Llevar el 'solo sí es sí' a los delitos sexuales del Código Penal en el marco de una ley integral era uno de los puntos del acuerdo que el PSOE y Unidas Podemos incluyeron en el programa de Gobierno que los dos socios firmaron a comienzos de enero. Ambas formaciones llevaban meses proponiendo y trabajando –una desde el Gobierno, la otra desde su actividad parlamentaria– en propuestas similares. Así que la aprobación de la Ley de Libertad Sexual justo antes del 8 de marzo parecía, a priori, un paso lógico y sin tensiones para el Ejecutivo. Sin embargo, ha sido exactamente al revés: la aprobación del anteproyecto de ley ha hecho estallar un conflicto que mezcla el feminismo y la política, que tiene que ver con quién lleva la bandera del feminismo pero también por cuál debe ser ese feminismo, en un momento en que el auge del movimiento ha llevado también a intensos debates teóricos.
La pelea que comenzó hace semanas –y que giraba, sobre todo, sobre si la reforma del Código Penal debía presentarse junta o podía separarse para que Igualdad aprobara primero esta ley– parecía solucionada. Pero se reavivó en los últimos días con filtraciones a la prensa y mensajes opuestos: por un lado, el entorno de la vicepresidenta Carmen Calvo deslizaba la idea de que el anteproyecto elaborado por Igualdad era tremendamente deficiente; por otro, el propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, decía este martes que detrás de las objeciones técnicas que ministerios como el de Justicia habían hecho a la norma ha habido “mucho machismo”.
La cesión de Igualdad
El trasfondo es mucho más amplio y apela a ese conflicto político y también feminista. La cesión del Ministerio de Igualdad a Unidas Podemos no fue fácil de asumir para el PSOE. El Partido Socialista, que hasta ahora había liderado las leyes que habían llevado el feminismo a las políticas públicas, perdía un espacio de poder simbólico muy valorado en un momento en que el feminismo está en efervescencia. No obstante, algunas de las figuras y expertas que trabajaron en el anterior Ministerio o que lo hacen en el actual habían mostrado en público y en privado reconocimiento mutuo y disposición a colaborar.
Pero que Igualdad cayera del lado de Unidas Podemos solo alimentó un debate feminista que ha ido acrecentándose en los últimos meses. En el centro, asuntos que el movimiento lleva décadas debatiendo, como la prostitución, pero también otros, como la autodeterminación de género y las leyes trans.
Que Irene Montero mostrara en numerosas ocasiones su postura abolicionista de la prostitución una vez tomó posesión como ministra no era una casualidad. Respondía a las críticas y temores de una parte del movimiento, que acusaba a Unidas Podemos de tibieza con el asunto. El partido de Pablo Iglesias había debatido internamente su posición y reconocía diferencias, como las hay dentro del movimiento feminista. Montero, sin embargo, ha subrayado su posición abolicionista y eligió a otra abolicionista, Beatriz Gimeno, para dirigir el Instituto de la Mujer.
La autodeterminación del género y la ley trans es el tema que más ha encendido los ánimos. Tanto la ley LGTBI como la Ley Trans, ambas registradas por Unidas Podemos en el Congreso, han desatado discrepancias en el seno del movimiento feminista. Especialmente en lo que se refiere a los derechos de las personas trans. Ambas legislaciones, que el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a poner en marcha –la LGTBI antes de verano–, incorporan la llamada autodeterminación de género. Esta medida implica que las personas trans puedan modificar su nombre y sexo en sus documentos oficiales sin atravesar requisitos médicos –un informe psiquiátrico y dos años de hormonación–, como ocurre actualmente.
El conflicto 'trans'
Un sector del feminismo critica la medida con dureza al asegurar que “implica la desaparición de las mujeres” y la introducción en las leyes de la teoría queer, como afirma el Partido Feminista, cuya posición a este respecto ha provocado su expulsión de Izquierda Unida. La autodeterminación de género de las personas trans ha sido exigida por varios organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y estuvo a punto de ser aprobada en el Congreso la pasada legislatura. La teoría queer es especialmente compleja y cuestiona el género, pero también la construcción del sexo como un sistema binario y natural que solo tenga categorías estancas.
Sin embargo, la asociación de los derechos de las personas trans con la defensa de la teoría queer es una ecuación que no se asume mayoritariamente: dentro del feminismo son muchas las posiciones, desde quienes defienden los derechos trans pero reniegan de la teoría queer, a quienes reconocen las aportaciones de esta escuela de pensamiento o quienes ponen lo 'queer' y la autodeterminación de género en el centro de la crítica y de la amenaza para las mujeres.
La manera en que estos debates permean al Gobierno es difícil de entender sin el conflicto político y la lucha de poder que parece producirse en el Consejo de Ministros. Si bien la tensión podía haber estallado cuando el Ejecutivo debatiera la ley LGTB o la ley trans, ha llegado con la Ley de Libertad Sexual, ¿por qué? Más allá de las deficiencias que una parte del Gobierno ha trasladado, un sector del feminismo considera que este anteproyecto apela también al debate sobre la prostitución y la autodeterminación de género. En primer lugar, porque no incluye la prostitución en la norma. En el segundo caso, porque en una parte del artículo utiliza la expresión “identidad sexual o de género”.
Las definiciones polémicas
El borrador de la Ley de Libertad Sexual elaborado por el Ministerio de Igualdad incluía un artículo completo de definiciones, entre ellas, la de identidad sexual y/o de género. Es esta palabra la que está sirviendo a parte del movimiento feminista para criticar la norma porque, a pesar de que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros ya no incorpora ninguna definición, sí contempla la identidad de género y/o de sexo en varios momentos como factor a tener en cuenta en la aplicación de las políticas y para evitar la discriminación. Sin embargo, para este sector del feminismo es “una forma de poner en peligro a las mujeres”, a pesar de que es una ley dirigida a todas, también a las trans.
Las discrepancias en el Gobierno a cuenta de esta ley se han expuesto sin tibiezas en los últimos días con acusaciones cruzadas. Fuentes del PSOE han tildado la norma presentada por Igualdad de “chapuza” que atribuyen a las “prisas” y desde Unidas Podemos se alude a que las medidas de fondo se mantienen y acusan a Carmen Calvo y el Ministerio de Justicia de intentar torpedear la ley. Éste último, de hecho, hizo un informe sobre la norma que contiene numerosas objeciones, según publicó la Cadena Ser.
El anteproyecto aprobado este martes se basa en la proposición de ley registrada en el Congreso por Unidas Podemos en julio de 2018. Ya entonces era una ley integral que proponía medidas en todos los ámbitos e incluía una reforma del Código Penal para acabar con la distinción entre agresión y abuso sexual. Había sido redactada por las catedráticas de Derecho Penal, María Acale y Patricia Faraldo, que han vuelto a trabajar en la norma ya en el seno del Ministerio de Igualdad. Junto a ellas, han participado en su elaboración María Naredo, exdirectora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid y Victoria Rosell, jueza en excedencia y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.