La justicia perdida de los niños robados
Primero les cambiaron sus vidas y ahora la justicia les deja desamparados. Las víctimas de los bebés robados no encuentran los cauces legales que les conduzcan a sus familiares biológicos. Para muchos, el tiempo se puede estar agotando, ya que algunos padres, madres o hermanos, en caso de no haber fallecido, estarían en edades avanzadas.
El abogado Enrique Vila es miembro experto en Derechos Humanos del Club Unesco y lleva 20 años ayudando a personas a encontrar sus orígenes biológicos. De acuerdo con sus datos, la sustracción de recién nacidos comenzó en la década de los cuarenta y se extendió hasta los años noventa. A través de un cálculo estadístico en base a su experiencia, Vila mantiene que de los dos millones de adopciones que hubo durante esas décadas en España, 300.000 son falsas.
Sin embargo, no todas tienen que ser fruto del robo de bebés –puede ocurrir que una madre entregue al niño y sea inscrito como hijo biológico de otra mujer– Vila cree que al menos el 60%, unas 180.000, sí lo son. Son cifras difíciles de determinar, pero en cualquier caso elevadas, y que no encuentran una respuesta proporcional de las autoridades. Desde que se presentó la primera denuncia, hace más de cinco años, no ha habido una sola condena. Y miles de personas –los últimos datos de la Fiscalía, de 2011, habla de 1.500 denuncias– viviendo verdaderas odiseas en los juzgados.
Como la de Esperanza Ornedo. La declaración de defunción de su hermana indica que falleció el 23 de marzo de 1968, después de que su madre diera a luz un “feto hembra de término”. En el documento del Registro Civil de Huelva coinciden las fechas, pero en este caso aparece escrito que el alumbramiento fue de un feto de seis meses de gestación. Además, el parte con la firma del facultativo aparece tachado. El Juzgado de Instrucción Nº2 de Huelva sobreseyó el 20 de febrero su caso, que fue recurrido el pasado 5 de marzo.
Aunque la Fiscalía General del Estado publicó una circular en diciembre de 2012 con la intención de unificar criterios en todo el territorio nacional –en la que indicaba que tanto la detención ilegal como la sustracción de menores deben considerarse un delito permanente– el texto no ha servido para modificar la doctrina de la Audiencia Provincial de Huelva, que en noviembre de 2012 emitió un auto en el que consideraba el robo de bebés fuera del supuesto de detención ilegal e indicaba que los delitos relacionados habían prescrito.
A pesar de que la separación de poderes permite que los jueces tengan independencia con respecto a la Fiscalía, en la mayoría de regiones españolas se han seguido las indicaciones de esa circular. José Luis Orta, abogado de afectados en Huelva, denuncia cerca de un centenar de casos prescritos en la provincia y tres de ellos recurridos ante el Tribunal Constitucional por una diferencia de criterios entre las regiones españolas. Las asociaciones SOS Bebés Robados de Huelva y Cádiz presentaron una denuncia conjunta el pasado 10 de abril ante el Parlamento Europeo buscando amparo en la justicia comunitaria.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), maneja cifras muy distintas. Hablan de cerca de 4.000 denuncias, de las que ya se han archivado el 80%.
Las víctimas tampoco lo tienen sencillo a la hora de acceder a documentos que puedan aclarar sus orígenes. Algunos proceden de centros ya desaparecidos o que han cambiado de titular, como la clínica San Ramón, el Hospital Hispano Alemán (actualmente la Clínica Ruber) o la Clínica Velázquez y encontrarlos resulta imposible.
Por otro lado, los expedientes de adopción los tenían que tramitar las antiguas Juntas Provinciales de Protección de Menores o los Tribunales Tutelares, ambos dependientes del Ministerio de Justicia. El abogado Guillermo Peña explica que en esos escritos podrían estar algunas de las claves para aclarar muchos casos, pero asegura que no logra que la Administración Pública los entregue.
La lentitud de los juzgados
Paloma Pérez tiene descubrió hace diez años que era una niña robada. Un análisis de ADN demostró que aquella que siempre había creído su madre, no lo era. Según los documentos que acreditaban la maternidad, la mujer habría dado a luz dos veces en tan solo una semana en marzo de 1957. El Juzgado de lo Penal Nº24 de Plaza de Castilla sobreseyó el caso 19 de septiembre de 2013. Fue entregada cuando era solo un bebé, pero la sentencia dictaba que “a pesar de que la querellante ha aparecido en varios programas de televisión {...} no existe que se conozca ninguna denuncia o reclamación por parte de persona alguna que permita identificar a la que sea o haya sido la madre biológica de la querellante”.
La Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso el 13 de enero de 2014, pero la causa avanza con lentitud. Paloma cree que la solución puede estar en los libros de registro de la clínica Santa Cristina y la maternidad O'Donnell, dos los centros donde presuntamente se llevaba a cabo el robo de bebés. Su abogado, David Serra, sostiene que se trata de un problema político de falta de voluntad y que no interesa solucionar el asunto.
La justicia también está actuando con parsimonia en el caso de Juani Fernández. Tiene una partida de nacimiento falsa de su hermano del Arzobispado de Madrid. Juani quiere que se busque en los libros de partos de Santa Cristina y en el Registro Civil las madres que parieron el mismo día en el que nació su hermano, pero en la actualidad su caso se encuentra sobreseído provisionalmente en la Audiencia Provincial de Madrid.
Pruebas caras en una oficina “inoperativa”
En febrero de 2013, el Ministerio de Justicia abrió una oficina en la calle La Bolsa de Madrid para atender a las víctimas de los niños robados. “Vamos a poner todo nuestro empeño y dedicación para que los casos se puedan esclarecer”, aseguraba entonces el secretario de Justicia, Fernando Román. Pero todos los afectados y abogados con los que ha contactado eldiario.es hablan de la “inoperatividad” de la oficina.
El denominado Servicio de Información de posibles casos de bebés robados ha presentado recientemente las cifras sobre sus primeros 12 meses de actividad. En total 476 personas de diferentes comunidades autónomas han utilizado el servicio y 213 han aportado perfiles genéticos, por ahora sin ningún caso resuelto. Una cifra poco halagüeña, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que SOS Bebés Robados del País Vasco asegura tener cerca de 2.000 pruebas genéticas y la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) alrededor de 2.000 expedientes.
La oficina dispone de un banco de datos de ADN. Pero las pruebas no son baratas. El servicio madrileño, el único que existe en todo el país, remite a dos laboratorios: Genómica y CGC Genetics, donde cifran el coste del análisis en 120 y 110 euros, respectivamente.
A pesar de los datos, Carmen de Troya, directora de la oficina, insiste en al servicio ha sido útil en algunos casos y que está en manos de los afectados obtener un mayor rendimiento. En cuanto a la posibilidad de una gratuidad de las pruebas, alude a la actual coyuntura económica. Por el momento no anuncia ningún cambio que sirva para obtener unos resultados más positivos.
