Se investiga si hubo racismo sanitario en el trato a una inmigrante que murió tras ir cinco veces a urgencias

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación para determinar si hubo falta de atención médica en la muerte de una mujer inmigrante, que falleció el 20 de febrero de 2013, después de acudir cinco veces al servicio de urgencias de centros de salud y de un hospital.

El ministerio público ha admitido la denuncia por posible negligencia médica y para exigir el esclarecimiento del fallecimiento de Soledad, “con posibles indicios racistas”. La apertura de la investigación tras la denuncia interpuesta el pasado 4 de abril por la Asociación Civil Jarit, Movimiento contra la Intolerancia, la entidad Sariri, y la Associació Valenciana d'Usuaris de la Sanitat ha sido calificada como “importante” por el fiscal.

Las asociaciones denunciaron que Soledad falleció tras haber sufrido una “negligente asistencia sanitaria” y “sin que recibiera la oportuna asistencia por los servicios de urgencia y SAMU”, debido a lo que tardaron en actuar -unas “dos horas” aproximadamente- tras los “numerosos” requerimientos por parte del marido de la víctima y de otra persona.

La mujer residía junto a su marido y a su hija en la calle Fuente San Luis de Valencia. Una semana antes del fallecimiento, presentó un cuadro de tos, motivo por el que acudió por primera vez, el día 15 de febrero, al centro de salud del barrio de Ruzafa, donde, según denunciaron las entidades, no quisieron atenderla porque le manifestaron que su tarjeta sanitaria “no tenía validez”. Esto es “incierto”, según indican los denunciantes.

Dos días más tarde, la mujer comenzó a tener dificultad para tragarse los alimentos, por lo que acudió a los servicios de urgencias del Hospital Clínico de Valencia, y tras una “oportuna” exploración física y al descartarse patología urgente aguda, se le dio el alta para su control por el médico de cabecera.

Al día siguiente, la mujer volvió a este hospital porque no mejoraba, y “sin recibir ningún tipo de reconocimiento”, “tan solo se le indicó el mantenimiento del tratamiento pautado el día anterior”. También se le señaló que su hospital de referencia era el Hospital Doctor Peset, y se le dijo que “si volvía otra vez a los servicios de Urgencias, le cobrarían”, tal y como recoge el escrito.

Ese mismo día, como no mejoraba, volvió al centro de salud de la Fuente de San Luis, donde le comentaron que el Hospital Clínico no era su hospital de referencia, y se le administró una inyección para las náuseas. Seguidamente, en la madrugada del día 19, la mujer comenzó a toser sangre, por lo que su esposo intentó recibir asistencia domiciliaria que “le fue denegada” tras indicarle que este servicio “no se efectuaba por un simple resfriado”. Ya por la mañana, volvieron a su médico de cabecera, quien le mantuvo el mismo tratamiento oral anteriormente pautado.

Al día siguiente, también de madrugada, el marido de la mujer, tras comprobar que el estado de salud de ésta había empeorado, llamó a los servicios de urgencia, y desde allí le indicaron que “no acudirían a su domicilio por un simple constipado”, según se expone en la denuncia.

Al ver que sus llamadas de socorro eran “obviadas”, el hombre se puso en contacto con su empleado y le pidió que acudiera a su vivienda con su vehículo para poder llevarla al hospital. Una vez allí, éste también intentó llamar a Urgencias, e igualmente se les “denegó” esta posibilidad.

Por este motivo, el empleado se puso en contacto con la Policía Local de Valencia, y los agentes se trasladaron hasta el lugar indicado. Una vez allí requirieron la “inmediata” presencia de los servicios de Urgencias, quienes acudieron a la vivienda tras “dos horas” aproximadamente desde que se produjo la primera llamada de socorro. Comprobaron que la mujer ya había fallecido.

Movimiento contra la Intolerancia ha aprovechado la admisión de esta denuncia para pedir que este caso “no quede en el olvido” y para que la Conselleria de Sanitat “dé la información necesaria para el esclarecimiento de las actuaciones en los hospitales, centros de salud, y SAMU entre el 15 y 20 febrero”, días en que la mujer solicitó asistencia médica.

Asimismo, ha reclamado que se “aclare” la autopsia realizada a la mujer, de nacionalidad boliviana, “y con ello no dejar impune los errores y actuaciones realizadas”. “No puede ser real en este país que haya un peregrinaje por centros sanitarios durante cinco días y al final Soledad muera en la puerta de la calle de su casa”, ha agregado.