Unas 200 investigadoras e investigadores se han concentrado este sábado frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para pedir una mejor regulación de su cotización cuando trabajaban como becarios. El anuncio del pasado 30 de abril de la ministra Elma Saiz celebraba el nuevo convenio especial que permite cotizar retroactivamente hasta cinco años de prácticas o becas previo pago de 290 euros por cada mes que se quiera computar para la pensión. Las asociaciones de personas investigadoras han bajado el entusiasmo de la titular de Seguridad Social: “Lo han hecho mal”.
“El ministerio ha captado que tiene que modificarla [la orden]. Las becas de investigación necesitan una solución más específica que la propuesta actual porque no son como otras prácticas”, explica Antonio Martínez Ruiz, investigador del ámbito sanitario y portavoz de una de las asociaciones en negociación con el Ministerio, la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH).
La cotización de las becas de investigación es un problema que lleva arrastrando desde hace tiempo la comunidad científica. En 2011 se resolvió en parte: una nueva ley obligaba a que las becas de investigación pasaran a considerarse contratos de trabajo a todos sus efectos (con cotización, pero también derecho a paro o asistencia sanitaria). Sin embargo, quienes trabajaron con becas antes de esa fecha no tenían forma de rellenar sus 'años perdidos' para con la Seguridad Social. Ahora, su fecha de jubilación se acerca, por lo que las reivindicaciones de los últimos años se han centrado en conseguir la cotización retroactiva de esas becas.
La actuación del Ministerio de Seguridad Social para paliar el problema, no obstante, no ha satisfecho a las asociaciones, que denuncian “falta de escucha” previa a la publicación de la orden. La situación ha mejorado tras varias reuniones. El objetivo de la concentración de este sábado es precisamente la modificación de la orden ministerial: eliminar la limitación de cinco años para el tiempo sin cotizar que se pueda recuperar, considerar la base de cotización del momento trabajado y no la de 2024, y que solo se pague la parte de los tributos que corresponde a la persona trabajadora —la norma actual recoge que también se debe pagar la parte de la empresa—. “A quién le toca pagar, y a precio de oro, ¿a quien trabajó sin derechos sociales?”, explota Martínez Ruiz, que ahora trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Princesa de Madrid
Y remata: “Queremos pagar, pero la cuota de trabajador y la de entonces”. Y aunque explica que no se les ha ofrecido fecha para una próxima reunión, confía en que puedan avanzar las negociaciones.
Ante estas demandas, fuentes de la Seguridad Social aclaran que “todavía hay margen para tocar el escrito”, aunque descartan una cotización a coste cero. La ministra Elma Saiz ha recordado que la medida “nace del diálogo social” y apunta que la orden señala que la base mínima de cotización tiene un coeficiente reductor del 23% y las cantidades que se abonen, hasta un total de 17.400 euros para quien recupere los cinco años, son deducibles en el IRPF.
Más allá de la Seguridad Social, el movimiento de antiguos becarios está manteniendo contactos con los grupos parlamentarios para conseguir una ley que complemente a la norma de rango ministerial porque “es muy difícil que la solución sea completa solo con la orden”, explica Martínez Ruiz. Una eventual proposición de ley debería conseguir eliminar definitivamente el tope de cinco años para la recuperación del tiempo sin cotizar y que el tiempo trabajado se reconozca a todos los efectos laborales, como la antigüedad. Además, debería incluir a quienes ya se jubilaron, declara el portavoz de la ANIH. Tras comunicarse con varios grupos parlamentarios, Martínez Ruiz se muestra esperanzado de conseguir sus reclamaciones: “Es un tema transversal, no de un partido u otro”.
“Ni jubilación ni pensión”
Entre los carteles que se alzan frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dos destacan por las historias que cuentan. Son las pancartas de Nieves Sánchez Quintana y Rosa Ana Pérez Martín, de 62 y 61 años y afectadas, como cuentan en los carteles que sujetan, porque no pudieron cotizar en su momento las becas de investigación.
“¿Cree que con las negociaciones se llegará a un acuerdo y podrá jubilarse?” Sánchez Quintana ríe, curada de espanto: “Ni jubilación ni pensión”. Estuvo 18 años encadenando becas en instituciones públicas, y según sus cuentas tendría que abonar más de 60.000 euros a la Seguridad Social en las condiciones actuales para rellenar ese agujero en su cotización. “La solución es que nos perdonen el dinero porque no nos dejaron cotizar”, opina, y añade que, durante sus años becada, tuvo que pagarse médicos porque no tenía derecho a asistencia sanitaria y no obtuvo prestación alguna cuando no podía trabajar por estar embarazada.
Pérez Martín, por su parte, tiene más rabia acumulada: “13 años con becas y no podré jubilarme con pensión completa”, reza el cartel que sujeta. Tuvo su primer contrato casi con 40 años, cuenta. Hasta entonces, no tenía derecho a baja por maternidad, y, si se le acababa la beca y no encadenaba con otra, “me iba a mi casa sin derecho a paro o ayudas”. Para la investigadora del INIA-CSIC, ahora existe la oportunidad de cambiar el rumbo: “Nunca se nos ha valorado”.