La riada de lava del volcán de La Palma continúa su lento e implacable avance. Por el camino, la lava se extiende ya por más de 166 hectáreas y ha engullido 350 inmuebles, infraestructuras y cultivos. Mientras, vecinos, autoridades, bomberos y asociaciones tratan de poner a salvo sus pertenencias y animales. Unas 6.000 personas permanecen desalojadas, y cientos de familias han perdido para siempre sus hogares. La pregunta es inevitable: Y ahora, ¿qué?
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que declarará “zona catastrófica” La Palma y también una serie de acciones inmediatas, como ayudas para facilitar viviendas o adquirir enseres y objetos necesarios a las personas afectadas por el volcán, y otras más a largo plazo “de reconstrucción”, con un decreto ley con medidas y dotación de recursos para entornos urbanos destruidos por las coladas de lava.
Por su parte, el Gobierno canario ya ha anunciado la compra inminente de 73 viviendas para los afectados por la catástrofe, y a principios de semana el presidente del Gobierno de Canarias explicó que está preparando “un borrador de decreto ley por el que nos permita recalificar los terrenos y volver a construir las viviendas”. Más allá de que esto sea o no factible o de las reubicaciones de la población desalojada, los afectados disponen de otro elemento específico para este tipo de situaciones: el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
Esta entidad pública fue creada en 1941 como apoyo a las aseguradoras tras la Guerra Civil, y actualmente depende del Ministerio de Asuntos Económicos. En sus 80 años de vida, el CCS ha dado cobertura económica tras aquellos eventos que las aseguradoras privadas no cubren. Por ejemplo, catástrofes naturales como inundaciones, temporales, terremotos y hasta caída de aerolitos, y también otros de tipo humano, como las pérdidas causadas por el terrorismo o por las actuaciones policiales en tiempos de paz.
En los últimos 50 años, el Consorcio ha atendido cerca de 1,7 millones de expedientes por distintas causas, por un valor total superior a los 11.000 millones de euros. Como se muestra en la tabla anterior, los eventos que mayores importes han supuesto no son necesariamente los que mayor número de reclamaciones han conllevado, y viceversa. Por ejemplo, en 1982 se registraron 46 expedientes a causa del terrorismo, sin embargo, cada uno de ellos tuvo un valor medio de 1,2 millones de euros.
Primera vez que se indemnizará por erupción volcánica
La última erupción volcánica terrestre —la de El Hierro de 2011 fue submarina— tuvo lugar en 1971. Fue el volcán de Teneguía, también en la isla de La Palma, pero, a diferencia de la actual, “aquella erupción no causó daños materiales sobre bienes asegurados”, comentan a elDiario.es fuentes del Consorcio de Compensación de Seguros. “El Consorcio sólo indemniza los daños cuando estos afectan a un bien (vivienda, comercio, industria, vehículo, infraestructuras...), y en el caso del Teneguía no afectó a ninguno (asegurado o no, era una zona despoblada)”.
“Dado que en el caso de 1971 no hubo afección a bienes, el Consorcio no intervino. En realidad, esta será la primera vez que paguemos daños por erupción volcánica, que es uno de los riesgos contemplados en el Seguro de Riesgos Extraordinarios y que, por tanto, cuentan con la cobertura automática del Consorcio”, explican estas mismas fuentes. El organismo ya ha recibido las primeras 40 solicitudes de indemnización como consecuencia de los daños por erupción volcánica del volcán de La Palma.
De todos los “eventos extraordinarios” que contempla el Consorcio, las inundaciones y las tempestades ciclónicas atípicas (TCA) son los principales fenómenos por los que han abierto expedientes y por los que han indemnizado desde los años 70. Según los datos de la entidad, las inundaciones han supuesto el 46% de los expedientes y el 65% del total de todo el dinero de las indemnizaciones del último medio siglo. Los temporales extremos representan el 48% de los expedientes y el 19% de las compensaciones.
En 2009, el ciclón Klaus sacudió el norte de España. Galicia y Catalunya fueron las regiones más afectadas, y 14 personas murieron como consecuencia de la ciclogénesis explosiva. Los datos históricos del Consorcio sitúan aquel temporal como el segundo mayor evento en cuanto a importe total de las indemnizaciones, desde 1977. En concreto, el CSS recibió más de 265.000 reclamaciones, con un importe medio de algo más de 2.100 euros por reclamación, un montante final que superó los 564 millones de euros.
En el caso de los terremotos, estos apenas suponen el 3% de los 1.676.000 expedientes gestionados por el Consorcio, pero la cuantía de sus indemnizaciones representan el 5% del total. En el seísmo de Lorca (Murcia) en 2011, de 5,1 grados de magnitud, perdieron la vida nueve personas y ocasionó daños materiales por valor de 1.200 millones de euros. Según los datos del CCS, se presentaron 28.000 reclamaciones y el importe total de las indemnizaciones ascendió a más de 518 millones de euros. El importe medio por reclamación fue de 18.500 euros.
El terremoto de Lorca ocupa el tercer lugar en el ranking de desastres que mayores compensaciones económicas han generado. Sólo lo superan el ya mencionado ciclón Klaus, y las inundaciones de Euskadi de 1983, en primer lugar. En aquella ocasión, tras una semana de intensas y continuas precipitaciones, una gota fría arrojó 503 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas seguidas.
Además de las catástrofes naturales, el CSS también contempla la cobertura de pérdidas ocasionadas por el terrorismo. Los atentados del 11M en los trenes de Cercanías de Madrid, que acabaron con la vida de 193 personas y más de 2.000 heridos, o el atentado de ETA en la T4 de Barajas en 2006, fueron también compensados por la entidad pública. En total, los expedientes gestionados por causa del terrorismo representan menos del 2% (30.169) del total, y el 5% (538,1 millones de euros) de las indemnizaciones totales otorgadas a las víctimas y afectados.
El resto de causas son residuales. Por ejemplo, desde 1971 el Consorcio ha tenido que gestionar 3 expedientes por caída de cuerpos siderales y aerolitos, por valor de algo de 100.000 euros. Por su parte, las 2.196 reclamaciones efectuadas por los hechos y actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempos de paz ascienden a 4,3 millones de euros en los últimos 50 años.
La costa mediterránea, la más golpeada
Al desgranar los datos del Consorcio por provincias, las diferencias entre territorios son notables. Murcia, Barcelona, Valencia y Alicante son, de lejos, las provincias que más indemnizaciones han recibido desde 1994. La cifra en todas ellas superan los 500 millones de euros, siendo Murcia la gran damnificada: 910 millones de euros.
Otra veintena de provincias se encuentran en el rango de los 100 millones a los 365 millones. Málaga, Gipuzkoa, Bizkaia o Tarragona son algunas de las provincias costeras que lideran esta franja. En el extremo opuesto se encuentran Cuenca, Zamora, Soria y Teruel, las únicas provincias en las que las compensaciones económicas por todas las causas están por debajo de los 10 millones de euros.