La justicia mantiene el régimen de visitas con sus hijos a condenados por violencia machista a punto de entrar en prisión

Estaba pendiente de entrar en la cárcel tras ser condenado a dos años y diez meses por maltrato habitual. El pasado 23 de diciembre la madre le entregó a su hija y a su hijo y no los volvió a ver hasta este martes, después de denunciar que el padre no los había entregado en el punto de encuentro acordado en Granada. El caso de Sonia Barea y sus dos niños no es aislado. La justicia sigue otorgando regímenes de visitas, más o menos amplios, a condenados por violencia machista aunque vayan a entrar en la cárcel o incluso estando en ella.

También le ha pasado a Isabel, la mujer a la que increpó una fiscal al pedir modificar el régimen de visitas que su expareja, condenado por violencia de género a dos años y nueve meses de prisión, mantiene con su hija de cinco años. Sobre el hombre pesa una sentencia firme del pasado octubre en la que se relata el maltrato al que sometió a Isabel durante su relación. El juzgado ordenó su ejecución, es decir, la entrada en prisión del condenado, pero en ningún momento de este proceso han cambiado las visitas, a pesar de las peticiones de la madre. De hecho el hombre las sigue manteniendo porque el juez le ha otorgado la suspensión de la pena.

“Hay una falta de aplicación de las normas porque existe la previsión legal de suspender el régimen de visitas para un condenado, pero en general no se hace”, dice la abogada e integrante de la organización Women's Link Elena Laporta. De hecho, los pocos datos disponibles dibujan un mapa con escasez de estas medidas: el régimen de visitas se suspendió en un 2,3% de las órdenes de protección concedidas en la fase de instrucción durante el tercer trimestre de 2017, según el Consejo General del Poder Judicial. La patria potestad, en un 0,3%.

Las organizaciones que trabajan en el ámbito de la violencia de género llevan años pidiendo que los menores que la viven no sean considerados víctimas de segunda. Y es que, teniendo en cuenta las mismas cifras, solo en un 0,8% de las órdenes se otorgó protección al menor para evitar un perjuicio o peligro. Eso a pesar de que, desde 2015, la ley establece que el juez deberá pronunciarse en todo momento sobre la custodia y “adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer y realizará un seguimiento periódico de su evolución”.

Así es como está redactado el artículo 65 de la Ley de Violencia de Género de 2004 tras la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Esta modificación estableció un punto de inflexión con el que las juristas feministas pelean para que no se quede en algo simbólico: desde 2015 los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista son víctimas directas de esa misma violencia. 

“Un maltratador no es ningún caso un buen padre, pero seguimos viendo sentencias que aluden a que no está claro que el niño se haya visto afectado por la situación de violencia. Esto supone que muchos jueces y juezas siguen sin comprender cuál es el impacto real de la violencia de género y siguen minimizándola”, explica Estrela Gómez, coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme). Y es que el padre de los niños desaparecidos en Granada seguía con un régimen de visitas a pesar de haber quedado acreditadas las “continuas vejaciones a su esposa en presencia de los hijos de ambos”, según reza el fallo condenatorio.

Contra el debate a golpe de asesinato

La situación de los menores y las grietas del sistema concebido para protegerles ha llegado hasta el pacto de Estado contra la violencia machista gestado en el Congreso y que arrancará este 2018 con 26 medidas consideradas prioritarias. Una de ellas es “el carácter imperativo” de la suspensión del régimen de visitas “en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”. Un precepto que aún queda por saber de qué manera se aplicará en la práctica.

El anuncio llega después de un año en el que han sido asesinados ocho niños y niñas por sus padres o las exparejas de sus madres, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tras uno de estos casos la Defensora del Pueblo pidió la revisión de estas situaciones, pero las expertas demandan que el debate sobre los menores se mantenga en el tiempo, sea sosegado y no se produzca a golpe de asesinato. 

Gómez apuesta por evaluar cada caso uno por uno, pero al mismo tiempo considera “insuficiente” la ley. “El tema de las visitas debe regularse más profunda y concretamente; no vale con decir que el juez puede suspenderlas. Hay que establecer claros protocolos para escuchar a los menores, determinar cuáles son los riesgos de la exposición a los diferentes tipos de violencia, analizar su situación, tener en cuenta su voluntad. Tu padre está maltratando a tu madre. Eso nunca puede ser algo inocuo, siempre es perjudicial”, prosigue.

La violencia “a cuenta gotas” también es violencia 

Women's Link nombra como elemento fundamental la formación de todos los operadores jurídicos para tomar como premisa básica el interés superior del menor. Esto es lo que recomendó hace tres años el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) al condenar a España por el caso de Ángela González Carreño, cuyo exmarido asesinó a la hija de ambos en un régimen de visitas sin supervisión tras decenas de denuncias de la madre alertando del peligro que corría la niña.

Además de pedir una reparación adecuada para Ángela –que el Ministerio de Justicia ya anunció que no iba a otorgar– la ONU hizo recomendaciones generales: formación obligatoria a los operadores jurídicos y que los antecedentes por violencia machista sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre custodias y regímenes de visitas de manera que el ejercicio de estos derechos “no ponga en peligro la seguridad” de los hijos y teniendo en cuenta que deben prevalecer el interés superior del niño y su derecho a ser escuchado.

Laporta asegura que el enfoque, sin embargo, es justo el contrario. “El derecho de los padres a tener visitas con sus hijos e hijas suele prevalecer sobre su interés superior y sobre su derecho a una vida libre de violencia”, explica. Este es el paradigma que, según las expertas, debe empezar a priorizarse en las salas de vistas y en las sentencias. Algo que Gómez resume en “poner en el centro del procedimiento al niño o la niña, pero no de manera abstracta, sino real. Si esto se hiciera, nos evitaríamos mucha exposición de los menores al riesgo”.

Las expertas insisten en que los tribunales deben tener en cuenta que la violencia machista es algo estructural, para lo que hay que reparar en el contexto, no en un episodio aislado. En ocasiones los padres instrumentalizan a los menores para hacer daño a la madre y sobre los que “hay un daño directo” que se materializa en el asesinato, pero también “existe una violencia a cuenta gotas que tiene unos efectos devastadores para estos niños y niñas” y que la justicia “no llega a ver o es muy difícil que lo haga”, concluye Gómez.