El 19 de noviembre de 2015 un cataclismo sacudió la sede de Pfizer España en el parque empresarial de La Moraleja, 15 kilómetros al norte de Madrid. El primer ejecutivo de la farmacéutica en el mundo, Ian Read, había tomado las riendas de una crisis que hasta ese momento no pasaba de rumores de pasillo en las oficinas españolas.
Ese día rodaron cabezas. Una treintena de directivos y delegados comerciales empezaron a desfilar desde sus despachos con las cartas de despido, entre el pasmo general de sus compañeros y un absoluto secretismo de la dirección. Treinta salidas sin un ERE, sin negociación con los sindicatos, sin una comunicación oficial. La criba se llevó por delante a varios peces gordos.
Cayó el director de la Unidad Legal y secretario del Consejo de Administración de Pfizer España y Sur de Europa, Vicente Morales, tras 17 años en el cargo. Cayó el jefe de gestión hospitalaria, Antonio Rojo. Cayeron 22 delegados de ventas. Y tres directores regionales. Y sobre todo, cayó el director de Relaciones Institucionales de la compañía, Juan José Polledo, un viejo conocido de la Administración pública. Director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad entre 1991 y 2000 con los gobiernos del PSOE y del PP de entonces, también él aparecía asociado a un escándalo de malas praxis empresariales vinculadas a pagos a médicos del sistema público.
La historia venía de lejos. De un año atrás, aproximadamente, cuando un extrabajador de la compañía implicado en algunos conflictos internos y con mala fama entre parte de la plantilla, decidió tirar de la manta y denunciar directamente a la matriz en Estados Unidos a través de su línea confidencial presuntas prácticas irregulares que vulneraron el exigente código de autorregulación de la compañía.
La alerta, según las fuentes consultadas, censuraba las relaciones de varios delegados comerciales de la multinacional con médicos y gestores de hospitales públicos. Aludía a pagos supuestamente camuflados como colaboraciones científicas y prohibidos en Pfizer, que como empresa asociada a Farmaindustria está sujeta al código de buenas prácticas que impide a su personal ofrecer regalos de más de 10 euros a médicos o gestores sanitarios (60 euros, si se trata de material formativo, ya sean libros o en soporte multimedia). Pese a que la denuncia era más o menos conocida en las oficinas españolas de Pfizer, durante meses el personal hablaba de una venganza que se quedaría en nada.
La noticia de los despidos la avanzó la publicación Revista Médica el mismo 19 de octubre y se publicó sin mucho despliegue en algunos medios económicos.
Pfizer ni siquiera emitió un comunicado. A la escasa prensa que se interesó por la crisis, la multinacional le respondió que “unos compañeros habían dejado la empresa”.
Una patente a punto de caducar
Dos fuentes de Pfizer consultadas por eldiario.es, una que continúa en la compañía y uno de los empleados que ha salido, han confirmado ahora que las razones de las 30 salidas tuvieron que ver con esa denuncia sobre prácticas no toleradas por el código interno de la multinacional. Aluden a un escrito que alertaba de pagos y prebendas prohibidas por la normativa de Pfizer a médicos de la Seguridad Social para prescribir el medicamento Enbrel, justo durante los años previos a que caducase la patente –expiró en 2015– de este antirreumatoide.
La respuesta desde la cúpula de Pfizer en Estados Unidos no tuvo miramientos. Todo el que tenía pistas sobre esas prácticas en la empresa fue depurado. Bastó con estar en copia de algunos de los correos electrónicos que se intercambiaban los delegados comerciales con médicos o gestores hospitalarios. De ahí los 30 despidos.
A preguntas de eldiario.es Pfizer confirmó el pasado viernes por primera vez que detectó irregularidades en la división española que le empujaron a establecer “sanciones” y despidos. En una respuesta escrita remitida a esta redacción por su departamento de Comunicación, Pzifer explica: “Como parte de nuestro programa interno de Integridad, Pfizer detectó ciertas acciones en España y la compañía finalizó los contratos con algunos empleados y sancionó a otros. La compañía siempre mantiene la privacidad cuando se trata de empleados, así que no vamos a comentar nada más sobre la situación de estos empleados. Pfizer se toma el compliance [el código de conducta] muy en serio y nuestro objetivo es asegurar que cada empleado en todo el mundo lo hace también. Es por ello que la compañía tiene procesos sólidos para ayudar a prevenir y detectar potenciales infracciones de nuestras políticas internas. Todos estos procesos se revisan regularmente para asegurar que se mantienen actuales y que cumplen con los objetivos y requerimientos de los países en los que tenemos presencia”.
Durante los meses que duró la investigación interna y que, según fuentes internas, incluyó la inspección de varios servidores informáticos, Pfizer estaba preparando su fusión con otro mastodonte del sector, Allergan, el fabricante de bótox, para constituir la primera farmacéutica mundial valorada en 160.000 millones de dólares. El acuerdo que finalmente se anunció el 23 de noviembre (cinco días después de la escabechina en la sede española) se deshizo sorpresivamente el 6 de abril, a raíz de las últimas reformas fiscales de Estados Unidos.
Multa anterior de 60 millones de dólares por sobornos
En ese contexto previo al gran anuncio de fusión, Pfizer no podía permitirse el escarnio de otro pleito, como el que le obligó en 2012 a pagar 60,2 millones de dólares (unos 50 millones de euros entonces) a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos y al Departamento de Justicia para eludir la condena por cohecho que amenazaba a varias de sus filiales precisamente por sobornar a médicos e instituciones sanitarias de Europa y Asia.
En conversación con eldiario.es, uno de los empleados despedidos, que ha pedido mantener su anonimato y ni siquiera confirma si su salida de Pfizer está blindada con un contrato de confidencialidad, asegura que la denuncia por malas prácticas existió pero defiende que se trató de una “mera venganza que no tiene razón de ser y que se ha llevado demasiado lejos”.
En los tribunales tampoco constan denuncias por los despidos de la multinacional. Fuentes internas de la compañía aseguran que todas las salidas fueron pactadas. El comité de empresa no atiende a periodistas y se remite a las explicaciones de la dirección. Lo que pasa en la farmacéutica se queda en la farmacéutica.