“Conseguimos aprobar la ley de desaparecidos por unanimidad. Esto es histórico, es la primera ley en España que se aprueba de esta manera”, comenta Miquel Jerez, diputado del PP en el Parlament balear. Jerez hace referencia a la Ley para la recuperación de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista –conocida como la “ley de fosas”–, aprobada en junio de 2016 con el voto favorable de todos los grupos de la cámara autonómica.
En Baleares, las asociaciones memorialísticas tienen documentadas 54 fosas. Gracias a la nueva ley, este domingo los restos de catorce víctimas halladas en una fosa común de Porreres (Mallorca) han sido entregados a sus familiares, en un acto en que la presidenta Francina Armengol ha pedido perdón porque las “administraciones llegan tarde”.
Es la primera entrega de restos óseos que se realiza después de aprobar la ley, que obliga al Govern balear a localizar las fosas y a exhumar e identificar a todos los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura –siempre y cuando los prepuestos del Ejecutivo lo permitan.
El PP balear decidió colaborar
La ley de fosas iba a aprobarse con o sin el voto favorable del PP –la izquierda tiene la mayoría parlamentaria en Baleares–, así que los populares decidieron colaborar en vez de oponerse frontalmente a la iniciativa. Propusieron varias enmiendas y consiguieron que se cambiara el título de la ley, que se reconociera a las víctimas que murieron por profesar la fe católica y que se ampliara el marco temporal –no solo se tendría en cuenta los desaparecidos durante la dictadura, sino también durante la Guerra Civil.
Miquel Jerez explica a eldiario.es la postura de su partido: “Teníamos por delante un reto importante. En principio, nos opusimos al texto presentado por los partidos izquierda porque era muy tendencioso. Sabíamos que la ley podía ser aprobada de esa manera porque la mayoría no la tiene el PP. No quisimos resignarnos y luchamos para que se reconociera a todas las víctimas. Al final, llegamos a un consenso y a una amplia unanimidad. Aprobamos una ley que es motivo de satisfacción”.
El diputado cree que “cualquier persona tiene derecho a recuperar los restos de su familiares” y defiende que este derecho debe ser en igualdad de condiciones. Cuando él mismo defendió el voto “favorable e incondicional” de su partido a la ley de fosas, declaró ante los medios de comunicación que la historia “tiene un vacío moral y ético que hay que cubrir”. “Lo que no puede ser es que para que las personas puedan que recuperar los restos de sus seres queridos tengan que ir a los tribunales”, añadió.
El ninguneo de Rajoy a las víctimas
La postura del PP balear choca con el ninguneo del PP nacional –burlas incluidas– y del Gobierno de Mariano Rajoy a la exhumación y atención a víctimas del franquismo. Desde que llegó a la Moncloa, Rajoy ha intentado desactivar la ley de Memoria Histórica reduciendo primero su presupuesto y luego eliminándolo. Fuentes del PP nacional han comentado a eldiario.es que es la delegación de Baleares la que “marca” la postura del partido en las Islas y que desde Génova se limitan a apoyarles, pero no aclaran si secundan o no la ley balear.
Sin embargo, Jerez defiende que el PP “no se opone a que los familiares recuperen los restos de sus seres queridos” y que “siempre ha estado a favor de que este tipo de leyes se acaben promoviendo”. Considera que la clave para avanzar en materia de Memoria Histórica es “llegar a consensos con aquellos tienen las mayorías y promueven este tipo de leyes”. Según él, su partido ha colaborado en la ley de fosas balear porque los populares no se han encontrado “con una izquierda radical e intolerante”. “Es importante hacer renuncias y sacrificios”, concluye.
Una ley puntera y duradera
De momento, el Govern ha actuado sobre tres fosas, ha exhumado 51 cuerpos y ha identificado 14. En 2018, quiere exhumar 10 fosas para hallar a 65 personas. “Es un plan bastante ambicioso y se han presupuestado 500.000 euros”, explica a eldiario.es Manel Santana, director general de Participación y Memoria Histórica. “En Baleares tenemos una de las leyes más punteras. La ley de Memoria Histórica es muy general, pero nuestra ley va al grano y determina las competencias de la administración para buscar a los desaparecidos”, añade.
La consellera de Cultura, Fanny Tur, espera que la ley balear perdure gracias al consenso político: “Desde Més per Mallorca y el PSIB-PSOE se trabajó mucho con la oposición, PP y Ciudadanos, para destacar que se trata de una cuestión de derechos humanos. Espero que el tema sea una cuestión de Estado y de dignidad, por encima de opciones políticas, como pasa en otros países de Europa”. Riera, de Més per Mallorca, destaca el trabajo de su excompañera Margalida Capellá: “Logró que no se hiciera una batalla política”.
También el PSOE está contento con la ley y destaca la unanimidad política. Silvia Cano, diputada del PSIB-PSOE, considera que es una cuestión de derechos humanos porque “una democracia no puede tener a nadie en cunetas”. La ley de fosas no distingue entre las víctimas republicanas y franquistas, pero Cano sostiene que el Govern no perderá la “perspectiva”: “Toca una restitución justa para sacar a los republicanos de las fosas”.
Maria Antonia Oliver, presidenta de Memoria de Mallorca, también defiende la ley: “Veníamos pidiéndola desde hace tiempo. Sin ella, es imposible exhumar las fosas porque los juzgados no atienden a nuestras reclamaciones”. Para ella, los puntos fuertes de la ley, que incluye ideas propuestas por su asociación, son dos: la participación de las asociaciones memorialísticas en la comisión técnica que ejecuta la normativa y la obligación del Govern de denunciar ante la Fiscalía los casos en que las víctimas hayan sufrido una violación de derechos humanos.
De hecho, el pasado viernes el Govern autorizó a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a presentar una denuncia ante la Fiscalía por la existencia de posibles crímenes contra la humanidad, fundamentada en los datos obtenidos tras la exhumación de la fosa común de Porreres hecha en 2016. En ella se hallaron 55 cuerpos, pero sólo se pudieron extraer 49, de los que se han identificado 14. Todos presentan evidencias de muerte por arma de fuego.