La ley puede poner coto al impacto ambiental de la ropa de usar y tirar y Francia está intentándolo
Es el segundo consumidor de agua y emite más CO2 a la atmósfera que la aviación, según la ONU. La producción textil supone un mercado de más de 122.000 millones de dólares al año y puede superar los 197.000 millones en un lustro. Pero también es una industria altamente lesiva con el medio ambiente. ¿Hay un freno posible que obligue a detener la espiral de daños ambientales de la ropa de usar y tirar? Hasta ahora parecía difícil, pero Francia ha roto esa imagen de intocable al tramitar las primeras imposiciones legales para limitar la fast fashion.
La Asamblea Francesa votó hace dos semanas por unanimidad la primera ley específica “para reducir el impacto ambiental de la industria textil”: se prevé prohibir publicidad y cargar a la prendas con una tasa verde. Hasta ahora, las regulaciones se habían orientado hacia aumentar el reciclaje para reducir los desechos textiles más que hacia rebajar el volumen de prendas que salen a la venta.
Precisamente este lunes, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, apuntaba antes de un Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE que hace falta, además de una “buena gestión de las materias primas”, avanzar en la “reducción del consumo textil y la moda sostenible”. También sobre este sector ha abundado que es preciso abrir un “debate en torno al seguimiento de la cadena de valor del textil y las exportaciones”.
La responsable de Greenpeace sobre Biodiversidad y Consumo Sostenible, Celia Ojeda, opina que “la medida francesa será positiva para ese país y da ejemplo sobre cómo acotar la moda rápida y su contaminación”. “Pero, por ejemplo, Shein no produce en Francia...¿cómo va a detener la iniciativa de un país una industria que es global?”, se pregunta. Sin embargo, defiende que “es bueno que haya estados que empiecen a abordar la fast fashion como lo que es”.
¿Y cómo es el sector? La fast fashion se basa en una renovación ultrarrápida de la oferta con prendas a bajo precio. Diversos investigadores la describen como una “producción de ropa barata, de baja calidad y de moda en un tiempo muy corto proveyendo al cliente en el momento de máxima demanda a un coste muy bajo”. O como la producción de prendas que “acabarán en un vertedero en poco tiempo”.
Dados los enormes impactos ambientales y sociales de esta industria, pensamos que es imprescindible y urgente su regulación y esperamos que España y otros países de Europa, sigan el mismo camino
En palabras del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) el modelo se basa en “nuevas temporadas, comprar más, comprar barato, tirar”. Por eso, de media, cada persona compra un 60% más de ropa que hace dos décadas y cada prenda dura la mitad de tiempo, resalta UNEP. Se producen unos 100.000 millones de prendas nuevas al año.
Este modelo explotado por empresas como Zara, Shein o Primark implica que “las prendas se mueven muy rápidamente desde las pasarelas a las tiendas”, como explica este análisis de 2024 de la consultora Business Research Company. Y sus enormes cifras de negocio solo van hacia arriba: un 8,5% anual hasta, al menos, 2028 por “el incremento de adquisición de ropa por la población joven, de la penetración del sector en las redes sociales y la entrada de los grandes distribuidores en economías en desarrollo”.
Pero, al mismo tiempo, esta dinámica de producción ha impuesto una factura ambiental. La Fundación Ellen MacArthur ha calculado que esta industria gasta unos 93.000 hectómetros cúbicos de agua al año –incluidos los cultivos– y causa un 20% de aguas residuales por los tintes o los microplásticos liberados.
Además, el sector es responsable de, aproximadamente, un 10% de las emisiones de CO2 mundiales –la aviación y transporte marítimo equivalen al 4% mundial–.
La legislación francesa “revela un profundo malentendido de la oferta y del sector en su conjunto”, señala a elDiario.es un portavoz de Shein. La china Shein –que ofrece 500 novedades diarias– es una de las empresas señaladas como de ultrafast fashion. “No comprenden la forma en la que opera el segmento y, sobre todo, los hábitos de los consumidores”, afirman. El grupo Inditex, matriz de Zara, no ha contestado a las preguntas planteadas por elDiario.es para este reportaje.
Sin capacidad de reciclaje: exportación o basurero
La Fundación Ellen MacArthur cifra en 92 millones de toneladas la basura textil que se genera cada año, y señala que solo el 1% de las prendas desechadas terminan recicladas en otras prendas de vestir. De hecho, en la Unión Europea, “la limitada capacidad de reutilización y reciclaje” hacen que una gran parte de la ropa usada que se recoge termine exportada a África o Asia, según explica la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). “El textil utilizado se ha convertido en un problema creciente de desechos y exportación”, dice la EAA.
En este sentido, la cantidad de ropa usada exportada ha pasado de 550.000 toneladas en 2000 a 1,7 millones de toneladas en 2019, el 25% del textil consumido al año. “Una parte se reutiliza, pero otra termina en vertederos”, aclara la Agencia, que añade: “La percepción de que las donaciones de ropa usada son un gesto generoso para personas con necesidades no casa completamente con la realidad”.
Revela un profundo malentendido de la oferta y del sector en su conjunto. La ropa que producimos satisface la demanda existente
En la Unión Europea, el consumo de textiles implica por cada ciudadano 400 m2 de tierra, 9 m3 de agua y 391 kg de materias primas a lo que se le suman 270 kg de carbono a la atmósfera.
En España, los datos de Moda-Re (entidad dependiente de Caritas) dicen que solo se recogen selectivamente unas 108.000 toneladas al año, es decir, un 12% de todos los residuos textiles generados, que superan las 890.000 toneladas.
Lo que está haciendo Francia con su proyecto de ley –que ahora se ve en el Senado– es imponer una tasa de hasta el 50% del precio de la prenda. El dinero, dice, se destinará a favorecer la producción europea. También contempla la prohibición de publicidad de productos de fast fashion –“moda efímera”, lo llama el texto legal–.
La coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, celebra el paso dado en Francia. “Dados los enormes impactos ambientales y sociales de esta industria, pensamos que es imprescindible y urgente su regulación y esperamos que España y otros países de Europa, sigan el mismo camino”, considera. Además, Ruibal destaca que la ley “obliga a informar a las personas consumidoras del impacto ambiental de la ropa, lo que es un paso muy importante en cuanto a transparencia de cara a la ciudadanía”.
Empresas que no se sienten concernidas
Con todo, a la norma le falta falta definir los umbrales de nuevos modelos producidos puestos a la venta que se considerarán fast fashion.
“Shein no corresponde a esa definición”, explican en la empresa con sede en Singapur. “El número de prendas ofrecidas no es un indicador relevante ni mide objetivamente la huella ambiental. Sería mucho mejor tener en cuenta los artículos no vendidos, y nuestro porcentaje está por debajo del 10%. La ropa que producimos satisface la demanda existente”.
Me parece una burda mentira que digan que no son parte de la 'fast fashion' con 50 microtemporadas o 1.200 vuelos diarios. Producen por encima de los límites del planeta y generando contaminación y condiciones laborales muy precarias
Tampoco se sienten en esa categoría en Primark, donde contestan a elDiario.es que llevan 15 años desarrollando “una estrategia de responsabilidad ética y sostenible” y afirman: “No tenemos una plataforma de comercio electrónico y sí una extensa presencia en tiendas que nos permite atestiguar los beneficios de las políticas dirigidas a armonizar nuestras acciones con el incremento de los estándares medioambientales”.
“Me parece una burda mentira que digan que no son parte de la fast fashion con 50 microtemporadas o 1.200 vuelos diarios para trasladar la producción”, rebate Celia Ojeda. Esta doctora en Biología subraya que estas compañías “no pueden aducir que fabrican lo que se les demanda porque producen por encima de los límites del planeta, generando contaminación y condiciones laborales muy precarias. ¿Eso está bien porque hay una demanda?”
A pesar de no considerarse concernidos –ni querer pronunciarse sobre la posibilidad de que normas análogas se implanten en otros mercados como España–, Shein sí sostiene que la norma francesa “impactará directamente sobre el consumidor, en un momento como el actual con un incremento generalizado de los precios. Con la creación de un nuevo impuesto, el proyecto de ley no logrará el impacto ambiental que pretende abordar, y sin embargo sí penalizará a un gran grupo de consumidores con ingresos modestos”.
Hasta ahora, las medidas legales para afrontar este problema, al menos en la Unión Europea y España, se han centrado en incorporar el sector textil a la llamada responsabilidad ampliada. Se trata del sistema utilizado, por ejemplo, con los envases por el que los productores deben sufragar la recogida selectiva y el reciclaje. La ley de Residuos de 2022 establece que será obligatoria la recogida separada de textiles el 31 de diciembre de 2024. Y explicita que se desarrollará un régimen de responsabilidad ampliada para estos residuos “a los tres años de la entrada en vigor de la ley”. El plazo llega a abril de 2025.
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