El 'latido fetal' no es una ocurrencia de Vox: así es la estrategia internacional para recortar el derecho al aborto

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y su consejero de Sanidad han hecho notables esfuerzos por no desmentir las medidas antiaborto anunciadas por Vox, que finalmente parecen salir adelante aunque no se sepa bien cómo se aplicarán. Pero el asunto trasciende a la propia comunidad autónoma. Y es que la propuesta de ofrecer 'latidos fetales' o ecografías a las mujeres que quieren abortar no es una ocurrencia del vicepresidente castellanoleonés, Juan García Gallardo. Ni siquiera de la formación de extrema derecha. Hay toda una ofensiva orquestada internacionalmente para intentar restringir el derecho al aborto de la que Vox bebe y que ya ha logrado sus objetivos en algunos países.

“Sabemos que es una estrategia global y las medidas y campañas ni siquiera se piensan desde aquí, sino que van recorriendo diferentes países del mundo. En el tema del aborto ahí están Hungría, que obliga a las mujeres que quieran abortar a escuchar el latido, o Polonia, pero es el mismo funcionamiento que con el 'pin parental' que Vox trajo aquí pero que vimos también en el Brasil de Bolsonaro o en Francia”, explica Silvia Aldavert, presidenta de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya.

Las propuestas, que abarcan derechos sexuales y reproductivos y también derechos LGTBI, no son las mismas en distintos territorios por coincidencia, advierten los expertos que llevan monitorizando la actividad de lo que llaman comunidad 'antigénero' desde hace años. De ella forma parte una constelación de actores, asociaciones y partidos políticos que han encontrado en la imposición de esta agenda ultra un objetivo común. Y no van cada uno por su lado, explicaba en esta entrevista el sociólogo David Patternote, que les sigue de cerca: “Comparten estrategias, referentes y discursos”, apuntaba el experto.

Y se organizan para ello. Entre sus espacios clave se encuentra el Congreso Mundial de las Familias, un evento anual en el que “definen la agenda” y al que en ediciones anteriores acudieron figuras tan relevantes como Matteo Salvini, la actual presidenta de Italia, Georgina Meloni o el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Aunque tradicionalmente estos encuentros habían pasado desapercibidos para la población general, el último, celebrado en México, tuvo una amplia repercusión mediática por la participación en la delegación española de Tamara Falcó.

El movimiento ultracatólico ha sido detalladamente analizado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), que asegura en su último informe que la financiación que manejan estos grupos se ha cuadruplicado en diez años. La investigación destaca Francia, Italia, Alemania, España y Polonia como los países base de las fundaciones 'antigénero' más importantes y describe una “estrategia cuidadosamente orquestada” contra el avance de derechos que ya “está produciendo resultados concretos” en algunos países.

“Ya vimos como en 2011 Texas empezó a plantear las llamadas 'leyes del latido' y vimos cómo se fueron instaurando en otros estados durante ocho años y haciendo el trabajo de cambiar el imaginario y las normativas de todo Estados Unidos hasta conseguir que se tumbara la sentencia”, avisa Aldavert, que se refiere a aquellas legislaciones que solo permiten el aborto hasta la semana en la que empieza a escucharse el latido, aproximadamente entre la sexta y la 12.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de revocar la sentencia que garantizaba el derecho al aborto, muchos estados se lanzaron rápidamente a prohibir la intervención o a complicar su acceso. Actualmente, es inaccesible en 14 estados y en otros ocho los tribunales han bloqueado temporalmente su prohibición, según datos del Guttmacher Institute, informa Javier Biosca.

Aunque los expertos tienden más a vincular la decisión del Supremo del pasado verano con la influencia de la derecha cristiana en el país, la noticia dio alas al movimiento 'antigénero' a nivel global. “En el mundo provida vemos esto como una ola que tenemos que surfear todos juntos para que este impulso que llega de Estados Unidos se vea como un reflejo que ya existe en Europa y en nuestro país”, llegó a decir entonces la eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa en una entrevista en 7NN.

Los tentáculos en España

En la misma línea expresó Jaime Mayor Oreja en la manifestación que recorrió Madrid contra el aborto solo dos días después del pronunciamiento del Supremo estadounidense. “El debate de la cultura de la vida no está cerrado”, dijo el exministro popular, uno de los actores más destacados de la agenda ultra a nivel internacional y presidente de Federación One of Us, con sede en Bruselas y una de las más poderosas y activas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

En la órbita española destacan también las organizaciones HazteOir y CitizenGo, presididas por Ignacio Arsuaga y con las que Vox no solo comparte discurso e ideas, sino nombres propios. Y es que el auge electoral de la formación permitió la entrada de figuras vinculadas a HazteOir y otros lobbies ultras en las instituciones como diputados. Un ejemplo fue el de la diputada en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya, que fue portavoz de Derecho a Vivir, una plataforma antiaborto fundada por HazteOir y que puso en marcha la llamada 'Ambulancia Vida', un vehículo que a las puertas de las cínicas de aborto ofrece ecografías a las mujeres que entran para que “puedan saber que su hijo está vivo y su corazón late” y decidan no abortar.

Todo apunta a que la batalla por el aborto será una de las puntas de lanza del partido de Santiago Abascal en este año electoral. Al menos así lo pronostica Aldavert, para quien los derechos sexuales y reproductivos y LGTBI son “dianas clave a las que apunta” la ultraderecha y de las que “saca rédito político”.

De ahí que la experta advierta de la posibilidad de que las estrategias, discursos y políticas públicas antiaborto “se acaben replicando” en territorios en los que la extrema derecha “pueda ir ganando espacio” a pesar de “ser medidas que vulneran los derechos humanos y los instrumentos internacionales que existen en relación con el acceso al aborto”, puntualiza Aldavert, que remacha la importancia de que las comunidades autónomas sean las competentes en materia de sanidad.

De hecho, serán las encargadas de poner en marcha una parte importante de la futura reforma de la Ley del Aborto y que prevé garantizar las intervenciones en centros de la sanidad pública y regular la objeción de conciencia. Ya en el Congreso, que dio respaldo a la norma a final de año, Vox cargó contra la misma asegurando que las mujeres que abortan provocan un “atentado” contra el “derecho a la vida” y que la mayoría “lo hacen presionadas”.

Un precedente que está en Hungría

La idea del Gobierno de Castilla y León tiene un precedente reciente en Europa. El Gobierno de Hungría impuso en septiembre por decreto la obligación de escuchar el latido del corazón del feto antes de abortar, un requisito que tuvieron que empezar a cumplir todas las mujeres que desearan interrumpir su embarazo. La medida determina que antes de abortar, la mujer debe presentar un documento que certifica que ha recibido información sobre los signos vitales del feto.

En el caso de Polonia, donde gobierna Ley y Justicia (PiS), el mejor aliado de Vox en Europa, la interrupción del embarazo solo se permite en caso de violación, incesto o cuando la vida de la madre se encuentre en peligro, lo que supone una prohibición casi total del aborto. Y todo viene de un Tribunal Constitucional dominado por el poder político que endureció la ley al responder a una querella presentada por un grupo de parlamentarios del PiS, quienes consideraban el aborto por malformación una forma de eugenesia.

Son los dos pasos atrás más evidentes del panorama europeo, pero lo cierto es que el acceso al aborto está lejos de ser fácil en Europa. Así lo demuestra el Atlas Europeo de Políticas de Aborto, publicado por los colectivos IPPF EN y EPF, que puntúa a 52 países y territorios europeos de acuerdo a sus marcos legales para acceder al aborto seguro. El estudio evidencia que “Europa no está tan avanzada en los derechos reproductivos de las mujeres como podría parecer”.

La pelea por restringir el aborto también sucede en el Parlamento Europeo, donde la narrativa ultraconservadora no solo impera en las formaciones de extrema derecha, también se ha trasladado a la familia popular. De hecho, la eurodiputada española Isabel Benjumea, miembro ahora de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a replicar hace un año a la propuesta del presidente francés, Enmanuel Macron, de que el aborto fuera incluido en la carta de derechos fundamentales de la UE. “El aborto no es un derecho. Europa no puede apostar por la muerte, debe apostar por la vida”, afirmó.

El Partido Popular Europeo ha tomado la decisión de pactar con la ultraderecha como aliado imprescindible en el nuevo mapa electoral fragmentado en Europa. Eso sí, lo único que parece pedir su presidente, el alemán Manfred Weber, es que disimulen sus posiciones euroescépticas y su complicidad con el Kremlin, como la que han exhibido Berlusconi, Salvini o Le Pen. La dureza con la migración, contra las políticas de igualdad o los derechos de las mujeres, como el aborto, no parecen importar mucho.