Un instituto murciano mantiene el nombre de un ministro franquista que depuró maestros

La asociación para la memoria histórica AGE (Archivo, Guerra y Exilio) en la Región de Murcia se propuso en 2006 cambiar la denominación de un instituto público de Lorca que toma el nombre de José Ibáñez Martín, ministro de Educación durante la dictadura de Francisco Franco. Ahora, el delegado regional de la misma asociación, Floren Dimas, ha iniciado una petición de firmas para que el instituto deje de ser el único centro de enseñanza en España con esa designación.

Dimas explica que un instituto en Teruel y un colegio en Valbona –pueblo natal de Ibáñez, en la misma provincia– tenían el mismo nombre en sus placas pero ya lo cambiaron. “Y no ha pasado nada”, señala. Sin embargo, la situación en Lorca es peculiar: “Ibáñez Martín tiene un arraigo especial. Se casó con la hija del máximo oligarca local y, como ministro, mandó a construir un instituto, que se inauguró en 1944. Podemos verlo como algo normal, pues él tenía la cartera de Educación, pero también podría ser una manera de agradecer a las oligarquías locales sus favores, para que los hijos de su clase social no tuvieran que irse para hacer el bachiller superior”.

La asociación comenta que Ibáñez Martín, primer ministro de Educación de Franco (entre 1939 y 1951), participó en el proceso de depuración de maestros y maestras que inició el régimen desde el inicio de la Guerra Civil. Esta represión se llevó a cabo por la vía civil –dependiente del Ministerio de Educación– y también por la penal, por medio de los consejos de guerra. En la primera, destacan desde AGE, intervino directamente el ministro. La asociación también hace mención a una persecución económica, que consistía en multas “por las cuales muchos maestros fueron desposeídos de viviendas y propiedades”.

Así resume Dimas su labor al frente de la cartera: “Como miembro del Opus Dei, era afín a todas las corrientes conservadoras de la Iglesia católica. Aprovechó su condición para favorecer la enseñanza religiosa en prejuicio de la pública y para impregnar a la segunda de principios ultraconservadores”.

Antes, en plena Guerra Civil, Franco le encomendó la dirección de una comisión de carácter histórico, filosófico y jurídico instalada en Burgos que serviría para legitimar el golpe del 18 de julio. “Ibáñez Martín fue el primer justificador del golpe de Estado”, afirma el delegado regional de AGE, quien se refiere a Ibáñez Martín como “el ministro inquisidor”.

“Él construyó el instituto como Hitler, autopistas, pero ninguna lleva el nombre de un antiguo nacionalsocialista”, señala el delegado regional de AGE.

La petición, en estudio

Modificar el nombre de un centro depende de la dirección del centro, de la asociación de padres y madres, del Ayuntamiento de Lorca y de la Consejería de Educación del Gobierno murciano. “La Consejería es la que formaliza, pero tienen que abordarlo entre todos. Por mucho consenso que haya, hay además una Ley de la Memoria Histórica, que es imperativa: si existe una referencia a algún personaje que sirva de exaltación al régimen franquista, hay que eliminarla. Es un falso debate que se permite en España”, apunta el delegado regional de AGE. Para Dimas, el IES José Ibáñez Martín “es el último símbolo franquista que queda de Lorca”.

AGE explica que la Federación de Asociaciones de la Memoria Histórica de Murcia informó sobre el tema a la Consejería de Educación hace cuatro meses, “por escrito y certificado”. También está notificada la dirección del centro. Ninguno de los dos organismos han remitido una respuesta, según Dimas. “El alcalde de Lorca tampoco ha contestado y no se ha convocado una consulta para saber si los padres y madres están a favor del cambio de nombre”, aclara.

La Consejería de Educación de Murcia asegura a eldiario.es que sus servicios jurídicos están estudiando actualmente “si es perceptible cambiar el nombre o no”. “Cuando haya un dictamen se verá”, dicen desde el organismo, que no puede adelantar una fecha prevista para la resolución definitiva. Además, descartan posicionarse a favor o en contra de la iniciativa de AGE: “La Consejería tiene la voluntad de hacer lo que digan los servicios jurídicos y de cumplir la normativa vigente”.

Desde AGE denuncian que “lo más grave que hizo Ibáñez Martín” fue la depuración y persecución del cuerpo docente. “Hizo una limpieza como nunca antes se vio en la Historia de España. Barrió todo lo que oliera a apertura. Hubo una persecución penal del todo el profesorado. Todo lo que fuera evolución pedagógica o escuela racionalista era eliminado. En el caso de los profesores, sufrieron el fusilamiento, el destierro o la inhabilitación total o parcial”, describe Dimas.

Un cuarto de los docentes sufrieron represión

Todos los maestros y maestras de las zonas que iban cayendo en manos de los franquistas tuvieron que solicitar su depuración para poder seguir en la docencia. Los censos elaborados por historiadores que han estudiado la represión en las escuelas arrojan que al menos una cuarta parte de los docentes –había un total 50.527 en el escalafón de 1935, según la última estadística oficial del Ministerio de Instrucción Pública– fue castigado de uno u otro modo.

Al franquismo le costó años completar esta depuración, que se extendió hasta 1942 y que separó del servicio para siempre a uno de cada diez expedientados. En la década posterior se continuaron abriendo algunos expedientes, basados en los testimonios de las “fuerzas vivas” de los pueblos: lo que decía el cura o la Guardia Civil.

El abuelo del propio Floren Dimas, Ginés, vivió en primera persona esta depuración. Ejerció como maestro durante la Segunda República y fue acusado, en palabras exactas del fiscal, “por envenenar con ideas disolventes el alma inocente de los niños”. Ginés acabó siendo fusilado por este motivo.

“Cuando el franquismo les persigue no es solo por su condición de maestro, sino por lo que representaron al servicio de la República. Eran las personas que mayor nivel cultural tenían”, explica el delegado regional de AGE, que subraya las condiciones de las cárceles donde iban a parar los docentes, “en cualquier punto de España, con comida infame”.

Para AGE, el ministro Ibáñez Martín “hizo una limpieza de la que nada ni nadie podía escapar”. “Por ejemplo, el Orfeó Català también sufrió una depuración, así como la Orquesta Nacional de España. No existía nada en la órbita cultural que escapase de sus garras”, concluyen.