La ley para disolver asociaciones franquistas avanza en el Congreso

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este martes el dictamen sobre la proposición de ley presentada por el PSOE para reformar la ley de asociaciones con el objetivo de abrir la puerta a la disolución de entidades franquistas. El texto ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu, mientras que el PP y UPN se han abstenido y Vox ha votado en contra.

La previsión es que esta norma, que arrancó su tramitación en octubre, sea elevada al Pleno la segunda semana de abril para su remisión al Senado. Al tratarse de una ley orgánica, necesitará un respaldo de al menos 176 diputados (mayoría absoluta) para su aprobación. La reforma busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática y lo que hace es incorporar como causa de disolución la apología del franquismo que cause menosprecio o humillación a las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura franquista.

La norma afecta sólo a las asociaciones, ya que la extinción de fundaciones como la Francisco Franco sigue otra vía y depende del Ministerio de Cultura, que inició los trámites previos el pasado mes de junio.

La modificación que avanza en el Congreso incluye en la ley vigente una disposición adicional para incluir como causa de disolución “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”, bien “ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior”, “enalteciendo” a sus dirigentes, siempre que “concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” del golpe, la guerra o la dictadura o con “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.

Además deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación haya cumplido o no el deber de inscripción registral. La reforma reconoce al Ministerio Fiscal “el ejercicio de la acción en este tipo de procesos” y la “legitimación activa” en esta materia a las asociaciones y entidades memorialistas. Por otro lado, la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial.