Los juzgados infrautilizan las valoraciones forenses del riesgo en los casos de violencia machista

Un uso escaso, casi testimonial. Es lo que ocurre con las valoraciones forenses del riesgo, una de las herramientas puestas a disposición de los órganos judiciales para ayudar a los jueces a decidir sobre la protección de las víctimas de violencia de género tras denunciar. Según datos facilitados por el Ministerio de Justicia a elDiario.es, apenas están implantadas en España: en 2019, último año disponible para todo el territorio nacional, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses hicieron 2.152 estudios de este tipo. El número de sentencias dictadas entonces, aunque no todas emanan de procesos iniciados ese mismo año, permite hacer una aproximación: la cifra supone un 4,15% de los 51.790 casos juzgados.

Sin embargo, es un instrumento que expertas y organismos creen útil para atajar la violencia machista en el seno de la pareja o expareja, que se ha cobrado ya la vida de 30 mujeres en lo que va de año tras los dos asesinatos confirmados este miércoles en Málaga y Tarragona. Ya desde hace años la Fiscalía advierte de esta falla: “Siguiendo la tónica de años anteriores continúa este siendo un recurso infrautilizado”, lamenta en su última memoria sobre el Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo. Esta evaluación, la urgente, es una de las que pueden solicitar los magistrados para ser aplicada por el médico forense en 72 horas, es decir, implica una reacción más o menos inmediata tras la denuncia. Pero también están las valoraciones integrales, aquellas que se pueden pedir en la fase de investigación, con el proceso más adelantado. Son más amplias y multidisciplinares: las hacen psicólogos y trabajadores sociales, además de forenses.

Ninguna de las dos están extendidas, confirman varios forenses consultados por elDiario.es. Las peticiones de valoraciones urgentes, que se hacen en base al protocolo puesto en marcha en 2011, “se cuentan con los dedos de las manos”, señala José Amador Martínez Tejedor, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos, Ávila, Segovia y Soria. “Es testimonial”, confirma Rosa Roig, médico forense del de Valencia. También en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen constancia de que su uso “es muy escaso”.

Y eso pese a su utilidad, en la que coinciden expertas e instituciones: el protocolo es aplicado a petición del juez, Fiscalía o las partes, y da como resultado un informe que realiza el forense. El magistrado puede usar esta información de forma complementaria al atestado y valoración policial del riesgo a través del Sistema VioGén, los testimonios y otras pruebas. De todos estos factores dependerá, en definitiva, la decisión que tome sobre el grado de protección de la víctima y la proporcionalidad de las medidas aplicadas al presunto agresor (orden de protección, prisión provisional, suspensión de comunicación...) tanto como medida cautelar como en el juicio rápido, en el caso de que sea la fórmula aplicada.

Para intentar impulsar su uso, el protocolo fue actualizado el pasado año por Justicia, y entre sus novedades incorporó un instrumento para que cuando VioGén detecta vulnerabilidad o riesgo en el caso de que la víctima tenga hijos o hijas menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propongan que se haga valoración forense. Lo mismo, pero en casos de especial relevancia, incorpora el llamado Formulario Cero, una nueva herramienta destinada a usar los testimonios del entorno para proteger a las víctimas. Esta fue una de las medidas incluidas en el catálogo de reformas “urgentes” impulsado por el Ministerio de Igualdad tras el repunte de asesinatos machistas, que contempla también formación para agentes y operadores jurídicos.

Según Rafael Bañón, presidente del Comité Científico-Técnico del Consejo Médico Forense, la renovación del protocolo ha supuesto “en algunos territorios un incremento muy grande de las peticiones” tras su entrada en vigor, que fue posterior a 2019. Con todo, datos de Justicia más actualizados solo para las comunidades que no tienen las competencias transferidas revelan que su uso está lejos de generalizarse: en 2020, un año alterado por la COVID, se hicieron 149 valoraciones y hasta junio de 2021, solo 109.

Mejor cuanta más información

“Es un elemento fundamental de prevención, no hay nada mejor que tener más elementos para valorar el riesgo; el juez ya cuenta con la policial, que es muy potente, pero esta no evalúa al denunciado, que es una pata muy importante. La que hacemos es más precisa y completa”, opina Martínez Tejedor. Desde el otro lado, lo confirma la magistrada y experta en violencia de género, Lucía Avilés, para la que “cuando se trata de decidir, es mejor tener la mayor información posible”. El protocolo de aplicación urgente implica “hacer una foto” del momento que “puede proporcionarnos una información adicional que quizá en muchos casos evitaría ese automatismo al que a veces se tiende cuando solo se contempla la valoración policial”, asume la también fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE)

Pero tampoco las valoraciones forenses integrales, que no son sobrevenidas, sino que se pautan a lo largo del proceso, se solicitan con asiduidad. En este caso, ya no se trata de hacer un informe de urgencia, sino que es una evaluación más completa realizada por un equipo multidisciplinar que valora al denunciado, a la mujer y a sus hijos e hijas. El informe resultante también ayuda al juez a tomar decisiones, pero puede solicitarse más allá de las primeras 72 horas. Suelen realizarse en las llamadas Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), sobre las que hay consenso en que aún no están lo suficientemente generalizadas.

Martínez Tejedor explica que los casos en los que se solicita esta evaluación son aquellos en los que “se quiere profundizar en la situación porque se ve más compleja y se requiere de valoraciones extra por ejemplo en supuestos de violencia psicológica”. La propia Fiscalía ha calificado de “esencial” la “total implantación de estas unidades” que identifica como “especialmente útiles” en los supuestos de violencia habitual, maltrato psicológico o acoso, mientras que las expertas las consideran una herramienta clave a la hora de decidir sobre custodias o regímenes de visitas para mermar el riesgo de los hijos e hijas.

“Estamos desaprovechándolo”

Y entonces ¿por qué no se generalizan estas valoraciones? Todas las voces consultadas apuntan a cierto desconocimiento entre los magistrados y a la inercia instalada en los juzgados unida a la sobrecarga de trabajo. “Las decisiones en el juicio rápido son muy ágiles, y aunque vayamos deprisa son varias horas, porque hay que verla a ella, a él, analizar el caso... Lleva tiempo, no se hace en cinco minutos y mientras tanto el juez tiene que tomar decisiones de muchos casos en una sola jornada”, explica Martínez. Avilés también apunta a la “premura” y sobrecarga que los propios forenses suelen tener en las guardias, sobre todo aquellos que no se dedican de forma exclusiva a la violencia de género y deben atender casos de muy diferente naturaleza y a veces trasladarse muchos kilómetros de un lugar a otro para hacerse cargo.

Angeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, añade en este sentido que “no en todos los juzgados se dispone de un médico forense de guardia, especialmente en los pueblos”, lo que dificulta la aplicación del protocolo de valoración urgente del riesgo. No es el caso de Valencia, dice Rosa Roig, donde hay uno exclusivamente para estos casos “y aun así no se solicita”. “Al igual que ocurre con otros delitos, es algo que debería generalizarse más. Si no tenemos la conciencia de que es útil, al igual que lo es la pericial económica en un delito fiscal, estaremos desaprovechando una herramienta importante”, cree Avilés, que apunta también a la “falta de voluntad”. Por su parte, la Fiscalía alude al inconveniente de “conseguir estos informes en el breve espacio de tiempo que aconseja la tramitación procesal” y destaca como ejemplo positivo el caso de Granada, que ha elaborado un protocolo para tenerlos en 24 horas.

Algo similar señala para el caso de las Unidades de Valoración Forense y sus evaluaciones integrales, sobre las que “se han hecho importantes avances”, pero son equipos lastrados por la sobrecarga y falta de medios y “aún carecen de personal suficiente” para emitir informes “en un tiempo razonable”. En la mayoría de territorios se tarda entre los 2 meses de Zaragoza y los 4 de Gipuzkoa, añade el organismo en su memoria. En las provincias que dependen del Instituto de Medicina Legal que dirige Martínez Tejedor hay una UVFI por provincia, pero no todas tienen los mismos habitantes ni reciben la misma cantidad de asuntos, y ya solo con las labores habituales que realizan “hay mucho trabajo”, confirma el médico forense.

Minimización del riesgo

Para Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género e impulsor en su momento del protocolo de valoración urgente, la escasez de este tipo de evaluaciones tiene su origen también en cómo se percibe la violencia de género y lo achaca a una falta de voluntad por parte de los y las magistradas: “No hay una percepción del riesgo tal cual realmente es, ni tampoco de la construcción cultural y estructural que está permitiendo la posesión y el dominio del agresor, por lo que hay una especie de aceptación de estos elementos que dan significado a la violencia de género porque están socialmente normalizados, lo que hace que se minimice el riesgo”.

Justicia, ahora con la jueza experta en violencia de género Pilar Llop a la cabeza, lleva tiempo inmerso en un proceso de impulso de estas herramientas. Con la actualización el pasado año del protocolo se elaboró un nuevo plan de difusión y comunicación, además de introducirlo en la formación inicial de los médicos forenses, explican fuentes del departamento a elDiario.es. También ha puesto en marcha un proyecto piloto en los institutos de medicina legal de Murcia, Toledo y Mallorca para “reforzar” su especialización en violencia de género y se ha impulsado un Plan de Mejora de las UVFI en aquellas comunidades que no tienen las competencias en justicia transferidas del que se esperan todavía medidas concretas.