La amenaza de cambiar la ley del aborto lleva meses sobre la mesa. Sin embargo, el ministerio aún no tiene un borrador de la reforma. Así se lo ha transmitido el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, a varias representantes de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres en la reunión que han mantenido hoy. El ministerio sí ha manifestado su voluntad de que el anteproyecto de ley esté listo a lo largo de este trimestre.
La Plataforma lleva meses pidiendo un encuentro con el ministerio para tratar la reforma del aborto que Gallardón ha anunciado en tantas ocasiones. La primera vez que lo solicitaron fue en septiembre de 2012, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando Justicia las ha citado. El ministerio, sin embargo, no ha les concretrado ninguna de las líneas de la próxima ley ni tampoco a qué expertos está consultando.
“Nos llama la atención que después de tantos anuncios y noticias no hayan podido concretarnos nada. Les hemos transimitido la necesidad de no generar alarma: muchas mujeres llegan ahora a las clínicas preguntando si lo que van a hacer es legal o no, precupadas. Están generando un daño a las mujeres: si ahora hay una ley vigente dejemos que la gente siga acogiéndose a ella sin miedo”, ha dicho la portavoz de la plataforma, Isabel Serrano. El secretario de Estado no les ha confirmado ni desmentido ninguna de las afirmaciones de Gallardón sobre la futura norma. Por ejemplo, su intención de eliminar la posibilidad de abortar en caso de malformación del feto.
Fernando Román sí ha admitido que la norma ahora vigente tiene presunción de constitucionalidad. “Hemos recordado que la ley actual tiene presunción de constitucionalidad, hasta que se demuestre lo contrario. El secretario de Estado nos ha dado la razón y no ha argumentado cuál es entonces la razón para cambiar la ley”, ha dicho Serrano. Román les ha explicado también que la reforma está debatiéndose entre varios ministerios y en el propio Consejo de Ministros.
“La única razón que nos ha dado para cambiar la ley es que hay debate y necesidad social. En las clínicas desde luego vemos todo lo contrario: con esta ley hay más seguridad entre los profesionales y entre las mujeres que acuden”, asegura Blanca Cañero, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai). La asociación ultima un informe en el que, basándose en cientos de entrevistas a mujeres que acuden a las clínicas, concluyen que la mayoría acudirían a abortos clandestinos si la ley les impidera interrumpir voluntariamente su embarazo. “Las que se lo pudieran permitir económicamente se irían fuera a hacerlo”, dice Cañero.
La Plataforma ha ofrecido a sus expertas en, por ejemplo, derecho constitucional o diagnóstico prenatal, y enviará información al ministerio para que sea tenida en cuenta “no solo a posteriori, sino también antes de elaborar el anteproyecto”. “Pedimos un debate sensato, que tenga en cuenta todos los elementos sanitarios, jurídicos y sociales”, concluyen.