La Justicia ordena a Castilla y León que active el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada

La Justicia ha dado la razón al Gobierno y ordena que Castilla y León active el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada que había pedido el Ministerio de Transición Ecológica. En una sentencia del 31 de enero, a la que ha accedido elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León establece que la Junta debe “declarar la caducidad” de la concesión que permitía la actividad en terrenos del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Los magistrados le han dicho al Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco (PP) que son los responsables de tramitar ese expediente de caducidad de ocupación de los montes después de que el dueño del espacio decidiera que ya no contemplaba más esquí en el Alto del Telégrafo por su impacto ambiental en zona colindante con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

También ordena la sentencia que es la comunidad autónoma la que debe obligar a que su cumpla el desmontaje de la estación ya que indica que tiene que asumir “los pronunciamientos correspondientes en materia de liquidación del estado posesorio y en materia de retirada de las instalaciones y de restauración de la realidad física alterada”. La autorización por la que la estación ha desarrollado su negocio establecía que, una vez terminado el plazo, la empresa debe ocuparse de desmontar esas infraestructuras y devolver el terreno a su estado anterior.

Lavarse las manos para no cerrar

Castilla y León se había lavado las manos sobre el asunto al declararse “incompetente” en el asunto de la caducidad y eso había generado una situación de limbo que permitió continuar con la actividad de la estación en las pistas del Telégrafo, El Bosque y el Escaparate más allá de la fecha en la que venció su permiso el 3 de abril de 2021. Transición Ecológica recurrió ante la Justicia a finales de 2021 y la estación ha seguido activa todo este tiempo.

Sin embargo, el fallo afirma que “es la Administración autonómica la competente para declarar la caducidad de la ocupación”. Y luego añade que “no está de más recordar que la propia Ley autonómica de Montes de 2009 se ocupa, precisamente, de regular, a propósito del ejercicio de la potestad administrativa de desahucio, la caducidad del título administrativo habilitante”. Es decir, es cosa de la administración que dirige el Partido Popular en Castilla y León.  

La sentencia también le dice al Gobierno de Mañueco que decida sobre la petición de la empresa que gestiona la estación para que le prolongaran la autorización para compensar el tiempo que duraron las restricciones por la pandemia de Covid-19. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Munición política

En 2021 terminó la concesión de 25 años para el funcionamiento de la estación de esquí de Navacerrada en su vertiente segoviana. El Organismo Parques Nacionales –dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y dueña del terreno– decidió que el monte volviera a su estado original y que no acogiera infraestructuras como los cañones de nieve o los remontes.

Adujo razones del impacto ambiental que genera la estación (especialmente por la afluencia de coches al puerto de Navacerrada) y el nuevo contexto climático que hace cada vez más escasa la nieve en esa cumbre. La decisión sirvió para que el Partido Popular la usara de palanca de confrontación política con el Gobierno.

El presidente castellanoyleonés, Fernández Mañueco, se citó en Navacerrada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en abril de 2021. Díaz Ayuso declaró entonces que estudiaba declarar la estación bien de interés cultural para evitar su cierre. Meses después, en noviembre, cuando debían comenzar los trabajos de desmantelamiento (a cuenta de la empresa concesionaria), ambos volvieron al puerto. Fernández Mañueco afirmó que no había “razones políticas ni jurídicas para declarar el cierre”. Y que la estación seguiría “con su actividad” porque “no hay inconveniente” .  

Ahora, la Justicia anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de Mañueco en el que se declararon incompetentes (se lavaban las manos) y le ordena que dicte que la concesión de la estación está finiquitada.