El Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid ha condenado a la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, a dos años y cuatro meses de cárcel como autora responsable de un delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantener a éste aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar.
Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se le pena también a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante cuatro años. Se le absuelve además de un delito de abandono. Además, deberá indemnizar al padre del menor, en concepto de daños morales, en la cantidad de 5.000 euros. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de diez días ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En el juicio, celebrado el pasado 1 de octubre, Sevilla alegó que no tenía constancia del auto del juez que le obligaba a entregar a su padre al pequeño, que entonces tenía once años. Su defensa solicitó la libre absolución, mientras que la Fiscalía de Madrid pidió una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular en nombre de su exmarido elevó la solicitud a cuatro años y medio.
María Sevilla fue detenida en marzo de 2019 en la localidad conquense de Villar de Cañas, y tras ser puesta a disposición judicial, quedó en libertad con cargos. La mujer se encontraba en busca y captura desde septiembre de 2018 por incumplir la sentencia judicial que otorgaba al padre la custodia de su hijo y después de que se archivara una denuncia por abusos sexuales contra el hombre interpuesta por la propia Sevilla.
Ese fue el comienzo de una investigación policial contra la asociación Infancia Libre, una organización creada para apoyar a las familias que denunciaban abusos sexuales contra sus hijos e hijas y que pedía modificaciones legislativas en este sentido. La Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Plaza de Castilla elaboró un informe en el que acusaba a esta asociación de organización criminal dedicada a presentar denuncias falsas por abuso sexual. Para los agentes funcionaba como una trama criminal que animaba a madres a denunciar a sus exparejas, acusándolas de abusar de sus hijos, con la connivencia de profesionales como una doctora, una abogada y un psiquiatra. Mientras, no permitían a los padres ver a sus hijos.
Sin embargo, la Fiscalía de Madrid archivó la causa al concluir que no se ha podido establecer una conexión “directa” entre la asociación y muchas de las mujeres que fueron investigadas, y además la mayoría de los casos se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando ésta ya había dejado de tener actividad.