El juez del “caso Romanones”, Antonio Moreno, acaba de dar un ultimátum al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez. En una breve y dura providencia, el magistrado conmina al prelado a entregar, de una vez por todas, los interrogatorios a los doce investigados -diez sacerdotes y dos seglares- por el caso de abusos a menores en Granada. Le avisa de que si no lo hace tendrá que hacer frente a un apercibimiento.
El caso salió a la luz cuando un joven, Daniel, comunicó por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ipso facto la denuncia.
Ahora el juez del caso le vuelve a pedir al arzobispo las declaraciones que supuestamente hizo a los imputados. En caso de no hacerlo, Martínez podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, después de que se le haya requerido, hasta en siete ocasiones y tras dos apercibimientos, la documentación que está obligado a entregar según las legislaciones civil y canónica.
Se enfrenta a un apercibimiento
“Deberá ser remitido e informado por la persona requerida y bajo los apercibimientos que en caso de incumplimiento procedan en derecho”, culmina el escrito del juez Moreno. La respuesta judicial llega después de que el Arzobispado de Granada -y no el arzobispo, quien ahora sí está conminado a responder personalmente, y no a través de su vicecanciller- se haya negado, hasta en siete ocasiones (y tras dos apercibimientos) a ofrecer información alguna sobre los expedientes e interrogatorios a los doce implicados en el caso de abusos a Daniel. Ni siquiera si éstos se llegaron a producir.
Por lo tanto, monseñor Martínez debe cumplimentar, personalmente,los requerimientos del juzgado, especialmente si ha incoado los preceptivos expedientes a los denunciados, y remitir las copias íntegras de los mismos; y, si no los ha incoado, informar al respecto y explicar al juez por qué no lo ha hecho. Además, la diócesis podría ser declarada responsable civil subsidiario, como ha sucedido, la pasada semana, en el caso de abusos de Can Picafort (Mallorca).
En la resolución, el juez constata “que en todo caso se ha omitido en las documentaciones sucesivas remitidas por el Arzobispado de Granada las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico”, y que “necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de ese Arzobispado”.
Esto es: que pese a los intentos de desmentido de la diócesis de Granada, Javier Martínez está obligado, según el protocolo de actuación aprobado por la Conferencia Episcopal española en 2010, y por las normas de la Santa Sede, a elaborar informes escritos de cualquier actuación y, en caso de serles requeridos -como ha sucedido- a remitir dicha documentación a la Justicia. Además tenía que incorporar al mismo los interrogatorios y redactar y suscribir su propio informe como arzobispo diocesano.
Siete sacerdotes siguen ejerciendo
El propio Martínez, en una de sus primeras respuestas a los requerimientos judiciales, afirmó que había puesto en marcha contra los denunciados el procedimiento canónico al que está obligado por los protocolos eclesiásticos. De hecho, tres sacerdotes continúan suspendidos “a divinis” (inhabilitación para ejercer), mientras que a uno de los seglares se le retiró la venia docendi para continuar impartiendo clases de Religión. Otros siete de los investigados continúan, pese al escándalo, como sacerdotes en sus respectivas parroquias de Granada, sin que oficialmente haya sanción alguna contra ellos.
La posible prescripción de los delitos (abusos sexuales y exhibicionismo, aunque las acusaciones también hablan de asociación ilícita, corrupción de menores y agresión sexual) está ahora en manos de la Audiencia Provincial, que decidirá el próximo 15 de septiembre.