Investigaciones españolas con financiación europea acaban en empresas de armamento israelíes

A juzgar por el aumento de la financiación de la investigación con fines bélicos, así como por las declaraciones militaristas realizadas por ciertos/as representantes políticos/as de la Unión Europea, el rearme y, con él, la posibilidad de la guerra son objetivos que van adquiriendo cada vez más fuerza. El discurso belicista justifica inversiones millonarias en proyectos con fines armamentistas que llevan años gestionándose a través de los diferentes programas de investigación impulsados por la UE. Por si no fuera suficiente, por primera vez en su historia, la Unión Europea ha decidido poner en marcha una partida para financiar investigación estrictamente militar, a través del Fondo Europeo de Defensa. Para el periodo 2021-2027, se han asignado 8.000 millones de euros específicamente a este tipo de investigación. Si es que producir conocimiento con el objetivo de matar seres humanos y destruir la naturaleza puede recibir dicho nombre. Esta cuantía desorbitada estimula la implicación de nuestras universidades en proyectos bélicos, impulsa la militarización de Europa y obstaculiza las salidas políticas negociadas ante los conflictos presentes y futuros, al tiempo que alimenta la megalómana industria armamentística.

En 2023, el 2,3% del PIB del conjunto del planeta se dedicó al negocio de la guerra, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Con estas facilidades, diez Universidades españolas han optado por participar en proyectos del Fondo Europeo de Defensa. Dos de ellas colaboran directamente con el Estado ocupante de Israel: la Universidad de Alcalá, a través del proyecto CASSATA y la Universidad de Oviedo, a través de TICHE. Ambos proyectos se llevan a cabo mediante sendos consorcios de los que forma parte la empresa griega fabricante de armas Intracom Defense AE. En mayo de 2023, esta corporación fue adquirida por Israel Aerospace Industries (IAI), una compañía pública de armamento israelí, fundada en 1953 (Fortuny & Bohigas, 2023). Con la compra de Intracom Defense AE, Israel se beneficiará de más de un millón de euros para investigar y desarrollar tecnología con fines bélicos, de forma fraudulenta, saltándose la normativa del Reglamento del Fondo Europeo de Defensa, que exige que sólo puedan optar a financiación las entidades establecidas en la UE o en países asociados y no controladas por terceros países, o por entidades jurídicas de terceros países (Reglamento 2021/697). En virtud del artículo 5 de dicho Reglamento, se considera países asociados únicamente a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en tanto que integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Más allá de los proyectos de contenido estrictamente militar, la principal fuente de financiación de la investigación en la Unión Europea es el programa Horizonte Europa (2021-2027).

Israel, que ya se beneficiaba de anteriores programas de investigación, gracias a sus acuerdos de asociación, desde 2021 lo hace en igualdad de condiciones con los estados miembros. Por ahora, este país forma parte del consorcio de 193 proyectos en los que participan universidades, empresas e instituciones públicas españolas. Más alarmante, si cabe, es la colaboración con las entidades militares israelíes, como sucede en el caso de ocho proyectos del citado programa, en los que el consorcio está formado por diversas entidades españolas junto con el Ministerio Defensa israelí y dos empresas de armamento de dicho país, la ya mencionada Israel Aerospace Industries y Rafael Advanced Defense Systems. Entre las citadas investigaciones destacan dos en las que participa la Universidad de Burgos FreeMe y Safari y otra, HERA, en la que interviene la Universidad Politécnica de Madrid. En total, en la actualidad se están desarrollando en nuestro país diez proyectos con empresas de producción de armamento israelíes y/o directamente con su Ministerio de Defensa (ocho de ellas dentro del programa Horizonte Europa y dos del Fondo Europeo de Defensa), por un montante total de 119 millones de euros, de los cuales Israel obtiene de la UE casi 4 millones y medio de euros (Comisión Europea 2023). Pero no es el beneficio económico lo más llamativo, sino que el conocimiento y la tecnología desarrollados estarán en manos de un Estado ocupante, sobre el que pesa una acusación de genocidio. Y se acaban de dictar solicitudes de detención para su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta participación en la producción de conocimiento y tecnología con fines bélicos legitima la política de ocupación, apartheid y exterminio de la población palestina, afianzando la capacidad opresora de Israel. El caso de la empresa Israel Aerospace Industries sobresale, tanto por su condición de empresa pública, dependiente de dicho Estado, como por ser uno de los principales fabricantes de armas y el mayor exportador en este sector, en un país que a su vez es el décimo mayor exportador de armas del mundo. Asimismo, ocupa el puesto 35 en la lista Top 100 del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, que clasifica a las mayores empresas del mundo productoras de armas y servicios militares, con unos ingresos que ascendieron en 2023 a 5.327 millones de dólares (Israel Aerospace Industries, 2024; Liang et al., 2023). Recordemos que esta empresa está detrás de los cinco proyectos que actualmente se están llevando a cabo en cuatro de nuestras universidades públicas ( FreeMe, Safari, HERA , CASSATA y TICHE), en los dos últimos, financiados por el Fondo Europeo de Defensa, participa de modo fraudulento, como ya explicamos. Todo ello apunta a una estrategia deliberada para aprovecharse tanto del dinero de los fondos europeos, como del saber y los vínculos con nuestras universidades.

Estamos ante un caso de necro-investigación, en el que los resultados y la tecnología desarrollada se ensayan en escenarios reales. No resulta complicado, trágicamente, imaginar dónde se prueban los prototipos: la Palestina ocupada y ahora, en tiempo real, la masacrada y asediada Franja de Gaza. No menos alarmante es el hecho de que con nuestro dinero se investiguen temas supuestamente civiles, como la retirada de minas antipersona, la protección de fronteras, el control de los desastres o el reconocimiento facial y la vigilancia marítima, entre otros, que sirven también a propósitos bélicos. El doble uso de las investigaciones no afecta únicamente a los proyectos en los que participan instituciones militares, sino a buena parte de las investigaciones que se desarrollan en nuestras universidades. Esta cuestión es especialmente problemática cuando dicho conocimiento termina en manos de un Estado reiteradamente acusado de violar los derechos humanos del pueblo palestino, así como las resoluciones de Naciones Unidas, y denunciado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (Naciones Unidas 1948; Corte Internacional de Justicia 2024). Resulta inadmisible que las universidades españolas decidan asociarse con Israel y más aún con sus entidades militares, traicionando uno de los objetivos centrales de las instituciones de educación superior: investigar y defender la paz y los derechos humanos.

En algunos casos, como el de la Universidad de Oviedo, esta participación contraviene sus propios Estatutos, que señalan claramente que dicha institución no financiará ni participará en líneas de investigación relacionadas con fines bélicos. El estímulo a este tipo de investigación y las alianzas entre universidades europeas e israelíes, desgraciadamente, no son factores nuevos y el genocidio en Gaza es la trágica evidencia de la efectividad de estas perversas alianzas. Investigar con el Estado de Israel no puede seguir siendo incentivado por la Unión Europea, porque afecta al prestigio y a la reputación de nuestras universidades, en tanto que garantes de los derechos humanos y la paz. Desde la Red Universitaria por Palestina y ante el clamor de las y los estudiantes desde sus acampadas, aquí y a lo largo y ancho del planeta, entendemos que es urgente romper las relaciones institucionales con Israel y con todas aquellas corporaciones que forman parte del conglomerado político, económico, ideológico, cultural y militar que ejecuta y legitima la ocupación y la limpieza étnica en Palestina. El reciente comunicado de la Conferencia de Rectores/as de las Universidades Españolas, consecuencia, sin duda, de la movilización en nuestros campus, eleva su nivel de compromiso, pero ante la situación descrita es preciso que se concrete de inmediato en medidas efectivas, entre otras, en la ruptura de los proyectos en los que participa Israel, empezando por los señalados en este artículo. No queremos una universidad que sea cómplice del genocidio en Gaza. No queremos una universidad que contribuya y se aproveche económicamente de la escalada belicista. Los derechos humanos no están en venta. Como académicas y académicos hacemos un llamamiento al boicot y a la no colaboración con Estados genocidas: ¡No a las investigaciones con fines bélicos! ¡No en nuestras universidades!