La ley del 'solo sí es sí' se amplía a los niños víctimas de delitos sexuales y crea centros integrales para evitar que acudan a comisaría o al juzgado

La futura Ley de Libertad Sexual, conocida como la ley 'del solo sí es sí', ha incorporado a la infancia como en su ámbito de aplicación y contempla medidas para proteger tanto a las niñas como a los niños víctimas de agresiones sexuales. Es una de las novedades recientemente incorporadas al texto, que acaba de terminar la fase de consulta pública, alargada durante meses y tras las alegaciones de unas 60 organizaciones. El anteproyecto fue aprobado el pasado mes de marzo entre tensiones en el seno del Gobierno, que prevé que no estará lista para volver al Consejo de Ministros antes de que finalice 2020.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Igualdad, la inclusión de los niños y niñas pretende ser un complemento a las bases que sienta la Ley de Protección a la Infancia de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el objetivo es diseñar “una ruta específica” para las víctimas menores con el objetivo de “acabar con las barreras y la desprotección”. Como novedad, la norma prevé la creación de servicios especializados y adaptados en los que atenderles en todas las vertientes: psicológica, educativa, jurídica...La idea es implantar el modelo de las llamadas “casas de los niños” generalizado en otros países. Estas pasan a ser el lugar de referencia y allí se desplazan todos los profesionales que intervienen en el caso, de forma que no se somete al menor al periplo que normalmente se ve obligado a atravesar.

Según han explicado desde Igualdad son “centros de puerta única” en los que niños y niñas “no sean revictimizados”. Este tipo de servicios han sido reclamados de forma reiterada por organizaciones de infancia, entre ellas Save the Children, y en Catalunya se han puesto en marcha recientemente.

Equiparación con la violencia de género

La ley, que acaba de ser remitida a los órganos consultivos, también incorpora como novedad respecto al documento aprobado en marzo una nueva tipificación de los delitos que tienen que ver con el proxenetismo y la explotación sexual. Así, en una reforma que han trabajado Igualdad y Justicia, el Gobierno perseguirá a los dueños de los clubes que se enriquezcan con el ejercicio de la prostitución, que podrán ser castigados con penas de cárcel de uno a tres años y el cierre de los establecimientos. Se trata de incluir en el Código Penal la llamada 'tercería locativa', una figura que contemplaba la legislación de 1973 y que se eliminó posteriormente. Además, reforma el delito de proxenetismo con el objetivo de acabar “con la impunidad” del no coactivo.

Tal y como se explicó en marzo, la norma establece un marco integral de atención a las víctimas de violencia sexual, al estilo de lo que hizo la ley de 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género. Entre las medidas más relevantes, elimina la distinción entre agresión y abuso sexual, define explícitamente el consentimiento, incluye medidas de sensibilización en el ámbito social y educativo, formación especializada a todos los agentes que intervienen en estos procedimientos o la implantación de los llamados 'centros de crisis' 24 horas para atender a las víctimas independientemente de que denuncien o no.

Fuentes del Igualdad han reconocido que al margen de la ley de 2004 y esta, hay otras violencias contra las mujeres que quedan por abordar. En concreto, los abortos y la esterilización forzada, la violencia ginecobstétrica y los llamados vientres de alquiler. Las mismas fuentes han asegurado que se tratarán en la futura reforma de la Ley del Aborto anunciada por la ministra Irene Montero hace escasas semanas, y que entre otras cosas pretende acabar con la reforma que el PP de Mariano Rajoy efectuó en 2015 para terminar con el derecho de las menores de 16 y 17 años a interrumpir voluntariamente su embarazo sin contar con consentimiento paterno.