En la Universidad española se investiga mucho, o al menos se publica mucho, pero esa investigación no tiene demasiado recorrido después. La transferencia del conocimiento que se genera en los campus no sale a la sociedad civil, normalmente a través de convenios con empresas, según explica la Fundación CYD en su informe La contribución de las universidades españolas al desarrollo, presentado este miércoles.
“Los resultados obtenidos en indicadores tales como spin-off, patentes y de transferencia son inferiores a la capacidad potencial que se infiere de la excelencia investigadora”, explica el texto. “Teniendo un gran éxito en investigación, esta no da los frutos que se esperan”, añade Martí Parellada, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y coautor del informe, que sin embargo contextualiza: “Sucede en toda la Europa continental”.
El estudio pone cifras a su afirmación. En primer lugar, destacan los autores, llama la atención la disparidad entre producción científica y nivel de innovación del país. España ocupa el 11º puesto a nivel mundial en número de trabajos científicos publicados, por delante de países como Corea del Sur o Suecia, con 480.315 documentos entre 2015 y 2019, lo que supone el 3,39% a nivel mundial. Dicho de otra manera, uno de cada 33 estudios científicos publicados en alguna revista especializada en todo el mundo en ese periodo de tiempo se hizo en España. Sin embargo, el país está en el puesto 30º en el Global Innovation Index o el 16º en el ránking europeo de innovación.
Más cifras. En 2019 se crearon 84 spin-off (empresas que se crean en el entorno universitario para desarrollar conocimientos o resultados de investigaciones obtenidos en los campus), dato que aún está lejos del que había hace diez años (118) o del máximo de la última década (133 en 2013). En cuanto al volumen de contratos de las universidades con terceros en I+D y apoyo técnico, la cifra aumentó ligeramente en 2019 (581 millones de euros) respecto al año anterior, pero aunque está en una senda de crecimiento, tampoco alcanza los valores obtenidos en el año de referencia 2009 (646 millones), cuando tantos indicadores de inversión en España alcanzaron sus máximos antes de los recortes de la crisis.
¿Qué está pasando? “Trascender de la investigación a la transferencia no es fácil”, comienza Parellada, “sobre todo en los dos aspectos donde hay más insuficiencia, la creación de spin-offs y las patentes”. Ambas requieren personal especializado y fondos, explica, y ni unos ni otros abundan en el sistema.
Pero la transferencia es deseable, explica Tom Hockaday, antiguo responsable de la Oficina de Innovación de la Universidad de Oxford, en su libro Transferencia de tecnología en la Universidad, qué es y cómo hacerla. “A veces el camino comercial es la mejor manera de ofrecer los beneficios de la investigación universitaria a la sociedad”, escribe, aunque las universidades deben ser conscientes de que “es poco probable” que la transferencia ofrezca beneficios a los centros (el conjunto de las universidades españolas obtuvo 4,1 millones por patentes en 2019). Pero “es buena y es una parte esencial de la Universidad”.
Por lo demás, Hockaday se expresa en similares términos a Parellada respecto a la dificultad de la tarea. “Las universidades existen por razones muy diferentes a hacer negocios, y convencer a un grupo de personas para que inviertan en las ideas de otros es muy difícil. Fundamentalmente, porque la gente de universidad es muy diferente a la gente de negocios. Tienen diferentes orígenes, experiencias, motivaciones, personalidades y objetivos. No confían entre sí, no se conocen”, expone. Y sostiene que crear una Oficina de Transferencia facilita mucho la tarea.
“Son muchos los recursos que una universidad necesita para poner en marcha un programa de transferencia efectiva (...): personas, presupuestos para patentes, políticas, procedimientos, gestión del proyecto, burocracia y evaluación” y la mayoría de ellas podrían ofrecerse a través de una oficina, continúa Hockaday. Francesc Solé Parellada, coautor del informe de la Fundación CYD, explica al respecto que sucede habitualmente en la universidad que cuando una empresa acude solicitando algo, si por ejemplo esto requiere de la participación de tres grupos de investigación distintos y se acude a uno que no domina exactamente lo pedido, “el proyecto no prospera”.
Pero Solé también relativiza: “La capacidad de que las universidades sirvan a la sociedad de forma porosa es nueva, como nuestro sistema científico. Si resolvemos algunas trabas, la universidad española está preparada para dar el salto y ayudar a las pymes”, explica en alusión a que estas empresas suelen tener más dificultades para investigar por su cuenta.
AstraZeneca como ejemplo de transferencia
Hockaday pone un ejemplo muy actual de lo que supone la transferencia de conocimiento desde la Universidad: la creación de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. “La investigación de Oxford ha desarrollado una vacuna salvavidas en un tiempo récord, en un tremendo esfuerzo colaborativo que ha implicado a investigadores de la Universidad de Oxford, la Oficina de Transferencia, Vaccitech (una spin-off de reciente creación), Oxford Science Innovation (una compañía de inversores), AstraZeneca y el apoyo del Gobierno aprobando la regulación necesaria para sacarla adelante”, ilustra.
Los ministerio de Universidades y Ciencia quieren impulsar el nivel de transferencia en España. “Debemos proponer las medidas necesarias para tender puentes entre los distintos actores del ecosistema español de I+D+i”, escribe en el informe de la Fundación CYD Teresa Riego, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia. “Medidas que favorezcan la transferencia y la compartición de conocimiento y que favorezcan e impliquen tanto a los investigadores como a empresarios y emprendedores, como a toda la sociedad”, añade.
En este sentido, el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que acaba de presentar el Ministerio de Universidades pone especial énfasis en la transferencia, según han valorado Solé y Parellada. “La transferencia del conocimiento producido en la Universidad a la sociedad y a la economía se ha convertido en una función esencial para el mundo académico”, se lee en la exposición de motivos de la norma. Los autores del informe lamentan sin embargo que el abordaje de la cuestión se hace de manera atomizada, con pequeñas menciones aquí y allá a lo largo del texto, aludiendo en genérico a la necesidad de hacerla y financiarla.
Sí aparece sin embargo una mención más concreta en el artículo 48.3, cuando habla de la financiación y explica que en la financiación por objetivos que se introduce en la ley “dicho objetivos estarán vinculados, entre otros, a la mejora de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, la investigación...”. Esto es, transferir más se traducirá en un aumento de los fondos.
Más específico es el Título XI del texto, dedicado a la Investigación y transferencia del conocimiento e innovación de las universidades públicas, que establece en el artículo 47.5 más incentivos a esta práctica: “Las actividades de investigación y de transferencia del conocimiento realizadas por el personal docente e investigador se considerarán conceptos evaluables a efectos retributivos y de promoción”. Más zanahorias: “Se considerarán, en su caso, los méritos de transferencia del conocimiento” a la hora de acreditar a los profesores titulares; también se abre la puerta a que las comunidades establezcan retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales“ si se realizan determinadas actividades de investigación, entre las que se encuentra la transferencia.
La Fundación explica en su análisis que la Universidad en su conjunto tiene una oportunidad de mejora en este área a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vinculado a los fondos COVID, que en su componente 21, de modernización del sistema educativo, que dedica un apartado específico a la “recualificación e internacionalización del personal docente e investigador” para “formar en habilidades docentes e investigadoras” al PDI (Personal Docente Investigador) universitario y “facilitar la futura incorporación de sus beneficiarios en el sistema español de educación superior y aumentar la capacidad docente, investigadora y de transferencia del sistema en la próxima década”.
El informe concede que los recortes que acompañaron a la crisis de 2008 fueron un duro golpe para las universidades y que a partir de la segunda mitad de la pasada década los indicadores empezaron a recuperarse (a falta de analizar el impacto que tuvo la pandemia en todos ellos), pero reflexiona: “Más allá de este cambio de tendencia, las magnitudes obtenidas por algunos de estos indicadores, como la ya mencionada creación de spin-off, y, también, los ingresos obtenidos por licencias y otros acuerdos de propiedad intelectual (4,1 millones de euros en 2019), requieren una reflexión y una estrategia para dar respuesta a cómo la universidad puede alcanzar magnitudes muy superiores”.