Irene Montero: “Abortar va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”

La reforma de la ley de aborto en la que está inmersa el Ministerio de Igualdad avanza. Así lo ha manifestado este miércoles la ministra Irene Montero, cuyo departamento lleva varios meses trabajando en la propuesta con la que pretende “blindar” el acceso a este derecho en la sanidad pública. “Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”, ha afirmado Montero en la Comisión de Igualdad del Congreso. En su comparecencia, la ministra ha desgranado algunas de las líneas fundamentales del texto, que aún no es público y que deberá negociarse en el seno del Gobierno antes de ser aprobado como anteproyecto en Consejo de Ministros.

Aunque Montero ha reconocido “el importante avance” que supuso la norma en 2010 y ha agradecido al PSOE su aprobación, también ha defendido la necesidad de actualizarla doce años después ante los “obstáculos” que “aún dificultan el acceso pleno” a estos derechos. Actualmente existen hospitales enteros que aducen objeción de conciencia para no realizar intervenciones, incluso en aquellos casos en los que hay riesgo para la vida. Y hay provincias en las que no hay forma de abortar porque no hay clínicas con las que concertar el servicio, que es el modelo imperante en España. Esto provoca que miles de mujeres deban desplazarse cada año para ejercer su derecho.

Ante ello el ministerio quiere “blindar” el acceso al aborto en la sanidad pública mediante la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales al estilo del registro que ya establece la Ley de Eutanasia. El objetivo es que en todos los hospitales haya ginecólogos y profesionales dispuestos a realizar la intervención y haya cifras claras sobre cuántos son objetores y cuántos no con la idea de poner en marcha la prestación: “Respetaremos escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia y lo haremos escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos”, ha asegurado la ministra.

Según su intervención, serán las mujeres las que elijan el método de interrupción (farmacológico o instrumental), pero no ha detallado si todos se llevarán a cabo en centros públicos o qué papel reservará la ley a las clínicas privadas especializadas, que son las que asumen mayoritariamente los abortos desde los años 80 y con las que la Administración concierta el servicio. Según datos del Ministerio de Sanidad, actualmente solo el 15% de las intervenciones se realizan directamente en centros públicos.

“Cuando una mujer decida abortar podrá acudir, por ejemplo, a su centro de salud”, donde recibirá información sobre cómo acceder a la prestación, y podrá “llamar a una línea telefónica especializada” si lo desea. Así, la idea del ministerio es eliminar la obligación de recibir los sobres con información que a día de hoy reciben obligatoriamente las mujeres antes de someterse a la intervención y que solo se proporcionará “en los casos en los que las mujeres lo soliciten”. También el texto pondrá fin a los tres días de reflexión obligatoria que existe por ley a día de hoy. Las mujeres “podrán ser derivadas inmediatamente” a un centro hospitalario “por un procedimiento de urgencia”, ha asegurado Montero.

Los planes del ministerio pasan también por recuperar el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento de sus progenitores después de que el Partido Popular reformara la norma para excluirlas en 2015. Fue lo que quedó del intento de contrarreforma de Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, para restringir el derecho al aborto en España y que dimitió tras la fuerte oposición social y feminista. “Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”, ha afirmado la ministra.

La norma también incluirá contenidos para garantizar “la educación sexual para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos” en todos los niveles educativos e impulsará el acceso a la anticoncepción, también por parte de los hombres. Además, “la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres” y se abordará la violencia ginecobstétrica como una forma de violencia machista.