El 22 de diciembre de 2004 el Congreso de los Diputados celebraba “orgulloso” la aprobación por unanimidad de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma “coral” que nacía de forma unánime con “el valor del consenso” y tras un “recorrido político y social impecable”.
Esa unión de las fuerzas políticas, que hizo realidad esta ley y se mantuvo inquebrantable durante años, se ha resquebrajado con la entrada de la extrema derecha en las instituciones, un radicalismo que pide precisamente la derogación de la Ley 1/2004.
Una “ley de trascendencia” y pionera en Europa que aspiraba a proporcionar una respuesta global a la violencia ejercida sobre las mujeres y a romper definitivamente el silencio que envolvía a la violencia machista, como se puso de manifiesto hace quince años en su debate parlamentario.
Tras apenas seis meses de tramitación parlamentaria, con 325 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones y numerosas enmiendas negociadas, el Parlamento respaldaba por unanimidad y con “decidido consenso” esta ley orgánica impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
“El valor del consenso”, decía la diputada de CiU María Mercè Pigem i Palmés, permitirá que se transmita a la sociedad “que la erradicación de esta violencia es un tema de tal importancia, tan prioritario para todos los grupos, que somos capaces de aparcar nuestras discrepancias partidistas para adoptar” este instrumento legal.
En 2004, 72 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, 71 en 2003. Con la ley, el Parlamento pretendía, en palabras del diputado de Coalición Canaria Luis Mardones, acabar con un problema “que no dice nada a favor de la dignidad humana” y atenta contra los derechos humanos.
La diputada Margarita Uría (PNV) destacaba entonces la naturaleza “coral” de una ley a la que contribuyeron todas las fuerzas políticas.
“La especificidad de este fenómeno, por sus datos empíricos, por su fenomenología universal, por su significado, expresión de rechazo del valor de igualdad y de autonomía de la mujer respecto del hombre, por la constancia de un cuadro de incremento y de peligro para la salud, en ocasiones para la vida, siempre para la dignidad de la persona, merecía este esfuerzo”, manifestó.
Todos renunciaron a sus discrepancias “en aras del consenso”, como reconocía la representante de ERC Rosa María Bonàs, tras lo que la diputada del PP Susana Camarero exponía que no iba a cansarse de decir que la violencia machista es “responsabilidad de todos”.
“Estamos convencidos de que cualquier avance en la lucha contra la violencia de género, por tímido e insignificante que sea, merece nuestro decidido respaldo”, aseveró, para añadir que el PP estaría vigilante para que la ley no se convirtiera en “papel mojado”: “Para ello nos tendrán, no podría ser de otra forma, a su lado. En esta y en cuantas iniciativas se presenten en esta materia”.
Quince años después, España cuenta con un nuevo instrumento legal para luchar contra la violencia machista y mejorar aquella ley innovadora y ambiciosa, el Pacto de Estado que secundaron hace dos años todas las fuerzas políticas -con la abstención de Podemos- y que aún no ha entrado completamente en vigor.
En diciembre de 2004, una diputada de IU-ICV pronosticaba que la ley solo era el primer paso en una tarea compleja: erradicar la violencia contra la mujer.
“Lo que hemos hecho ha sido comenzar una nueva etapa. Hemos dado el primer paso. (...) Ahora tenemos que caminar todos juntos. Nos queda lo más difícil, hacer realidad entre todos y todas el deseo que hoy suscribimos, el fin de la violencia sobre las mujeres por su mera condición”, resumió la diputada Carme García, de IU-ICV.