El Gobierno italiano quiere que Libia cierre progresivamente sus actuales centros de detención de migrantes, en los que organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado torturas, para que sean sustituidos por estructuras gestionadas por la ONU.
La ministra del Interior de Italia, Luciana Lamorgese, señaló en una intervención este miércoles en la Cámara de los Diputados que esta será una de las modificaciones que el país pedirá incluir en el próximo acuerdo migratorio que sustituirá al firmado en 2017 con Libia y que expira el próximo 2 de febrero.
El Gobierno del entonces primer ministro Paolo Gentiloni firmó el 2 de febrero de 2017 con el presidente en Trípoli apoyado por Naciones Unidas, Fayez al Sarraj, un acuerdo para gestionar el flujo migratorio hacia las costas europeas y combatir el tráfico de seres humanos.
El acuerdo está compuesto por ocho artículos y el último establece que “es válido por tres años y se renovará automáticamente al vencimiento por un período equivalente, excepto si una de las dos partes notifica lo contrario por escrito y tres meses antes de la fecha límite”.
Esta fecha se cumplía el pasado 2 de noviembre y ya tres días antes el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, dijo que Italia no iba a poner fin al pacto aunque su intención era modificarlo y mejorar su eficacia.
Una idea sobre la que insistió hoy la ministra de Interior, que sustituye en el cargo desde septiembre al líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini.
Lamorgese dijo que Italia quiere mantener el acuerdo pero que pedirá a Libia el cierre de sus centros de detención de migrantes para que sea la ONU la responsable de estructuras de acogida de estas personas.
Subrayó que cuando se firmó el memorando “los flujos migratorios eran preocupantes” y desde entonces se han disminuido las llegadas a las costas italianas y también “las muertes en el mar”.
Finalmente, insistió en la necesidad de “no bajar la guardia” porque “las condiciones generales de inseguridad en Libia amenazan con facilitar la actividad de los traficantes y también la infiltración de yihadistas entre los migrantes que llegan a nuestras costas”.
En el acuerdo, Italia también se comprometió a dotar de embarcaciones y adiestrar a los guardacostas libios para que puedan interceptar las pateras que zarpen desde sus costas y ocuparse de los inmigrantes que viajen a bordo.
Diversas ONG han solicitado el fin de este memorando y el fundador de la organización española Open Arms, Òscar Camps, se ha referido en numerosas ocasiones a la Guardia Costera de Libia como militares que increpan, amenazan y hasta disparan contra las organizaciones que salvan vidas en el mar.
En Italia también se han mostrado en contra miembros de la política como el diputado Nicola Fratoianni, de la Izquierda Italiana, para quien los guardacostas italianos son “torturadores y personajes oscuros e inquietantes”.
El pasado septiembre, los ministros de Interior de Alemania, Francia, Italia y Malta firmaron un acuerdo en una cumbre en La Valeta para reubicar en estos países a los migrantes rescatados por las ONG solo en el Mediterráneo central, un acuerdo al que quieren que se sume el mayor número de socios europeos posible.