La Iglesia ha ganado una batalla histórica. El texto de la Ley de Mejora de la Educación que ha aprobado el Consejo de Ministros revaloriza la asignatura de Religión al punto de que contará para la nota media y para la obtención de becas, y también para repetir el curso en caso de que no se apruebe, una vieja reivindicación de los obispos. Tanto Religión como su alternativa, Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria, serán asignaturas optativas. “Contará para la nota media porque es una asignatura evaluable, igual que su alternativa”, ha confirmado el ministro.
La séptima ley orgánica de Educación de la democracia ha salido del Consejo de Ministros una semana más tarde de lo previsto, pero no por la contestación social que el 9 de mayo sacó a la calle a miles de personas sino, según el Gobierno, para atender a las “observaciones” del Consejo de Estado. O al menos algunas de ellas, porque al parecer el organismo ha tenido menos suerte con alguna de sus recomendaciones que la Iglesia. Por ejemplo, la de no eliminar Educación para la Ciudadanía, que definitivamente desaparece del currículo. “Consideramos que son conocimientos transversales que están integrados en otras asignaturas”, ha sostenido el ministro ante los periodistas.
El dictamen del Consejo de Estado sorprendió al criticar algunos de los puntos destacados de la norma, como la financiación de los colegios con que segregan a los niños por sexo o la obligación de las autonomías de garantizar la escolarización en castellano. Todo esto a pesar de que presidente de este organismo es José Manuel Romay Beccaría, hombre de la máxima confianza de Mariano Rajoy.
El consenso no es algo que preocupe al ministro José Ignacio Wert, que ha asgurado que el Gobierno “hará lo que esté en su mano” para conseguirlo, aunque sin mucho afán. Inmediatamente después ha recordado que la LOE, la ley vigente, fue aprobada en 2006 “con 181 votos”, por lo que ha considerado que la mayoría absoluta en el Congreso –el PP tiene 185 diputados– es suficiente “legitimación democrática”. Aunque la comparación tiene truco. La lamada ley Wert desembarca en la Cámara, de momento, con el único apoyo de los populares. Mientras que la norma anterior llegó al BOE con los votos en contra del PP y con el respaldo de cinco grupos políticos y la abstención de otros dos. “No vamos a abdicar en nuestra voluntad de reformar el sistema”, ha zanjado Wert.
Colegios privados con cobro 'diferido'
El ministerio ha dado una vuelta de tuerca a estos artículos conflictivos, pero sólo para volver al origen. En el caso de la disposición que obligaba a las comunidades con lenguas cooficiales a pagar colegios privados a aquellos alumnos que quisieran estudiar con el castellano como lengua vehicular, se mantiene con un funcionamiento que en la práctica funciona como blindaje a la oposición manifiesta de la Generalitat catalana, aunque no la menciona en el texto.
Ahora los padres podrán acudir al ministerio, que se encargará de los trámites y de adelantar el dinero. Después arreglará cuentas con la Generalitat, descontando el importe de las asignaciones autonómicas. Y al parecer no serán importes menores. El ministerio reserva un 10% del total del presupuesto para la aplicación de la ley durante el primer año, cinco millones de euros, para mandar a clase a unos 1.000 niños, según sus propios cálculos.
Las familias acudirán a la administración autonómica para que les consiga un colegio en español. Si no obtienen una respuesta positiva, deberán dirigirse a la Alta Inspección, o sea al Gobierno central. Éste pedirá formalmente una solución, y si no existe, pagará la escolarización del niño en un colegio privado. La ‘factura’ se descontará más tarde. “Es una medida muy excepcional y temporal hasta tanto la administración sea capaz de ofrecer una educación en castellano”, ha explicado Wert. El Gobierno no puede obligar a la Generalitat a abrir colegios en español, pero sí presionar con las cuentas para que a la larga al Gobierno catalán le salga más rentable.
Otra posible consecuencia es que a vistas de que algunas familias vayan a obtener la escolarización gratuita de sus hijos en colegios de alto nivel, se multipliquen las solicitudes. “No podemos trabajar con hipótesis. Eso se irá viendo”, aseguró Wert.
Ciudadanía fuera, y los colegios que segregan, 'blindados'
El ministerio se mantiene en sus trece también en cuanto a la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Aquí parece que también hubiera pesado la presión de la Iglesia más que la del Consejo de Estado, que había considerado que la nueva Valores culturales y sociales no es suficiente para reemplazarla porque se estudiaría como alternativa a Religión. Aquí también hay una pequeña trampa para solucionar esta objeción. Religión y su alternativa pasan a formar parte del currículo como dos asignaturas optativas pero independientes, de modo que un alumno podría elegir cursar ambas. Ciudadanía, que el Consejo de Estado recomendaba que fuera “obligatoria en algún momento” no será una asignatura en sí misma. El Gobierno mantiene que sus contenidos están integrados ya en otras partes del currículo. Religión contará por primera vez en la nota para obtener becas y también a la hora de repetir curso si es una de las tres asignaturas no aprobadas.
La financiación de colegios que separen a los niños por sexo era otra de las disposiciones polémicas y también uno de los puntos señalados por el Consejo de Estado. El 'blindaje' a los centros vinculados a la Iglesia en los que niños y niñas estudian por separado estará recogidos en la ley –lo que dejaría sin efecto medidas como la de Andalucía de no financiar sus conciertos por esa razón–, aunque incluirá un pequeño apunte: que deben garantizar que la educación no es diferenciada en el contenido, sino que las clases que se imparten son iguales para los dos sexos. El Consejo de Estado había pedido que se exigiera “una justificación objetiva y razonable de a excepción general de la coeducación”, o sea que se explique cuáles son los beneficios de la segregación, y se “fijen medidas académicas a favor de la igualdad”.
El texto aprobado por el Consejo de Ministros también deja intactas algunas de las disposiciones más polémicas del proyecto. Por ejemplo, la modificación de los itinerarios que adelanta la elección de vías distintas de la ESO, el nuevo diseño de la Formación Profesional (con una modalidad básica) y otra Dual, en la que los alumnos estudiarán buena parte del tiempo en empresas.
También quedan tal cual los exámenes externos a los que se someterá a los estudiantes al final de cada etapa educativa. Para Wert, estos exámenes “no son reválidas ni tienen el objetivo que éstas tenían, de parar a algunos estudiantes o de ajustar la demanda. No son obstáculos en el camino sino señalización”, ha explicado.
El Consejo de Estado había aconsejado que esas pruebas las realizaran “funcionarios públicos y en ningún caso profesores contratados o empresas privadas”. También había criticado la reválida de Bachillerato, que sustituye a la Selectividad, y que pone en manos de las universidades las pruebas de ingreso, lo que según el organismo introduce “un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos”.
Lo pagará Europa
El tema de la financiación era otra de las “observaciones” espinosas que el Consejo de Estado había hecho a la llamada Ley Wert, ya que consideraba que los 400 millones de euros previstos son insuficientes para “una reforma estructural de esta envergadura”. “El Consejo de Estado no tiene obligaciones de consolidación fiscal”, ha ironizado Wert en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El Gobierno apunta a que Europa financie buena parte de la implantación a través del Fondo Social Europeo, ya que la estrategia 2014-2020 de la UE tiene como principales uno de los grandes objetivos la lucha contra el abandono escolar temprano y la mejora de la capacitación profesional de los jóvenes, dos de las situaciones en las que España destaca especialmente. “Tenemos la seguridad y la garantía de nuestra capacidad de absorción de esos fondos, que podrían financiar entre el 55 y 65% del total”, ha explicado Wert. Y ha apostillado: “Seríamos irresponsables si dejáramos pasar un céntimo de euro”.
En definitiva, la LOMCE irá al Congreso con las medidas que más oposición han generado en la comunidad educativa prácticamente intactas, y con otras que van aún más allá y que acercan como nunca la posición del Gobierno a la de la Iglesia católica.