El pleno del Congreso aprobará este jueves la llamada ley del 'solo sí es sí' después de que la semana pasada fuera salvada por los grupos in extremis en la Comisión de Igualdad. Tras más de dos años desde que el Consejo de Ministros le diera luz verde por primera vez, la norma afronta la fase final del trámite, en la que se están incluyendo algunas medidas nuevas que no figuraban en el texto inicial. Entre ellas, se encuentra la reforma de la Ley General de Publicidad para declarar ilícitos los anuncios que “supongan promoción de la prostitución”, reza el dictamen que irá mañana al pleno.
Este tipo de publicidad se suma así a la ya considerada ilícita actualmente por la ley, la que atente contra la dignidad de la persona o vulnera derechos recogidos en la Constitución, la que “coadyuve” a generar violencia de género o presente a las mujeres “de forma vejatoria o discriminatoria”. También se enmarca en este precepto la publicidad subliminal, engañosa o agresiva. Hasta ahora, la ley del 'solo sí es sí' añadía a esta lista la publicidad que “utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales”.
La medida, adelantada por El Periódico de España, forma parte del grupo de enmiendas que se añadieron la semana pasada a la norma tras su accidentado paso por la Comisión de Igualdad, donde a punto estuvo de caerse precisamente por dos de los artículos relativos a la prostitución y que finalmente quedaron fuera del texto. Además, las administraciones deberán promover campañas de sensibilización “destinadas a desincentivar la demanda de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y la pornografía que naturaliza la violencia sexual”.
Educación sexual para menores condenados
La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que establece un marco integral de medidas para las víctimas de violencia sexual al estilo del que ya existe para las de violencia de género, requerirá que el pleno le dé luz verde por mayoría absoluta para seguir su trámite en el Senado. Y aunque no se espera que el texto sea modificado ya sustancialmente, sí hay algunas medidas que todavía pueden incluirse.
Es el caso de la enmienda pactada este miércoles entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu a propuesta del Ministerio de Igualdad y que deberá votarse mañana. El texto propone reformar la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores para que siempre que un menor de edad sea condenado por un delito de violencia sexual, se añada la pena accesoria de someterse a programas formativos de educación sexual y educación en igualdad. Un requisito que se propone también para los casos en los casos de suspensión de medidas.
Fuentes del departamento dirigido por Irene Montero explican que la enmienda registrada este miércoles responde a “la relevancia de los casos en los que los agresores son menores de edad, lo que hace necesario reforzar las medidas” frente a estos delitos a fin de “evitar que el comportamiento machista y violento se siga repitiendo en estos adolescentes o jóvenes”. En las últimas semanas, los medios se han hecho eco de varias denuncias de agresiones sexuales en grupo en las que víctimas y presuntos autores son menores de edad.
Financiación del Pacto de Estado
El dictamen también reforma la Ley Integral de 2004 contra la violencia de género para incorporar el derecho a la reparación de las víctimas o blindar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo dictamen fue renovado el pasado noviembre por todos los grupos excepto Vox. La ley añade que con el objetivo de “garantizar la estabilidad financiera” de las políticas desarrolladas en el marco del pacto, el Gobierno deberá “garantizar el sistema de financiación articulado” por el mismo mediante las partidas presupuestarias destinadas a ministerios, comunidades y ayuntamientos.
Los grupos también pactaron incorporar una enmienda que modifica la ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos para incorporar a las madres cuyos hijos o hijas han sido asesinados por violencia vicaria. Otra novedad es que la norma obligará a los partidos políticos y organizaciones sociales a contar con protocolos para “prevenir, detectar y combatir la violencia machista”.