Ningún juzgado estaba investigando los malos tratos que sufría la pequeña de cuatro años que murió el pasado jueves en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid después de sufrir una agresión sexual y una paliza y que fueron denunciados 22 días antes. La niña ingresó prácticamente muerta y horas después tanto su madre como su nueva pareja fueron detenidos como presuntos responsables de los hechos. Del caso se hizo cargo el juzgado de Instrucción número 6, que estaba de guardia. Si otro juzgado estuviese trabajando en la causa, el juzgado de guardia se habría tenido que inhibir casi de inmediato, pero no fue así. El atestado policial instruido el día 12 de julio, estaba perdido, según indicaron fuentes judiciales a eldiario.es.
El protocolo por malos tratos contra la menor se había activado el 11 de julio, cuando un pediatra que la examinaba por morderse los labios hasta sangrar, detectó falta de higiene y hematomas compatibles con una agresión. Sin embargo, cuando la madre prestó declaración ante la Policía, explicó que su hija era muy movida y que solía pelearse con su hermana de 12 años. Además de eso, se presentó a sí misma como una víctima de violencia de género al relatar a los agentes que su expareja y padre de la pequeña, la maltrataba psicológicamente.
El atestado policial, con los supuestos malos tratos que sospechaba el pediatra pero con la parte en la que la madre decía ser una víctima destacada en negrita, llegó hasta el juez de Violencia Sobre la Mujer. Cuando declaró el día 15, el titular del juzgado no tuvo más remedio que archivar, porque la mujer reconoció que su ex ni la había insultado, ni la había amenazado, simplemente discutían mucho. El hombre la había dejado poco antes para irse a trabajar fuera de España.
Pero eso ya produjo un retraso muy importante: el caso de maltrato infantil pasó a un segundo plano. Se había priorizado un posible caso de violencia de género que no era tal. Con la denuncia de la mujer archivada, el atestado volvió de nuevo al juzgado de guardia, que lo remitió al Decanato para el turno de reparto.
La Fiscalía de Menores, a la que también llegó el atestado con el posible caso de maltrato infantil pero que se había tramitado como un caso de violencia de género puso el caso en manos de la Gerencia de Servicios Sociales el día 19, una notificación que se hace siempre en casos que afectan a menores. La Gerencia lo recibió el 21, pero lo retrasó tres días más por ser viernes, y acabó por entrevistar a la madre el día 26. Tras acordar una segunda cita en el domicilio porque algo no cuadraba, la mujer la anuló. Este paso debería haber encendido más alarmas: una cita de los servicios sociales tiene la misma importancia que una citación judicial. La cita alternativa también falló. Al día siguiente la niña agonizaba en un hospital.
Fuentes judiciales explican que la Policía tuvo varias opciones, la primera realizar dos atestados, uno sobre los malos tratos a la niña y otro sobre el supuesto maltrato psicológico que sufrió la madre. Además, al no recibir ninguna diligencia judicial sobe el caso que afectaba a la menor, pudo contactar con el juzgado o el fiscal de guardia, de lo que no existe constancia.
La madre de la niña, militar de profesión, ingresó ayer en el Centro de Penitenciario de Valladolid, en el módulo de mujeres. Lo mismo ocurrió con su pareja, exmilitar de profesión, que se encuentra en el módulo 2. Ni en su declaración policial ni en la judicial habló nunca de él. Irrumpió en el caso cuando llamó a los servicios de emergencia diciendo que la niña estaba “muy mal”.
La juez del caso ordenó el registro del domicilio familiar, si bien al estar el caso bajo secreto de sumario no ha trascendido si se hallaron pruebas de relevancia. Fuentes de la investigación comentaron a este diario que el estado del cuerpo de la pequeña impresionó tanto a los médicos que la trataron, como a los propios funcionarios judiciales.