Entre los ayuntamientos españoles que menos invierten en asuntos sociales hay tantos del PP como del PSOE. Hay 23 consistorios de más de 20.000 habitantes cuyos gobiernos pertenecen a los socialistas, y otros 23 a los populares, que gastan menos de 50 euros por habitante en esta partida. Estos datos se extraen de la información que hizo pública este jueves la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, referida a los municipios de ese tamaño que habían presentado correctamente sus datos de liquidación de 2018 (correspondientes a la anterior legislatura) a Hacienda.
El peor del país es Ciempozuelos –gestionado de 2015 a 2019 por la agrupación Ahora Ciempozuelos–, que solo invierte 20,18 euros per cápita. Le sigue Galapagar, del PP, con 20,56 euros, y Torrevieja, en Alicante, que gobernaba un pentapartito liderado por Los Verdes y solo aportaban 20,73 euros. El paquete de ‘servicios sociales’ varía en cada consistorio, pero incluye las ayudas a las personas con discapacidad, a centros de mayores, a la inmigración, a víctimas de violencia de género, programas de protección a familias y menores o comedores.
El ránking lo elabora la Asociación analizando las cuentas de los 421 ayuntamientos que hay en España con más de 20.000 habitantes. Se basan en cuatro criterios: la cantidad de la inversión, el incremento interanual, el porcentaje relativo dentro de todo su presupuesto y la transparencia de sus cifras. A partir de ellos los califican en tres categorías. Los mejores, por encima de los 100 euros per cápita, son los 'excelentes', 28 municipios en total. Los 'precarios', los que gastan entre 42,70 euros y 50 euros, son 34: 11 del PP y 8 del PSOE. Los 'pobres', los que no alcanzan los 42,70 euros, son 38, 15 del PSOE y 12 del PP.
Hay 203 ayuntamientos que se quedan a mitad de tabla: derivaron entre 50 y 100 euros por habitante en 2018 a asuntos sociales. El resto son 118 ayuntamientos que se quedan fuera por motivos de transparencia: o no tienen presentados sus datos en orden a fecha de octubre de 2019, o éstos están agrandados. Por ejemplo, hay algunas ciudades que superan los 100 euros per cápita, pero porque incluyen entre sus gastos en servicios sociales la seguridad social de todos los trabajadores de la partida, algo que no está dirigido al ciudadano.
Un problema en Madrid y en Extremadura
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, explica que el reto para su próximo informe es aplicar un baremo en el que “no solo se vean los temas económicos, sino cómo desarrollan las políticas. Aunque sea importante, entre los excelentes no podemos afirmar que estén los que mejor lo hacen, sino simplemente los que más invierten”. Utilizarán un índice DEC (siglas de Derechos, Economía y Cobertura) para medirlo cualitativamente. Pero lo que sí señalan ya claramente es a los que son pobres o precarios: “Si inviertes menos de 50 euros por persona en servicios sociales de tu población, estos no van a ser dignos ni eficientes”.
Desde la Asociación no solo apuntan a los ejecutivos locales, sino también a los gobiernos autonómicos tanto por las deficiencias como por los éxitos. “En el esfuerzo inversor de los Ayuntamientos también contempla las transferencias que reciben de las Comunidad Autónomas, por lo que, en buena medida, éstas también han de sentirse responsables de los resultados obtenidos por los Ayuntamientos de su territorio”, decían en una nota.
Ramírez menciona a dos regiones con un problema evidente. Son Madrid (con 13 ciudades entre las más pobres en servicios sociales, la que más) y Extremadura (con 4, y ninguna excelente). Aclara que, aunque hablamos de políticas locales, las comunidades “tienen que reforzar los servicios sociales. Los ayuntamientos tienen sus presupuestos, pero también las comunidades financian algunas competencias delegadas. Si no hay capacidad de maniobra o no reciben apoyo de la administración autonómica, se produce déficit presupuestario”.
Algunos ayuntamientos de entre los pobres o precarios tienen también un nivel alto de renta, pero Ramírez resta importancia a esa variable porque, como comenta, “los servicios sociales están normalizados para todo el mundo, son para toda la población. Dudar de ello sería como decir que en un pueblo con población joven hay que invertir menos en sanidad. Para la dependencia o la renta mínima de inserción sí miramos el porcentaje de personas potencialmente dependientes, o bajo el umbral de la pobreza. Pero los servicios sociales son para todos en algún momento”.