Los afectados por la venta de viviendas públicas de Madrid intentan que un juzgado pare sus desahucios
Los inquilinos de los, antiguamente, pisos públicos del Insituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid tratan de que un juzgado paralice los desahucios que esperan a la vuelta de la esquina tras la venta por parte del Gobierno de Ignacio González de sus casas al fondo de inversiones Goldman Sachs-Azora.
Agrupados en la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, se han personado como acusación popular en el caso contra la antigua gerente del insituto Ana Gomendio por delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, denunciado por un grupo de diputados regionales socialistas. El pasado sábado se ha celebrado su primera asamblea.
“La idea es pedir medidas cautelares en el juzgado nº48 de Plaza de Castilla para que se paren los alzamientos”, explica a eldiario.es su portavoz, Enrique Villalobos. Además de los inquilinos que no pueden hacer frente a alquileres, “se están echando encima cada vez más fechas de vencimiento para las viviendas del Plan Joven que incluían alquiler con derecho de compra”, cuenta. Esto significa que la nueva dueña de las casa, el fondo de Goldman Sachs mediante la empresa Encasa Cibeles podrá poner el precio que desee a las promociones ya que una modificiación legal aprobada por el PP en Madrid así lo permite. Cada promoción tiene sus propios plazos, no es un proceso simultáneo para todas las viviendas.
“El cambio de dueño es perjudicial para los inquilinos”
Los vecinos no tuvieron derecho a tratar de comprar los pisos cuando el IVIMA los sacó a subasta. El precio medio por el que el fondo se llevó 2.395 casas fue de 68.000 euros cada una para una operación que inyectó 201 millones de euros al Gobierno regional. El IVIMA les ha negado la condición de parte interesada por “no verse afectada su condición jurídica ya que la condición arrendatídica permanece con las mismas condiciones que antes de la venta”, expuso.
En este sentido, la Defensora del Pueblo ha considerado recientemente que “el cambio de la figura del arrendador –dueño– de una entidad pública a otra privada resulta perjudicial para los adjudicatarios de una vivienda de protección pública”. Esto justifica su “condición de interesados en el proceso de autorización de la venta”, concluye la defensoría.
Pero el tiempo corre en contra de los inquilinos. “El colectivo cae presa del desánimo”, cuenta Villalobos. Muchos de los que viven en estas casas son grupos desfavorecidos, al menos en lo económico, por lo que sus alquileres tenían precio reducido. “Algunos no quieren pasar por un desahucio y todo lo que ello conlleva por lo que prefieren marcharse sin más”, describe el portavoz.
Este asunto de la renta reducida también ha sido objeto de análisis por parte de la Defensora, quien ve peligros en traspasar estas casas a una entidad puramente privada. El IVIMA aduce que Goldman Sachs debe respetar la reducción por el periodo de su validez: dos años. Pero, contrapone la defensora, “a partir de su venta las casas dejan de ser del IVIMA” con lo que ya no existe obligación de aplicar la norma de ayuda económica. Resultado: el alquiler quedaría encarecido automáticamente a los dos años.
Los abogados de la asociación podrán, al ser acusación popular, participar en el interrogatorio de la antigua gerente Gomendio el próximo 3 de septiembre. “Nos parece que se ha retrasado mucho”, creen en la asociación. De todas maneras “los análisis que ha aportado la Defensora del Pueblo nos apoyan mucho a la hora de acudir al juzgado porque se sustentan en los mismos argumentos que han estado utilizando nuestros asesores legales”, remata Villalobos.
