de Madrid. Y los nombres son de trabajadores de la Administración en diferentes niveles, según ha corroborado eldiario.es. Eso sumaría unos 10.500 euros públicos destinados a esa edición del máster en forma de becas.
La cuestión es que un estudiante con estos datos y que se beneficiaba de la subvención pública, tuvo algún problema burocrático y la Oficina de Postgado le remitió un escrito para indicarle que debía abonar toda la matrícula. El asunto llega hasta la directora del máster, Cecilia Rosado. Ella se pone en contacto con administración y aclara las confusiones. Además, según ha podido confirmar eldiario.es, se ofreció para solucionar personalmente parte de la burocracia ella misma incluso en medio de las vacaciones navideñas de aquel año.
