La Justicia europea respalda la prohibición de cazar lobos hasta que estén en buen estado de conservación

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la prohibición de cazar lobos hasta que el estado de conservación de la especie sea favorable, según informa EFE. El fallo se refiere al status de la especie en Austria, objeto de la sentencia, aunque es un asunto que viene atravesando diversos estados de la UE.

Los magistrados consideran que solo se pueden abatir esos animales si un ejemplar ha causado daños graves, la población se encuentra en un estado de conservación favorable y no hay ninguna otra solución satisfactoria.

El proceso responde a una cuestión prejudicial planteada por los tribunales del país centroeuropeo después de que varias organizaciones de protección animal impugnasen ante los jueces austriacos una decisión del Gobierno del Estado Federado del Tirol que autorizaba el sacrificio de un lobo que había matado alrededor de veinte corderos.

La decisión del TJUE remarca que, si bien es permisible abatir un lobo para evitar daños graves, la acción debe realizarse si la población de la especie muestra un estado positivo a nivel local, nacional y transfronterizo. También que esa caza no va a suponer perjuicio a ese estado de conservación.

La Corte señala que la UE está “vinculada por el Convenio de Berna, que protege estrictamente los lobos” y que el propio Gobierno de Austria ha reconocido que la población de lobos en ese país “no se encuentra en un estado de conservación favorable”.

El estatus del lobo en la Unión Europea está siendo cuestionado desde la propia Comisión Europea que abrió un proceso de revisión del grado de protección de la especie. La postura de Bruselas se basaba, entre otras cosas, en los conflictos, dijo, y los perjuicios que la reexpansion del lobo por el continente está generando al sector ganadero.

De hecho, la posibilidad de volver a cazar de manera generalizada lobos es una de las exigencias expuestas en las movilizaciones del sector primario que cruzaron varios estados de la Unión, incluido España y que conllevaron la relajación de salvaguardas ambientales contempladas en la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión.