A pesar de la nueva reforma de la jurisdicción universal, que entró en vigor el pasado sábado, el caso Couso seguirá abierto. Así lo ha establecido hoy el juez Santiago Pedraz, en un auto en el que subraya que “la jurisdicción española SÍ es competente para conocer los hechos a los que se refiere la presente causa”.
En el mismo, el magistrado recuerda que “no procede el archivo de la causa” porque ello sería incompatible con la IV Convención de Ginebra -relativa a la protección de civiles en guerra- e indica que “ de otro modo estaríamos admitiendo la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposición de un tratado o convenio internacional vigente para España, lo cual está proscrito(...)”.
Según la Constitución española, las disposiciones de los tratados internacionales sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional, y así lo recuerda Pedraz en el auto.
Además, el magistrado indica que tampoco es necesario comprobar antes si Estados Unidos está investigando o no lo ocurrido en torno a la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad, ya que EEUU no ha suscrito la IV Convención de Ginebra, “con lo que no es Parte Contratante. No cabe, pues, declinar la jurisdicción a EEUU”. El auto señala también que no hay ningún proceso abierto en relación al caso Couso en territorio estadounidense.
El juez Pedraz indica que es imposible aplicar la disposición de la nueva norma que señala que “las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitacioÌn por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedaraÌn sobreseiÌdas hasta que no se acredite el cumplimento de los requisitos establecidos en ella”.
“¿Cómo es posible perseguir un delito si la causa está sobreseída?”, pregunta el magistrado en el auto. Y añade:
“Obviamente no es posible. Y la IV ConvencioÌn no preveÌ cumplimiento de requisito alguno de perseguibilidad: la obligacioÌn es clara y sin limitaciones, buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberaÌ hacerlas comparecer ante los propios tribunales”.
El deber del Poder Judicial
En el auto Pedraz deja claro que es deber de un juez controlar otros poderes. Por ello recuerda que el Poder Judicial, según la Constitución, ejerce un control de los poderes ejecutivo y legislativo a traveÌs de los tribunales ordinarios. Y añade:
“Y, asiÌ, mediante la inaplicacioÌn de una norma interna contraria a una disposicioÌn de un tratado el juez estaÌ ejerciendo ese control. No es otra cosa sino la aplicacioÌn plena del principio de legalidad”.
Reacción de la familia Couso
En conversación con eldiario.es, David Couso, hermano del cámara muerto en Bagdad por disparos estadounidenses, ha indicado que “valoramos muy positivamente este auto, sobre todo viendo cómo el ejecutivo ha actuado dando carpetazo ante presiones de terceros países”. David Couso ha recordado que tanto su familia, como la asociación de Amigos, Compañeros y Hermanos de José Couso, seguirá luchando por “investigación y justicia”.
“Estábamos dispuestos a presentar como familia un recurso ante el Tribunal Constitucional o a acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sabíamos que este caso no se acababa con esta ley. Afortunadamente hay jueces independientes que cumplen con su trabajo”, ha añadido.
Couso ha recordado que este año se cumplen once años de la muerte de su hermano, y que por ello, como todos los años, se celebrará una concentración para pedir investigación y justicia frente a la embajada estadounidense de Madrid, el día 6 de abril a las 12:30.
Por su parte, uno de los abogados en la causa, Enrique Santiago, ha dicho a eldiario.es que “nos alegramos de que haya jueces que mantienen el contenido de la ley frente a presiones políticas, y esperamos que esto sea un ejemplo que cunda entre otros jueces que tienen que tomar decisiones en casos de jurisdicción universal”.
El letrado considera que la “reforma llevada adelante por el PP ha obviado las obligaciones de España en materia de persecución de delitos internacionales, e incluso la jerarquía normativa de las leyes en nuestro país, despreciando que los convenios suscritos por España están en la cúspide de la normativa”.
La reforma de la jurisdicción universal
La reforma de la justicia universal, aprobada por la vía de urgencia por el PP, con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, pretende limitar los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad a los procesos en los que los acusados sean españoles, extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española o cuya extradición haya sido denegada.
Dicha reforma podría tener efectos sobre al menos doce causas abiertas actualmente en los tribunales españoles, en relación con la justicia universal. Entre ellas, se encuentran los delitos de genocidio en Guatemala o en la Alemania nazi, las torturas en Guantánamo, los crímenes en el Sáhara o el Tíbet, los vuelos de la CIA, el genocidio en Ruanda, el asesinato de José Couso en Bagdad o de Carmelo Soria en Chile.
Couso murió el 8 de abril de 2003 por disparos estadounidenses. Aquella mañana, en menos de tres horas, el ejército de EEUU atacó las tres sedes de la prensa independiente en Bagdad, y mató en total a tres periodistas.
Como recuerda Pedraz en su auto de hoy, una de las misiones encomendadas a las tropas estadounidenses era la de evitar que los medios de comunicacioÌn internacionales informaran sobre las operaciones militares en curso en la toma de la capital iraquí. Con ese fin fueron atacados los periodistas.
El caso Couso es la única causa abierta actualmente en el mundo que investiga por crimen de guerra a cinco oficiales y jefes del ejército estadounidense.