Inés María Antón Gutiérrez es investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) y trabaja en biología celular desde hace 34 años. Su currículum es brillante: pasó becada por la Universidad de Harvard e hizo su tesis en el laboratorio de Luis Enjuanes, uno de los virólogos más reconocidos en España. Sin embargo, solo tiene 22 años cotizados. Durante un tiempo tuvo que vivir como becaria a pesar de trabajar como doctoranda. “No teníamos derecho ni a paro ni a sanidad. Tengo compañeras que tuvieron sus hijos gracias a la Seguridad Social de sus padres”, cuenta. Esos años de logros científicos y precariedad laboral la dejaron cada vez más cerca de la edad de la jubilación y cada vez más lejos de conseguirla, una situación que el Gobierno había prometido arreglar. Y lo ha hecho, aunque no de la forma en la que Inés y muchos investigadores esperaban. Un nuevo convenio les permite cotizar por aquel periodo que había quedado en el limbo, pero de su bolsillo y a precios de 2024.
“Yo no voy a alcanzar nunca la pensión máxima aunque haya trabajado 40 años”, lamenta Inés, que considera tanto el problema de partida como la solución “una injusticia”. “En su momento nadie nos dio la opción de cotizar o no hacerlo”, esgrime.
Y lo atribuye a que durante años ha pesado sobre la ciencia el mandato de investigar de manera precaria por “vocación”. “Es una vocación”, indica, “pero no deja de ser un trabajo en el que invertimos diez y doce horas diarias”. El nuevo convenio habría sido “una gran oportunidad de arreglar” esa situación, pero siente que les han “ignorado”, lo que contribuye a la sensación de que “la ciencia no se valora”.
Como Inés, investigadores e investigadoras se han visto obligados a encadenar becas para poder realizar su trabajo. Pero, después de décadas de carrera, muchos de ellos comprueban que no tienen suficientes años cotizados para jubilarse, a pesar de haber ejercido a tiempo completo y en puestos cualificados. La orden que acaba de publicar el Ministerio de Seguridad Social les permitiría recuperar hasta cinco de esos años no reconocidos, pero pagando 290 euros por cada mes que quieran convalidar. En total, más de 17.000 euros para que cuente ese tiempo como trabajado. Por eso el virulento rechazo a esta propuesta: “Yo cobraba 66.000 pesetas en 1986; lo que nos piden ahora es casi el total sin haber tenido ni derecho a paro”, replica un investigador.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra Elma Saiz al anunciar el nuevo convenio el pasado 30 de abril. Desde entonces, cientos de mensajes en redes sociales se agolpan bajo hashtags como #YoInvestiguéSinCotizar o #TimoConvenioSS. También la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID) o la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), entre otras, se han mostrado críticas.
Víctor de Lorenzo es profesor de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) y desde 1981 a 1988 encadenó algunas de las mejores becas nacionales e internacionales. “Yo creo que no todas las cotizaciones las debe pagar al 100% el Estado, pero lo que me parece un abuso y lo que levanta a la comunidad en armas es que, a los precios de hoy, se pretenda reclamar unas cotizaciones que, cuando se trabajaron, fue con unos ingresos mucho menores”.
La presidenta de Cosce, Perla Wahnón, resume las principales críticas que hacen desde el sector al texto: en primer lugar, la base de cotización mínima utilizada es la del 2024, “independientemente de la fecha en la que se disfrutaron las becas” y a pesar de que esa misma base en años anteriores fue menor. Para que puedan computarse, las prácticas no remuneradas se deberán haber producido antes del 1 de enero de 2024, y en el caso de las remuneradas, antes del 1 de noviembre de 2011.
Además, destaca Wahnón, “se obliga a pagar la cuota completa, incluida la del empleador”, que en muchos casos eran las propias instituciones públicas. Por otro lado, consideran que “no es adecuado reducir a cinco años” dicho periodo, ya que en muchos casos el tiempo no computado era muy superior. “Los científicos lo han tomado como que no se ha hecho caso a sus reivindicaciones”, añade a este periódico.
“Me molesta que se anuncie como un éxito”
“Es paradójico, porque los mayores damnificados son justamente los científicos más senior”, los que más tuvieron que trabajar con becas, añade Víctor de Lorenzo. Este bioquímico confiesa dudar si invertir ese dinero en otra cosa. “Veo completamente extravagante pedir esas cantidades”, critica.
Los perfiles de los afectados son muy diferentes, pero casi todos tienen puntos en común. Lo que más se repite: investigador que obtiene una beca para hacer una tesis, luego va encadenando más becas, realiza estancias durante años fuera de España para continuar su labor dentro de la investigación, regresa y en algún punto lo contratan. El resultado: científicos y científicas que llevan trabajando 20, 30, 40 años, pero que solo tienen reconocidos la mitad, en muchos casos. Un problema que lleva arrastrando desde entonces la comunidad científica y que ahora se ha pretendido resolver en parte, aunque no con el resultado esperado.
No teníamos derecho ni a paro ni a sanidad. Tengo compañeras que tuvieron sus hijos gracias a la Seguridad Social de sus padres
“Lo que me molesta es que esto se anuncie como un éxito o como si fuera algo importante cuando realmente es un paso atrás”, lanza Patricia González Rodríguez, neurocientífica experta en Parkinson en el Instituto de Biomedicina (IBiS) de la Universidad de Sevilla. Subraya que parte del problema radica también en lo que entendemos por becarios en investigación científica: “El concepto beca se asume como que es algo corto en el tiempo, que lo realizas al principio como prácticas, pero en ciencia nunca ha sido así”.
En su caso, comenzó en 2006 con un sueldo de 657 euros al mes durante el primer año. “Tendría que devolver más del 60% de lo que recibí en ese momento”. Y, a pesar de que asegura que nunca ha estado en paro y comenzó a trabajar hace 18 años, tiene solo 10 cotizados. La investigadora critica el nuevo convenio como “elitista”: “Quien tenga dinero lo va a hacer, y quien no, no”, añade en conversación con elDiario.es. González asegura que se trata de una “medida recaudatoria para enfadar a la comunidad científica”.
No puedes ser becario 18 años. Nosotros tenemos jornadas de hasta 40 horas a la semana. Puedes llamarlo así para justificar según qué cosas, pero esos mal llamados becarios eran los responsables de toda la productividad científica
“Es un poco timo”, resume José Ángel Morales, investigador en la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Neurociencias. Su caso es particular: no recibió beca, sino que directamente le contrataron. “Pensé que no iba a tener problema [con los años cotizados] porque no tenía beca pero, para mi sorpresa, no fue así”, afirma. Se dio cuenta al ver la vida laboral, cuando le faltaban cinco años trabajados. Sin embargo, puntualiza que su generación no es la más afectada. “He leído gente con hasta 18 años en esa situación”.
Morales está en contra del término “becario” para referirse a las personas que trabajan en ciencia. “Para mí una beca es otra cosa, algo momentáneo o particular. No puedes ser becario 18 años. Nosotros tenemos jornadas de hasta 40 horas a la semana. Puedes llamarlo así para justificar según qué cosas, pero esos mal llamados becarios eran los responsables de toda la productividad científica, los que sacábamos las investigaciones adelante”, añade.
“Han conseguido enfadar a toda la comunidad científica”
El investigador de la Universidad Complutense Antonio Martínez Ruiz, de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), explica que conocían desde hacía meses que se iba a publicar este nuevo texto y que entonces ya imaginaban que “tenía limitaciones”. En ese momento, las diferentes comunidades hicieron alegaciones formales. “No solo no han hecho caso, sino que a última hora lo han empeorado con cuotas todavía más altas que son inasumibles en muchos casos”. “Han conseguido enfadar a toda la comunidad científica”, asegura.
Yo cobraba 66.000 pesetas en el año 86. Lo que nos piden ahora es casi el total del sueldo que yo cobraba
Martínez Ruiz asume que hay derechos que nunca van a “poder recuperar”, como las bajas de maternidad, por enfermedad o las vacaciones. Pero lamenta que ahora sienten un “maltrato nuevo” e insiste en la voluntad para dialogar y aportar soluciones: “Daremos ideas, como establecer las cuotas que pagan ahora las personas en prácticas”, no la cuota completa.
“Nadie nos dio opción”
Fuentes de Seguridad Social precisan que se trata de un convenio especial de carácter “excepcional” y que la cuantía se podrá fraccionar. “Vamos a trabajar para que sea lo más sencillo posible gestionarlo”, añaden, y recuerdan que el sistema de la Seguridad Social funciona con cotizaciones que “en parte son a cuenta del trabajador”. Respecto a las bases de cotización, indican que “una aportación actualizada va a permitir una mejor pensión futura para esos años” y que esa cuota mensual se podrá deducir en el IRPF. Aun con todo, el Ministerio de Elma Saiz ha convocado a asociaciones de investigadores para mantener una reunión a principios de la semana que viene para escuchar sus propuestas.
Yo lo que quisiera es poder tener la libertad cuando llegue mi edad de jubilación, no tener la obligación de seguir trabajando para tener una jubilación digna
“Yo cobraba 66.000 pesetas en el año 86. Lo que nos piden ahora es casi el total del sueldo que yo cobraba sin tener ni derecho a paro ni a la Seguridad Social”. Hablan por teléfono los investigadores Cayo Ramos, catedrático de Genética en la Universidad de Málaga (UMA), y Manuel Gonzalo Claros, también catedrático por la UMA e investigador. Consideran que la nueva normativa se ha hecho “de cara a la galería”.
Ramos explica que él sí que se acogió al último convenio de 2011, que es similar a este último, aunque, según indican, las bases de cotizaciones utilizadas eran las que correspondían a cada año trabajado, con un máximo de dos años a computar. “Pagué unos 1.200 euros por cada año, que es mucho menos de lo que se pide ahora. Yo lo que quisiera es poder tener la libertad cuando llegue mi edad de jubilación, no tener la obligación de seguir trabajando para tener una jubilación digna”.