Un tribunal da la razón a los jóvenes investigadores en su conflicto con el Gobierno y reconoce su derecho a indemnización

Están los investigadores predoctorales españoles con un sabor agridulce en la boca. La buena noticia es que seis años después el Gobierno ha aprobado el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF), que regula por fin y mejora sus condiciones laborales mientras elaboran la tesis doctoral. La mala, que el documento se ha quedado corto respecto a lo que les hubiera gustado.

Entre los olvidos del Ejecutivo está el derecho a que estos investigadores (entre los que está el alumnado más brillante de las universidades) a recibir una compensación al terminar sus contratos. Sin embargo, esta semana –solo un mes después de publicarse el estatuto– les ha tocado buena noticia: el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) acaba de dictar una sentencia por la que da la razón a un grupo de predoctorales respecto a su derecho a recibir indemnización por finalización de contrato.

Desde la organización FJI/Precarios explican que este fallo anima a seguir con su reivindicación y a elevarla. “Siempre fue una de nuestras principales reivindicaciones porque entendemos que nos corresponde”, explica su presidente, Pablo Giménez. “Hasta ahora veníamos interponiendo demandas individuales, pero el siguiente paso será demandar al Gobierno, porque está incumpliendo la ley”, añade, aunque matiza que antes se reunirán con el Ejecutivo (el nuevo que salga de las urnas ya) para ver si tiene algo que decir.

La Sala de lo Social del TSXG tenía dos peticiones del sindicato CCOO (la demandante) que atender. Por un lado, el sindicato pedía para el personal con contrato predoctoral de la Universidad de Santiago una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, según establece el Estatuto de los Trabajadores al que los predoctorales tenían que atender antes de tener su propio EPIPF; subsidiariamente se solicitaba la indemnización de 10, 11 o 12 días por año de servicio prevista para el contrato por obra o servicio.

La primera cuestión fue rechazada. No procedía una indemnización de 20 días porque los predoctorales, explica el texto, no están en una situación comparable a la de otros trabajadores contratados por tiempo indefinido por la Universidad.

Sin embargo, la Sentencia sí les da la razón en la segunda parte. Entiende el Tribunal que el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que establece el derecho a indemnización de un trabajador cuando expira su contrato por obra y servicio excepto en los contratos formativos o de interinidad, ampara a los predoctorales porque sus contratos no son formativos, por mucho que en ellos ponga que lo son. Y concede a los predoctorales de la Universidad de Santiago los 12 días de indemnización que establece la normativa.

El nuevo 'statu quo'

La negociación que han llevado a cabo estos años los diferentes Ejecutivos con sindicatos y asociaciones de investigadores para conseguir un nuevo statu quo tenía tres puntos de conflicto principales: los salarios, las horas de docencia y el derecho a cobrar una indemnización por despido al finalizar el contrato.

Queda por ver cómo se aplica el nuevo estatuto. En España hay unas 70.000 investigadores predoctorales. Sin embargo, no está claro que el EPIPF les vaya a afectar a ellos, que ya tienen un contrato firmado (con peores condiciones) o solo a los nuevos, que sería lo normal. Pero desde la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) explican que el estatuto incluye jugosos beneficios fiscales para los empleadores (universidades, etc.) y que por ello quizá a alguna le podría interesar firmar nuevos contratos.

Durante las negociaciones por el EPIPF, las partes habían llegado a un acuerdo en un punto intermedio entre las demandas en lo relativo a remuneración y docencia. El EPIPF aprobado contempla un salario mínimo que se ha calculado en 16.442 euros brutos anuales, según Pablo Giménez, presidente de la la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), porque la cifra exacta no aparece reflejada en el texto. La cuantía sube progresivamente hasta los casi 20.000 euros anuales el cuarto y último año de contrato.

Estas cantidades suponen una subida de unos cinco o seis mil euros más anuales que los actuales contratos que ofrecen las universidades. Los contratos del Gobierno, llamados FPU y FPI, estaban mejor dotados, por lo que suelen recibirlos las mentes más brillantes.

Respecto a la docencia, se ha acordado un punto medio entre las 120 horas totales que pedían los investigadores y las 240 que querían Gobierno y Universidades: serán 180 horas en cuatro años con no más de 60 cada curso. “Más que eso suponía convertirnos en mano de obra barata docente para las universidades, que se ahorrarían contratar personal”, valora Giménez.

“Lo que es una negociación: cedes, ceden”, explicaban fuentes que tomaron parte del diálogo. Pero en la tercera pata, la indemnización, el Gobierno sacó el rodillo. Se puso firme e impuso que no habría derecho a una compensación, para disgusto de los investigadores. El objetivo de los predoctorales es que, ahora tras la decisón judicial, el Gobierno admita esta circunstancia y la incluya en el estatuto legal que regula la cantera de la investigación española.