Ya hay fecha para la presentación del recurso de la Junta de Andalucía contra la LOMCE en el Tribunal Constitucional. Será el próximo 4 de marzo, según ha informado este jueves en sede parlamentaria el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que, sin embargo, no ha detallado si pedirá la suspensión cautelar de la norma.
Así, Andalucía planteará al Tribunal Constitucional que la reforma educativa aprobada por el Gobierno atenta contra los derechos constitucionales e incurre en invasiones competenciales, además de considerar que “hace prevalecer la moral religiosa frente a los valores cívicos”, es “mercantilista, técnicamente deficiente, con un calendario de difícil aplicación y sin financiación”. El mismo argumento han utilizado las comunidades de Asturias, Canarias, País Vasco y Cataluña también prevén recurrir la norma.
Alonso ha defendido que la ley “no tiene en cuenta que somos Estado y que tenemos competencias” y ha mantenido que el recurso se presenta “más allá de diferencias ideológicas” y después de haber intentado todos los cauces posibles de diálogo con el Gobierno. “Siempre nos hemos encontrado con muro infranqueable y ni un solo resquicio para el consenso”, ha dicho.
Pero más allá del recurso, el consejero andaluz reconoce que lo que “realmente preocupa” es el calendario de aplicación ya que “en solo unos meses hay que poner en marcha una ley con problemas curriculares muy graves”. Andalucía, que no se declarará insumisa, considera que lo único que el Ministerio garantiza a las comunidades autónomas son “las prisas y los parches”. A esa premura se añade la incertidumbre de la financiación ya que la implantación para Primaria y FP Básica costará a Andalucía 150 millones de euros anuales.
También contra la reforma de la ley local
El 25 de febrero, una semana antes de la impugnación de la LOMCE en el Alto Tribunal, la Junta tiene previsto aprobar también el recurso contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (más conocida como la ley local). Con ello, se sumarán nueve reclamaciones de la Junta de Andalucía en el Alto Tribunal, y 13 por parte del Gobierno de la Nación contra normas de la comunidad autónoma.
Diego Valderas ha dicho que estos recursos se presentan porque son normas que atentan contra los principios de la Constitución Española y contra lo recogido en el Estatuto de Autonomía. De hecho, ha abogado por la celebración de 28F “reivindicativo, que siempre lo es, pero este año, especialmente, por la cantidad de derechos que se están vulnerando”.
Con la presentación de estos recursos, la Junta de Andalucía coge turno ahora en el frente que tienen abierto las dos administraciones en el Tribunal Constitucional, después de que el Gobierno de la Nación haya sido el último en recurrir: el pasado mes de diciembre, la Ley de la Función Social de la Vivienda. Los conflictos de inconstitucionalidad pendientes por resolver entre las dos administraciones serán, pues, 22: nueve desde Andalucía y todos en la presente legislatura, y 13 desde Madrid, el más antiguo hace ocho años.