José Francisco López no daba crédito cuando le llegó su primera nómina. “Cuando vi que cobraba 800 euros menos, no me lo podía creer”, recuerda hoy. La Universidad de Castilla-La Mancha, para la que investiga con una de las nuevas ayudas Margarita Salas, había pagado las cuotas patronales a la Seguridad Social, las que le toca abonar a la empresa, con parte del dinero que tenía que haber ido a su nómina.
También le sucedió a Paula González, investigadora de la Universidad del País Vasco que actualmente trabaja en Estados Unidos. Y según cálculos de este diario a partir de fuentes sindicales y de científicos afectados, le está sucediendo al menos a más de un millar de investigadores. A uno de cada dos beneficiarios bien de una Margarita Salas, como González y López, o de una María Zambrano, las dos nuevas ayudas que creó el exministro de Universidades, Manuel Castells, para formar y atraer a España parte del talento que se ha perdido en las últimas décadas más allá de nuestras fronteras.
Varias universidades españolas están utilizando el dinero que debería ir destinado a las nóminas de estos investigadores excelentes para pagar las cuotas a la Seguridad Social que les corresponden como empresas ante la ambigüedad de la convocatoria y de las instrucciones del Ministerio de Universidades, que dio libertad a los centros para “decidir la forma jurídica de vinculación de las personas beneficiarias”. Pero, denuncias mediante, el Estado dice que esta práctica es ilegal.
Lo ha hecho la administración, a través de la Inspección de Trabajo, y lo ha ejecutado la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que tras una denuncia de CCOO ha dado la razón a 80 investigadores de la Universidad de Valladolid: los trabajadores tienen derecho “a cobrar íntegramente” las cantidades brutas estipuladas por el ministerio en la oferta inicial. Aclara la sentencia judicial que los afectados no deben sufrir ningún tipo de recorte en su salario para pagar la cuota patronal —el impuesto que paga mensualmente una empresa por cada empleado— y califica de “nula e injustificada” esta práctica empresarial por parte de la institución.
En la Comunitat Valenciana ha sido la Inspección de Trabajo la que ha dado la razón al personal investigador a través de una denuncia del Sindicat de Trebelladores de l'Ensenyament del País Valencià. La resolución del organismo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, determina que la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia cometen una “práctica ilegal” al descontar de la nómina de los científicos la cuota patronal. Argumenta la inspección, en línea con el TSJCL, que lo prohíbe la normativa laboral y la de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda.
No son las únicas universidades en el punto de mira: por ahora, tal y como ha podido certificar esta redacción, se han interpuesto denuncias colectivas o individuales ante el Juzgado de lo Social o la Inspección de Trabajo contra la Universidad Complutense de Madrid, la Rey Juan Carlos, la Autónoma de Madrid, la de Alcalá de Henares, la Universidad de Murcia, la de Castilla-La Mancha, la de Cantabria, la de Alicante y la de Castellón.
También hay casos en los que se ha hecho bien desde el principio. Las fuentes consultadas explican que tienen constancia de que la Universidad de Oviedo, la Universidad de Salamanca y la Politécnica de Madrid están pagando las cuotas de sus fondos desde el principio. También se están dando casos de centros que asumen la sentencia sin esperar a que les obliguen. La Universidad de Córdoba ha anunciado este mismo miércoles, a raíz de esta información, que asumirá los costes laborales de sus investigadores y compensará el dinero que han perdido por el camino, a falta de encontrar la fórmula jurídica de hacerlo.
“Es un perjuicio económico”
Los contratos posdoctorales Margarita Salas y María Zambrano fueron aprobados en abril de 2021 por el entonces ministro Manuel Castells para fomentar la movilidad, recualificación y atracción de talento entre el personal docente e investigador. Contaban con una partida de 387,15 millones de euros que provenían de fondos de la UE. Siguiendo lo publicado en el BOE, el importe mensual de las ayudas Margarita Salas para los posdoctorales se estipuló en 3.500 euros brutos para los que solicitasen realizar la estancia en el extranjero y 2.800 euros brutos para los que quedasen en el territorio nacional, siempre vinculados a una universidad. Para las María Zambrano, que exigen más experiencia, ofrecían 4.000 euros brutos al mes. Se ofertaron, en la primera convocatoria, un total de 2.516 plazas para todas las universidades españolas.
Sin embargo, que los contratos para los investigadores estén financiados con ayudas públicas no exime a las universidades de pagar los importes correspondientes a la Seguridad Social. El TSJ de Castilla y León explica en su escrito judicial que “el hecho de que la Universidad reciba los fondos correspondientes a la subvención no determina que pasen a integrarse en su patrimonio, pues se trata de una subvención finalista” y no puede “administrar los mismos como le convenga”, por lo que “tiene que dedicar dichos fondos a la cobertura de los gastos para los que son concedidos, criterio que se refuerza con el hecho de que, en caso de incumplimiento, debería proceder a su reintegro al Ministerio”. Las universidades son meras gestoras de ese dinero.
Por su parte, la Inspección de Trabajo indica en su dictamen que esta actuación empresarial significa “un perjuicio económico” para los afectados y “una merma retributiva de las cantidades que tenían derecho a percibir en contraprestación” por su trabajo. Además, define la situación como una “infracotización” para el personal investigador y docente y “consecuentemente de sus respectivas bases de cotización, con repercusión en el Sistema de la Seguridad Social”. La UPV, consultada por este diario, indica que el equipo rector está decidiendo si recurrir o acatar el dictamen. Ambas resoluciones han servido de acicate para que más doctoras y doctores reclamen la totalidad de su salario.
Porque de la nómina que prometía el BOE a la que han ingresado muchos de ellos ha ido todo un mundo. Los investigadores se sorprendieron al comprobar que su primera nómina era hasta un 30% menos de lo esperado. José Francisco López, el investigador que está perdiendo 800 euros cada mes, explica que tenía un contrato postdoctoral, pero que cambió a una ayuda Margarita Salas creyendo que así mejoraría su estabilidad económica, la gran demanda en el mundo investigador. “Muchos compañeros están rechazando sus contratos por esto”, lamenta. En esta línea, otro científico beneficiario de la ayuda Zambrano —que prefiere mantener su anonimato— denuncia estar cobrando 2.990 euros brutos en su nómina, es decir, 1.010 euros menos de lo prometido. “Volví a España tras 20 años investigando en el extranjero y me arrepiento de la decisión”, confiesa.
Algunas universidades –no todas– estaban avisando de las reducciones por la cuota patronal en sus convocatorias de las ayudas. La Complutense de Madrid indica que “la retribución bruta mensual es de 2.111 euros, que junto a la cuota patronal supone el total de los 2.800”. Sin embargo, otras como la Universidad de Castilla-La Mancha, la de Murcia, la del País Vasco, la Autónoma de Madrid o la propia Universidad de Valencia, entre otras, no lo señalaban claramente. “Al hablar de euros en bruto, si lo lees, piensas que hablan del IRPF u otros impuestos, no del importe que debe pagar una empresa por la actividad del empleado”, indica López.
Tanto CCOO como el personal investigador presentaron quejas en persona y por escrito, pero lamentan que fueran ignoradas por las universidades.
Cuando asumes el contrato de un investigador, aunque sea con una ayuda, aceptas una serie de gastos, igual que la antigüedad o la indemnización por fin de contrato
El Ministerio de Universidades explica a este periódico que “cada universidad puede decidir la forma jurídica de vinculación de las personas beneficiarias”, y que la mayor parte de centros han optado porque dicha vinculación se dé mediante un contrato, “lo que, evidentemente, lleva asociados unos costes, como la cuota patronal”. Las fuentes del departamento que dirige Joan Subirats subrayan que han sido las universidades quienes especificaron las condiciones de los contratos, y que de ellas dependía “si el importe de la ayuda que recibía el beneficiario era el que aparecía en la orden, para lo cual la universidad complementaba la ayuda con los costes patronales, o si, por el contrario, detraía de la ayuda recibida dichos costes”. La Justicia dice ahora que no dependía tanto de ellas.
“Que puedan decidir la forma jurídica de vinculación no significa que puedan saltarse la ley. Según la normativa de Seguridad Social de Hacienda Real Decreto 8/2015, la cotización comprende dos aportaciones: la parte de los empresarios y la parte de los trabajadores”, contrapone Jesús Escribano, secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid.
La Ley General de Seguridad Social, por la que la Sala de lo Social del TSJ da la razón a lo denunciado por CCOO, señala: “Será nulo todo pacto por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario”. “Cuando asumes el contrato de un investigador, aunque sea con una ayuda, aceptas una serie de gastos, igual que la antigüedad o la indemnización por fin de contrato”, censura el sindicalista, y opina que “hacen estas prácticas ilegales por asuntos presupuestarios”.
Paula González, investigadora con una ayuda Margarita Salas en el extranjero por la Universidad del País Vasco y afectada por la reducción de la cuota patronal de su nómina, añade que no es solo que ellos estén pagando las cuotas, es que las universidades están sacando beneficio económico de la situación: a la hora de declarar ante Hacienda, recuerda la investigadora, el organismo fiscal da una bonificación del 40% de la aportación empresarial por contratación de investigadores. El investigador pone el dinero de la cuota, la universidad recibe la bonificación fiscal. “No solo contratan a personas a coste cero sino que ganan dinero por tenerlas”, asegura.
Universidades que sí pagan la cuota patronal
Uno de los mayores argumentos del personal investigador para conseguir la retribución de su salario es que ha habido universidades que sí pagan los gastos de la Seguridad Social por tener un trabajador contratado. Al menos la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de Salamanca (USAL) siguen este método, ha podido comprobar este diario.
Desde la UPM, después de que los medios de comunicación publicasen las denuncias del personal investigador, sacaron un comunicado en el que aseguran pagar “la cuota patronal de los 112 beneficiarios, con cargo a sus fondos propios por un importe de 2,7 millones de euros”.
La USAL dice que escuchó las demandas de los docentes e investigadores. Estos se quejaron de que, en un primer momento, extrajeran de sus nóminas la parte que el centro debía pagar a Hacienda. Tras ello, modificaron los contratos de las ayudas Salas y Zambrano con un carácter retroactivo. “Deben equipararse las condiciones retributivas contempladas en los contratos de 2021 con las de la nueva convocatoria abierta, en el sentido de no incluir en la cuantía de las ayudas los costes laborales patronales”, se lee en una comunicación interna de la USAL al personal investigador en mayo de 2022 a la que ha tenido acceso elDiario.es. La comparativa de las nóminas de antes y después certifica esta afirmación.
Investigar en el extranjero y perder dinero
Los investigadores explican que los casos más notorios son los de investigadores y docentes que aceptaron las ayudas y se fueron al extranjero. Se evidencian porque, lejos de conseguir la estabilidad económica prometida desde el Gobierno y “revalorizarlos”, en algunos casos se han precarizado más que con contratos anteriores, cuentan.
El investigador López trabajó en una estancia de tres meses en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Pero tuvo que poner dinero de su bolsillo para poder acabarla. “Al solicitar esta ayuda no podemos pedir otras y la vida fuera es mucho más cara”, relata. Su investigación, en la que determina que uno de cada cinco niños presenta trastornos alimenticios, fue reconocida y premiada en España y en el extranjero. “Pero si no hubiese tenido el privilegio de costearme la estancia fuera no se hubiese hecho la investigación”, critica. “Damos un servicio a la sociedad que nos encanta, pero me gustaría que pudiese ser de una forma más estable”, censura. Además, añade que le sorprende que el argumento de la UCLM fuera que no podían pagarles más, pero poco después sacase una segunda convocatoria de ayudas.
No me ha quedado otra opción que ir al Banco de Alimentos en Estados Unidos y está siendo un año muy duro
Paula González trabaja desde hace un año con una estancia en el extranjero en la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, con una técnica de impresión nueva en materiales de biomedicina. “Había recibido otra beca en Alemania que rechacé porque se suponía que esta era más solvente. Con la Margarita Salas iba a cobrar 42.000 euros anuales y estoy cobrando unos 32.500. Al final recibo unos 1.800 euros y la vida aquí es muy cara”, explica.
González confiesa que está haciendo uso del banco de alimentos del Estado: “Aquí si cobras menos de 40.000 dólares anuales tienes acceso al banco de alimentos. No me ha quedado otra opción y está siendo un año muy duro”, asegura. Y explica que sus compañeros no pueden creer la situación en la que se encuentra: “El que menos gana está por encima de 55.000 dólares”. “Me encanta mi trabajo y voy a llevar cuatro impresoras innovadoras de vuelta a España. Pero esto quema demasiado. Sé que las universidades están infradotadas económicamente, pero que te desatiendan así duele”, lamenta la científica.
Si tienes más datos sobre este asunto o conoces casos similares, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es
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