Hay una frase que se repite en entornos feministas con cierta frecuencia desde hace ya un tiempo: “Esto es un desastre”. La legislatura que empezó aupada por el auge de una ola feminista que ha sacudido a la sociedad en la última década termina con un movimiento perjudicado por una lucha partidista entre los socios del Gobierno de coalición. La disputa por la ley trans y la ley del ‘solo sí es sí’ ha abonado la creación de dos bandos que, sin embargo, están lejos de representar las corrientes y matices que ya existían en el feminismo.
Aunque es difícil poner palabras a lo que todo un movimiento feminista, muy amplio y diverso, piensa y percibe en un momento de crispación como este, sí hay una sensación de desazón generalizada. “Parece una cuestión de bandos, cuando nuestras reivindicaciones son muy anteriores”, comenta una activista, que subraya que el feminismo ha sido siempre un movimiento autónomo que ahora se siente zarandeado entre facciones que parecen predefinir políticamente a quien se pronuncia en uno u otro sentido. “Hay una guerra política y en ese fuego cruzado partidista e institucional el gran perdedor es ya el movimiento feminista. Ese enfrentamiento ha eliminado toda posibilidad de disentir, de discrepar saludablemente. Emitir cualquier opinión se toma como un ataque para unas o para otras”, dice otra activista.
La polémica por la revisión de condenas tras la entrada en vigor de la ley de libertad sexual –más de 200, según ha recopilado elDiario.es– ha llevado al Gobierno a un debate sobre la modificación de la norma en su parte penal. Y eso ha supuesto volver al principio, a abril de 2018. Fue entonces, inmediatamente después de que el presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, José Francisco Cobo, leyera el primer fallo contra ‘la manada’ cuando comenzó el lema que lo marcaría todo: “No es abuso, es violación”. Las manifestaciones que ese día se produjeron como reacción a la sentencia y las que tuvieron su origen en aquel caso de violencia sexual no reclamaban penas más elevadas. La rabia iba dirigida contra esa definición de intimidación y violencia que parecía requerirse para que un atentado contra la libertad sexual como aquel fuera considerado una agresión sexual.
El resultado de ese terremoto social, cuatro años después, fue la aprobación de una ley que eliminaba la distinción entre delitos en función de si había existido violencia o intimidación. La reivindicación del cambio de modelo venía de mucho más atrás, pero fue el contexto formado por un 8M histórico y la indignación por el fallo de ‘la manada’ lo que permitió que entrara de manera rotunda en la agenda política.
Sin embargo, la unanimidad de 2018 no es, ni de lejos, la de 2023. Si las críticas feministas a la ley durante su tramitación eran las que alertaban del punitivismo o las que discutían si la norma debía entrar en el meollo de la prostitución –y, en ese caso, cómo– hoy los bloques más visibles, al menos ante la opinión pública, son otros: quienes consideran que la propuesta del PSOE para modificar las penas desvirtúa el espíritu de una norma que buscaba cambiar la manera en la que se juzgan los delitos sexuales, y quienes están de acuerdo con la idea del PSOE y no creen que lo fundamental cambie. Quienes piensan que la ley está bien y los “efectos indeseados” surgen de una aplicación judicial incorrecta y quienes defienden que algo hay que cambiar en la norma para evitar las bajadas de penas.
La brecha que abrió la ley trans
Esos dos bloques beben del enfrentamiento vivido en los últimos años a costa de la ley trans, aunque con matices. La brecha abierta durante la negociación y tramitación de esa norma hizo visibles diferencias que ya existían en torno a la relación del feminismo y el movimiento LGBTI, pero también reveló una disputa por el poder y la hegemonía feminista. El auge del movimiento a raíz del 8M, la difusión masiva de otras líneas de pensamiento y la llegada de Unidas Podemos al Ministerio de Igualdad avivaron esa pelea. Algunas ex dirigentes socialistas que habían ocupado puestos relevantes en anteriores Gobiernos o en Ejecutivos autonómicos, junto con activistas y académicas más o menos afines, formaron uno de esos bloques. Contrarias a la ley trans y la autodeterminación de género, han sido muy críticas con el Ministerio de Igualdad y con Irene Montero, y lo son también ahora, con la polémica de la ley del 'solo sí es sí'.
En ese entorno está el Movimiento Confluencia Feminista, que agrupa a 70 organizaciones. Una de sus portavoces, Sonia Gómez, afirmaba estos días que la ley “está mal hecha” y abogaba por la modificación de penas. También la Alianza contra el Borrado de las Mujeres cargaba contra el Ministerio de Igualdad: “Si la ley del ‘solo sí es sí’ deja sueltos a delincuentes sexuales o reduce sus condenas, ni es una ley feminista ni defiende los derechos de las mujeres. Ya no engañáis a nadie”, decían en un tuit en el que citaban a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Este sector es, no obstante, también muy crítico con el PSOE, a quien acusan de haber abandonado a las mujeres por su apoyo a la ley trans.
Por otro lado, asociaciones y comisiones feministas firmaban esta semana un manifiesto contra la reforma de la ley. A ese texto se sumaban organizaciones como Amnistía Internacional. “La ofensiva contra la ley se debe principalmente al cambio de mirada que supone poner en el centro el consentimiento de las mujeres, sin que tengamos que demostrar que ha habido violencia y/o intimidación. El consentimiento es una expresión afirmativa, consciente, voluntaria y reversible, y su inexistencia implica delito de agresión sexual. Esta ley es el reflejo de años de reivindicaciones del movimiento feminista para alcanzar la libertad sexual de las mujeres y enfrentar las violencias sexuales”, dicen en su manifiesto, en el que también subrayan que aumentar aún más las penas no protege más a las mujeres, sino que son necesarias otro tipo de medidas, como las que contempla la norma.
Las promotoras de este manifiesto insistieron desde el primer momento en que no quieren que sus palabras sean interpretadas en clave partidista. No les ayudan las declaraciones de algunas dirigentes de Podemos o del Ministerio de Igualdad, que en un intento de sumar fuerzas para defender su ley han hablado en ocasiones en nombre de todo un movimiento feminista que necesita seguir defendiendo su autonomía si quiere sobrevivir medianamente fuerte a estas crisis.
Hay, de hecho, críticas feministas a la labor del Ministerio. Eso sí, hacerlas, interna y externamente, es complicado. Los graves ataques personales a Irene Montero y otras personas de su equipo han complicado el disenso feminista: la sensación de vivir en una ofensiva permanente contra el Ministerio –pero también contra todo lo que suene a igualdad y feminismo– ha hecho que se haya optado más por cerrar filas que por abordar las diferencias y desacuerdos. “Basta que haya un Ministerio de Igualdad para que se vaya a machete”, comenta una activista.
Hay quien, por ejemplo, ve un desacierto del Ministerio no haber hecho “pedagogía antipunitivista” con esta norma o no haber previsto los “efectos indeseados” de los que tanto se habla ahora y, por el contrario, defender que era imposible que sucedieran. Unas críticas compatibles con la idea de que la propuesta del PSOE para salir de este atolladero de alarma social puede suponer, de facto, volver a la inercia judicial que dio origen a la propia norma.
El desastre que muchas mencionan tiene que ver con eso, pero también con esa política de bandos a la que todo parece haberse reducido y a la enorme dificultad que existe ya para debatir sin ser señaladas. Los acontecimientos y el tiempo mostrarán hasta qué punto llega el desgaste para un movimiento que sacó a un país a la calle y que sigue aspirando a cambiarlo todo.