La ley de eutanasia entra en vigor mientras las derechas tratan de tumbarla en el Constitucional

La eutanasia es desde este viernes un derecho en España. La Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, aprobada por el Congreso el pasado mes de marzo, entra en vigor este 25 de junio, tres meses después de su publicación en el BOE. El país se adentra en la aplicación de una prestación apenas reconocida por un puñado de estados del mundo y que ha tardado en llegar más de dos décadas después del primer intento y tras la pelea de enfermos, familiares y asociaciones. El reto está ahora en trascender del papel a la práctica, para lo que las comunidades han trabajado a contrarreloj y varias han apurado los plazos al límite. Mientras, planea sobre su aplicación la férrea oposición de los sectores conservadores y los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y Vox.

La mayoría de las comunidades han esperado a esta semana para constituir la Comisión de Garantía y Evaluación, un organismo multidisciplinar formado por personal médico, de enfermería y jurídico que hará una verificación previa y posterior de cada caso y que han tenido tres meses para crear. Algunas como las Islas Baleares, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia o Euskadi se adelantaron, pero otras como Castilla y León o la Comunidad de Madrid han esperado al último momento. En Andalucía ni siquiera se ha constituido el organismo. No todas, además, han nombrado a estas alturas a todos sus miembros. Y lo mismo ha ocurrido con el registro de profesionales objetores de conciencia que prevé la ley.

Con todo, asociaciones y expertos creen que se llega a tiempo para ofrecer la prestación desde este viernes porque estas comisiones no tendrán que actuar hasta pasados unos veinte días desde la primera solicitud. Asumen que hay incógnitas, dudas entre los profesionales sanitarios y necesidad de formación e información, pero las voces consultadas coinciden en que es una norma garantista sobre la que, cree Fernando Marín, médico y presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), “hay un temor exagerado y con el tiempo iremos comprobando que no era para tanto”. Para él el “principal reto” es “pasar de la teoría a la práctica y esto supone superar un montón de prejuicios que los sectores más integristas han puesto encima de la mesa”.

Tanto el PP como Vox, los dos partidos junto a UPN que votaron 'no' a la ley, han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad. Ambos defienden una supuesta conculcación del derecho a la vida recogido en la Constitución. El tribunal ha admitido a trámite el presentado por el partido de extrema derecha, pero rechazó paralizar la norma cautelarmente. Organizaciones ultracatólicas como Hazte Oír o Abogados Cristianos llevan desde su aprobación presionando al presidente el PP, Pablo Casado, para que la recurriera. El anuncio ha llegado este jueves, 24 horas antes de la entrada en vigor de la ley. Por su parte, los hospitales católicos han suscrito una declaración en la que plantean, sin citarla, la objeción a la norma, mientras La Conferencia Episcopal Española ha reclamado, también este jueves, que sus centros sean “libres de eutanasia”. Eso a pesar de que la ley detalla que la objeción es un derecho “individual” de cada profesional y se debe regular mediante un registro.

Despejar los interrogantes con la práctica

Desde Derecho a Morir Dignamente, Marín cree que la ley –que ayudará a terminar la vida dignamente a personas que así lo soliciten ante sufrimientos irreversibles– “funcionará bien” y su demanda “será minoritaria”, como en el resto de países que ya lo aplican: en Holanda se produjeron así en 2019 un 4% del total de fallecimientos, y un 2% en Canadá, donde la ley es más reciente. “Quienes solicitan la muerte voluntaria saben lo que quieren, han meditado y reflexionado largamente y es su último recurso. Iremos aprendiendo a medida que lo vayamos aplicando”, reitera el presidente de DMD. El proceso es exhaustivo y requiere de varias peticiones del paciente. Dos médicos evaluarán el caso, además de la Comisión de Garantía.

“Es algo nuevo, nadie ha hecho este camino antes. Entiendo la inquietud, pero desde mi punto de vista es trasladar a la práctica lo que ya los profesionales sanitarios debemos estar haciendo: escuchar, observar, tratar de entender, evaluar que se cumplan los requisitos y acompañar en decisiones que ya han tomado las personas. No las vamos a tomar por ellas; nos están pidiendo una prestación, no una decisión”, señala Yolanda Muñoz Alonso, presidenta de la comisión de Baleares. Esta enfermera experta en bioética y cuidados paliativos apuesta por individualizar cada caso “porque cada uno tendrá sus peculiaridades” y asegura que frente a las incógnitas, la práctica hará “que una vez que tengamos a la persona delante, todo eso que se plantea en lo abstracto se torne en cuestiones más claras”.

No obstante, el Ministerio de Sanidad está ultimando un Manual de Buenas Prácticas “para orientar la correcta puesta en marcha” de la ley que contempla desde recomendaciones sobre los fármacos a administrar o para el ejercicio de la objeción de conciencia a modelos de los principales documentos. El de qué formación y capacitación deberán tener los profesionales que apliquen la eutanasia es uno de los “interrogantes” que han señalado algunos colectivos sanitarios, como la Organización Médica Colegial, que se ha manifestado en contra de la norma. Desde Sanidad aseguran que se está trabajando con las comunidades en “la coordinación de la oferta de formación continuada específica para los profesionales sanitarios”.

También algunas están ya poniendo en marcha recursos para ello. Es el caso de Baleares que está diseñando acciones formativas en base a las necesidades de los profesionales. “Pueden surgir en diferentes ámbitos, desde el procedimiento reglamentario y la metodología a abordar las cuestiones del sufrimiento, la valoración de la capacidad o relacionadas con los fármacos previstos”, señala Muñoz Alonso. Lo que ha hecho ya el archipiélago es crear una figura no contemplada en la ley, la de “profesionales referentes” ya formados “que colaborarán con los médicos responsables para ayudarles a seguir el procedimiento”.

No obstante, todas las decisiones serán supervisadas por un segundo médico, el que la norma llama “consultor” y todos los casos pasarán por las comisiones de garantía y evaluación. La composición de estos organismos preocupa a Derecho a Morir Dignamente, que temen que aquellas comunidades más conservadoras nombren integrantes que en la práctica obstaculicen la prestación y haya más denegaciones. Sin embargo, Marín explica que “los datos van a cantar pronto y si hay una comunidad con cifras muy bajas requerirá explicaciones”. Los pacientes pueden recurrir las denegaciones ante las comisiones, y si son estas las que rechazan, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Valorar la capacidad del paciente

También cree que las dudas e incógnitas arreciarán “sobre todo ahora al principio” Josep Arimany Manso, que preside una comisión consultiva por los colegios de médicos catalanes. El de Barcelona, del que es director del área de praxis, ha creado ya píldoras y material formativo, mientras que la comisión tendrá entre sus funciones formar a los profesionales, asesorarles o crear un protocolo de actuación. “La ley pretende dar una respuesta jurídica, equilibrada y garantista a una demanda de la sociedad actual y respetando la autonomía del paciente, dice Arimany, lo que no quita que ”ahora al principio surjan dificultades porque es una norma nueva y compleja“.

Entre ellas, el médico destaca la que a su juicio es “la principal zona gris” de la aplicación de la eutanasia y que “la ley no aclara”: de qué forma se evalúan las peticiones de personas que además de tener, como exige la norma, una enfermedad “grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause “un sufrimiento físico y psíquico intolerables”, tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Es decir, de qué forma se valorará la situación de capacidad del paciente, ya que la ley impone como condición que sea “capaz y consciente en el momento de la solicitud” y descarta las peticiones de quienes estén “en una situación de incapacidad de hecho”.

Precisamente el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron este miércoles un protocolo de actuación para ello, en el que se establece que el sanitario “debe partir de la misma actitud que se tiene ante cualquier paciente que solicita una determinada prestación”. Y, como es habitual en la práctica clínica, hacer una entrevista durante la que se debe evaluar “la capacidad de comprensión, apreciación, razonamiento y expresión de una elección”. La guía recomienda consultar a un facultativo especialista en la patología del paciente si hay dudas o usar herramientas de apoyo, pero siempre de forma “complementaria y posterior” a la deliberación con la persona. “Cuando una persona solicita morir, se trata de profundizar y ver si comprende cuáles son las consecuencias y alternativas que tiene”, dice Marín, de Derecho a Morir Dignamente.

“Estamos hablando de algo muy íntimo y complejo, del sufrimiento, el final de la vida y la autonomía. Y con esas tres variables las posibilidades son muchas, pero no debemos olvidar que tenemos por delante a una persona y que nos ayudará a disipar las dudas. Debemos sentarnos delante de ella sin juicios y prejuicios y valorarla de forma integral, con respeto e individualmente”, resume Muñoz Alonso.