La Justicia ha admitido a trámite la querella de Julio Pacheco Yepes contra cuatro miembros de la Brigada Político Social franquista, entre ellos el comisario jubilado José Villarejo, “como consecuencia de las torturas que sufrió en agosto de 1975 en un contexto de crímenes contra la humanidad”, apunta la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).
En un auto, emitido el 12 de mayo, el juzgado de instrucción número 50 de Madrid acuerda citar a Pacheco por la querella presentada por un presunto delito de crímenes de lesa humanidad y torturas. En ese procedimiento declarará también Rosa María García, que lo hará como testigo. Esta mujer, al igual que Pacheco, ha denunciado torturas durante la dictadura.
Junto al comisario jubilado, Pacheco ha demandado a tres agentes más. Los hechos que ha denunciado se produjeron tras el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. El querellante fue detenido y trasladado a la Dirección General de Seguridad. Asegura que estuvo retenido durante siete días y fue sometido a torturas continuas durante los interrogatorios.
Al presentar la querella Pacheco buscaba que se comenzase a “derribar el muro de impunidad al que las víctimas se han enfrentado en las últimas décadas”, explicó en febrero, cuando se hizo pública la denuncia. En ese momento, a su vez, reseñó que ha hecho frente a dificultades para armar y argumentar la querella, entre ellas, se ha encontrado con obstáculos para acceder a documentación oficial. “Llevo dos años esperando para que me den el informe policial”, relató hace unos meses.
Tras la admisión a trámite, la gestiones burocráticas se agilizarán ya que el juzgado ha pedido al Archivo Histórico Nacional que remita la “totalidad de los documentos existentes en sus fondos” referentes a Pacheco. La Dirección General de la Policía deberá enviar también a la magistrada el expediente completo del denunciante, según el auto al que ha accedido elDiario.es.
Villarejo fue miembro de la Brigada Político Social y trabajó a las órdenes del comisario Roberto Conesa. En 1975, la Dirección General de Seguridad propuso conceder al agente denunciado una cruz al mérito policial. Aquel mismo año, que coincide con el de los hechos denunciado, Villarejo participó en Madrid, a las órdenes de Conesa, en una operación contra el FRAP, “logrando la detención de la totalidad de los dirigentes”, y por la que cobró 25.000 pesetas de premio en metálico, tal y como publicó esta redacción al desvelar el expediente de Conesa.
CEAQUA, la organización que ha impulsado varias querellas por torturas durante el franquismo, valora “muy positivamente el contenido del auto”, indican en un comunicado. Según apuntan, esta decisión es la “primera admisión a trámite de una querella criminal, en la que se denuncian crímenes franquistas”, y en la que “se acuerda la práctica de pruebas de importante calado”.
Si se consolida el contenido de este auto, y finalmente declara Pacheco ante la jueza, será “la primera vez que un juzgado español, en el orden jurisdiccional penal, tome declaración a un querellante que sufrió graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista”, continúa detallando la organización.
Desde CEAQUA piden a la Fiscalía que no presente un recurso en contra de esta decisión. “Nos encontramos ante una resolución excepcional, muy positiva, que esperamos se consolide, que adquiera firmeza y que el criterio expresado por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid pueda sea aplicado igualmente por otros juzgados y tribunales españoles”, recoge la nota de prensa difundido por la asociación.