El instituto que organizó el máster de Cifuentes y que dirige su tutor opera como empresa opaca con dinero público

El máster en el que se matriculó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no estaba organizado directamente por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), sino por una empresa satélite con autonomía de ingresos y gastos: el Instituto Universitario de Derecho Público (IDP). Este instituto lo dirige Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que es tutor del supuesto Trabajo de Fin de Máster. También es quien fue presentado como director del máster, aunque como publicó eldiario.es figuraba oficialmente como directora entonces Cecilia Rosado.

El Instituto se creó en 2001 y fue aprobado en 2005 por el gobierno de Esperanza Aguirre, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, requisito indispensable para ponerlo en marcha. Al frente, desde su creación, está Álvarez Conde, que además contó entre sus labores de gestión con un privilegio universitario poco usual en la universidad: tiene autonomía de gastos e ingresos sin tener que rendir demasiadas cuentas a la universidad.

Así lo constatan las memorias de actividad de 2006/2007 (página 104): en un consejo de gobierno de la URJC, siendo rector Pedro González Trevijano –hoy magistrado en en Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno– se acordó que el Instituto gestionara “directamente sus ingresos y gastos sin fiscalización previa. Trimestralmente se vienen presentando a la universidad la relación de la partida de ingresos, así como los gastos”. Además, en 2010, bajo el mandato de Trevijano, obtiene un CIF propio, algo absolutamente inusual en un instituto universitario.

Educación, competente en la vigilancia académica

El control académico corre a cuenta de la Consejería de Educación, que debe recibir informes anuales para hacer un seguimiento de la actividad investigadora que justifica que esto sea un instituto aparte de la Universidad Rey Juan Carlos en lugar de un departamento de la misma. El consejero de Educación actual, Rafael Van Grieken, es el responsable de ese control, además de profesor de esa misma universidad, donde también fue vicerrector de Investigación durante 10 años con González Trevijano, responsabilidad que ocupaba mientras Cristina Cifuentes obtuvo su máster.

Desde el inicio del IDP, Álvarez Conde está reclamando autonomía financiera. Por ejemplo, en 2002 pide a la universidad en su informe anual “la existencia de un CIF propio que permita ejecutar los ingresos y pagos correspondientes” y una “auténtica cuenta corriente de ingresos y gastos, que no haga necesaria la siempre lenta, engorrosa y burocrática generación de crédito”. Lo consigue en 2010, que es cuando se activa la empresa Instituto de Derecho Público, aún bajo el rectorado de Trevijano.

Los ingresos del IDP

El Instituto se dedica a organizar charlas, conferencias, seminarios o másteres, como el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico al que se apuntó, entre otros, Cristina Cifuentes. También títulos tan alejados del Derecho Público como Máster en Sexología o Máster en Terapia Sexual y de Pareja.

La matriculación y las gestiones van a cargo de la Universidad y su personal, pero es el centro que dirige Álvarez Conde el que organiza las asignaturas, la carga lectiva y es quien elige a los profesores sin tener que seguir ningún requisito específico.

Entre el consejo y los cargos del Instituto están las tres firmantes del acta del supuesto trabajo de Cifuentes (una de ellas, Alicia Pérez de los Mozos, es la secretaria del IDP), el propio Trevijano (aunque ya no está en la URJC), Rosario Tur (cercana colaboradora de Álvarez Conde y secretaria de la tesis de Francisco Camps), o el mismo Fernando Suárez (el conocido rector de los plagios). También estos mismo nombres se repiten en numerosas ocasiones en los grupos de investigación que ha formado el Instituto (foto abajo), y en charlas, seminarios o publicaciones que se llevan a cabo.

Habitualmente los máster los organizan las universidades y forman parte del Plan de Ordenación Docente, es decir, se reparten las clases entre los profesores de la propia universidad. En este caso, el Instituto es el que organiza y el que llama a los profesores que quiere, a dedo, sin poner requisitos públicos, un sistema que, aunque es legal, favorece la parcialidad y la arbitrariedad y otorga un mayor poder al director, Álvarez Conde. Cada docente llamado para dar clase puede cobrar entre 60 y 90 euros por hora en un posgrado como el de Cifuentes. Preguntado por este sistema de elección, Álvarez Conde asegura a eldiario.es que “los profesores se nombran con arreglo al principio de mérito y capacidad”, sin embargo, no consta que haya mediado ni convocatoria ni concurso público de méritos ni tribunal para la valoración objetiva de esas capacidades.

Cobra por organizar máster

Además, Álvarez Conde no organiza estos cursos solo por amor al arte, sino que estos institutos universitarios, cuando organizan títulos o máster, “percibirán, en su caso, la parte que les corresponda por la gestión”, según los estatutos de la URJC (capítulo III), es decir, que el IDP factura a la universidad por organizar posgrados como el de Cifuentes. El director, sin embargo, ha contradicho los estatutos y asegura que su instituto “no puede hacer enseñanzas regladas: ni máster ni grados, solo puede hacer cursos no reglados”. Algo absolutamente falso como se puede leer en la normativa de la URJC. Precisamente nacen para favorecer la investigación y la organización de títulos de posgrado y especialización.

Su fuente de financiación, además de la propia Universidad Rey Juan Carlos, son subvenciones públicas, privadas o cualquier ingreso por organización de seminarios, cursos o conferencias o matrículas de alumnos. Cuánto ha recibido y gastado cada año el Instituto es un misterio, al menos para el ciudadano. Las memorias de actividades que van de 2007 a 2012 ya no se pueden consultar en su web. Las que no dan error, hacen un somero repaso de algunas subvenciones para cursos pero nada parecido a un balance de gastos e ingresos serio.

Álvarez Conde asegura, sin embargo, que opera con “transparencia absoluta”. Preguntado por dónde están las cuentas, responde que están en papel y que las ha entregado a la Comunidad de Madrid y la URJC, los organismos fiscalizadores. Sin embargo, la Ley de transparencia obliga a que estén publicadas. Tal y como reza el punto 3 del preámbulo de esta norma, quedan sujetas a la transparencia “las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas”.

La universidad no tiene colgadas las cuentas en su portal de transparencia y no ha contestado a la pregunta de eldiario.es de dónde encontrarlas o por qué el IDP va por libre, como tampoco ha respondido la Consejería de Educación de Madrid, competente en la fiscalización académica y receptor de las memorias anuales, según el acuerdo de creación del Instituto.

Sí recibe subvenciones

También asegura Álvarez Conde que no recibe dinero público hace 4 años para justificar la falta de rendición de cuentas. Preguntado por uno de muchos ejemplos, los 15.730 euros que recibió del Ministerio de Industria para gastar entre 2014 y 2017, responde: “Ah, ese es un proyecto de investigación. Lo dirigía yo, como Enrique Álvarez Conde, no como Instituto”. El documento de ayudas públicas dice que se dio el dinero público al Instituto.

Entre la escasa información aportada en las memorias se puede saber, por ejemplo, que en 2006 la URJC invirtió 44.000 euros y la Comunidad de Madrid más de 100.000. De ellos, 92.000 euros de dinero público fueron destinados a la “Impartición del III Curso de Arbitraje”, que consistía simplemente en 18 charlas entre enero y mayo. También en esas memorias se pueden ver los numerosos convenios firmados. Por ejemplo, en 2007, uno con la Federación de Fútbol o con FAES, entonces think tank del PP y presidido por José María Aznar.

Casualmente, este miércoles se vota a Enrique Álvarez Conde como único candidato a dirigir este Instituto, el mismo día que declara ante la comisión de investigación que ha abierto la universidad por el caso Cifuentes. Si sale elegido con los suficientes votos, tendrá que ser refrendado por el rector, Javier Ramos.