De investigadores de élite a jubilados 'precarios': “Elegir este camino dejó un agujero de 12 años en mi cotización”

Inés María Antón, investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, tiene cinco sexenios (periodos de investigación de seis años) reconocidos. Eso supone que como mínimo ha trabajado 30 años. Pero en su hoja de servicios solo aparecen 19 cotizados. “¿Dónde está el resto?”, se pregunta retóricamente. Lo sabe perfectamente: el resto están perdidos, porque fueron los años en los que hizo el doctorado con una beca del Gobierno y después se fue a trabajar a Harvard. Años perdidos a efectos de cotización, porque los hoy contratos entonces eran becas, y por muy de excelencia que fueran, como lo era la de Antón, daban (algo de) dinero, pero nada más. Ni derechos laborales ni sociales ni cotización.

Esta situación le va a generar un problema a Antón más temprano que tarde. “A efectos de jubilación significa que nunca voy a conseguir el 100% de lo que me correspondería, porque no me dan los años [mínimos que hay que cotizar para tener la pensión máxima] si no me reconocen esos 12 que me faltan”, explica. No es un caso aislado.

Como Antón, toda la generación de investigadores que accedió a una beca pre o postdoctoral antes de 2011 tiene esos años perdidos a efectos de cotización a la Seguridad Social. Son miles de personas, la mayoría científicos pero no solo, muchos de ellos acercándose ahora a la edad de jubilación y preocupados por su futura pensión. “Ya lo sabíamos entonces”, concede Juan Carlos Gil, otro de los afectados. “Pero era lo que había. Eran las mejores ayudas a la investigación y con esa edad nadie piensa en la jubilación”, razona. Pero ahora sí.

Unos 700 de ellos se han organizado en torno a una página web para reivindicar soluciones. Básicamente, para exigirle al Estado que contabilice (y pague) la cotización de esos años. El momento es ahora, dicen. Porque les está empezando a rondar la edad de jubilación y porque el Gobierno aprobó recientemente la conocida como ley de pensiones, el Real Decreto 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Este texto abre la puerta a que las personas que sufrieron esta situación regularicen aquel periodo. Que coticen por trabajos pasados. Pero como máximo dos años. Y, aunque el decreto establece que aún hay que afinar el cómo, experiencias pasadas apuntan a que se lo tendrán que pagar a razón de unos mil euros por año.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerda que este proceder se ha pactado en la mesa del diálogo social –esto es, que tiene el respaldo de los sindicatos más representativos– y explica que en todo caso aún hay que definir cómo se va a plantear esta regulación de manera efectiva.

2011, el año clave

2011 supuso todo un cambio de paradigma. Tras años de reivindicaciones de los colectivos de jóvenes investigadores como la FJI-Precarias, el Gobierno estableció que los programas de ayuda a la formación del personal investigador eran trabajo y como tal debían considerarse. La normativa se fue desarrollando y las antiguas becas para hacer la tesis doctoral, las de Formación de Personal Investigador (FPI) o de Profesorado Universitario (FPU), las más prestigiosas que otorga el Ejecutivo, debían ser contratos con todas sus consecuencias.

Hasta entonces estas ayudas no otorgaban ningún derecho a sus beneficiarios, personas licenciadas haciendo ya o a punto de empezar a hacer investigación puntera. “Eran las que todo investigador quería”, comenta María Jesús Candamio, que accedió a una FPI a finales de los 80, cuando acabó la carrera. “Pero no teníamos derecho a paro, a baja maternal ni de ningún tipo, no cotizas a la Seguridad Social, no tienes horario, vacaciones aseguradas... No tienes nada. Teníamos el sentimiento de estar explotados, pero no pensábamos en ese momento en la jubilación, aunque nos los decían los veteranos. Piensas que ya cambiará”. Pero mientras tanto te podías ver, como le sucedió a Inés María Antón, teniendo que acudir al hospital a sacarte molares con la Seguridad Social de tu padre porque no tienes propia y el seguro privado que iba con la beca tenía sus limitaciones.

Buena parte de esa generación de investigadores –que incluye afectados ilustres en el mundillo como Lluis Montoliú o Isabel Sola– tiene ahora que tomar decisiones (en el caso de que el Ministerio no escuche sus peticiones). Si se abre el plazo de cotización voluntaria, tendrán que optar entre acogerse a él y pagar de su bolsillo los dos mil euros largos correspondientes a cambio de dos años más de cotización o no hacerlo. Después, cuando lleguen a la edad de jubilación y en función de la situación personal de cada uno, otra más trascendente: si quedarse con una pensión limitada o seguir trabajando pasados los 65.

Esta última elección tiene más consecuencias que las puramente personales, recuerdan los investigadores. “No solo no nos podemos jubilar”, explica Antón, “tampoco dejamos sitio para los jóvenes, que tan formados están. En las universidades y el Consejo (el CSIC) la gente sigue trabajando con 70 años”.

Las casuísticas son variadas, aunque todas con el mismo fondo y un elemento en común. Cuanto más trabajaron para el Estado, peor parados salieron. Antonio Rodríguez Franco es catedrático de Bioquímica en la Universidad de Córdoba. Él está entre los más perjudicados: tiene 40 años trabajados y 29 cotizados, explica. Entre medias, perdió los cuatro de la beca predoctoral, dos en Estados Unidos con otra beca, tres con otra ayuda de reincorporación... Aparte de compartir las reivindicaciones de sus compañeros, recuerda que el Estado hizo caja ahorrándose sus cotizaciones y no entiende que solo les dejen regular dos años de aquella etapa.

Lluis Montoliú, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), explicó en Twitter que también es uno de los afectados. Montoliú obtuvo una FPI entre 1987 y 1990. “Terminé en 1990 como doctor en ciencias biológicas, con 27 años y sin haber cotizado a la Seguridad Social una sola peseta”. En un movimiento típico en la carrera investigadora, imprescindible casi, se fue al extranjero. En su caso, Alemania, donde firmó un contrato laboral (“de persona”, como dicen los investigadores) en DKFZ, el mayor centro de investigación del país, en 1991. “No regresé a España hasta mediados de 1995, tras haber solicitado y conseguido uno de los contratos de reincorporación del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) de entonces, embrión del programa de contratos Ramón y Cajal. Y ese fue mi primer contrato laboral en España, en 1995, con 32 años. Y empecé a cotizar. Al final de 1997, con 34 tacos, apenas tenía dos años y meses cotizados. Mis amigos no científicos llevaban algunos 16 años cotizando y aportando a la Seguridad Social. Este era nuestro premio por tener muy buenas notas y ser doctor”.

A los que dejaron la investigación les ha ido mejor. Juan Carlos Gil empezó a cotizar nada más acabar el doctorado. “Yo tengo cuatro años perdidos, personalmente no me cambia la vida”, expone. “Pero siguen siendo cuatro años: lo puedes ver como que tendría que jubilarme a los 70 en vez de los 66. Pero hay gente que se ha quedado con un tercio de su vida laboral sin cotizar”, se solidariza.

María Jesús Candamio también admite que su caso “no es de los más flagrantes”. Tras hacer una FPI y perder esos años, su intención era continuar con más becas. Pero las advertencias de su entorno sobre todos esos años que se venían sin cotizar acabaron convenciéndola. Aunque había coqueteado con el mundo de la investigación, volvió a la línea que había estudiado, Medicina. “Me pasé al MIR (médico interno residente), me convertí en radióloga y hasta hoy”, cuenta. “No sé si me querré jubilar cuando me toca, pero me gustaría poder elegirlo. Ahora echando cuentas me sale que tengo que aguantar hasta los 67 y no nos llega con regularizar los dos años”, razona.

Y concluye con un alegato que seguramente firmarían todos sus colegas. “Gracias a la gente que estuvo protestando durante estos años y se mejoraron las condiciones –aunque siguen siendo bastante penosas–. Nuestra intención es que lo conseguido hasta ahora se use retroactivamente para los antiguos becarios. Si a partir de 2011 se consideró que lo que hacíamos era un trabajo, antes de ese año también tenía que serlo. No nos pueden devolver esos años sin derechos laborales de ningún tipo, pero que al menos nos den la cotización. Si se abre el pago voluntario ahora lo haré. Más vale pájaro en mano, aunque lo considero injusto. Le pedimos al Ministerio de Inclusión que al menos abra la ventana”.

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