Ocurrió un jueves de diciembre, hace 18 años. Tras largos debates, el Congreso aprobó por unanimidad una norma que suponía un cambio nuclear en las políticas de prevención y salud pública. Todos los grupos votaron a favor de una ley que expulsaba el humo de los cigarrillos de los espacios públicos cerrados. La ley antitabaco de 2005 colocó a España en la primera línea legislativa, pero por su articulado podían escaparse los locales de hostelería, que tenían la facultad de declarar en sus interiores zonas para fumadores.
Esa grieta por la que se colaba el humo se selló un lustro después. Indultado el día de Año Nuevo para las fiestas de Nochevieja, el 2 de enero de 2011 el tabaco salió definitivamente de bares, cafeterías y restaurantes, para quedarse en las terrazas. Y lo hizo, de nuevo, tras amplios debates que llegaron al consenso en el Congreso de los Diputados. En esos cinco años hubo voces discordantes y pronósticos apocalípticos para la hostelería, que vuelven a la conversación pública tras el anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, de que sacará del cajón el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado que ese plan cuente con la colaboración del “sector privado, con los hosteleros, con los comerciantes, con la gente que crea puestos de trabajo”, mientras el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, catalogó la medida de “disparatada”. Estas apreciaciones recuerdan a las de la dupla Aguirre-Botella (presidenta y alcaldesa de Madrid también), que desde sus respectivas responsabilidades se dedicaron a intentar dejar sin efecto las leyes aprobadas por su propio partido.
Creemos firmemente, porque somos liberales, que los gobiernos no estamos para imponerles hábitos de conducta a los ciudadanos, por muy saludables que sean
Pese al apoyo en el Congreso del Partido Popular a la ley antitabaco de 2005, la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre (PP), elaboró un decreto autonómico que suavizaba la norma estatal y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) terminó tumbando en 2009. “Creemos firmemente, porque somos liberales, que los gobiernos no estamos para imponerles hábitos de conducta a los ciudadanos, por muy saludables que sean”, llegó a afirmar Esperanza Aguirre en febrero de 2006.
Pese a ese verso suelto que suele pronunciarse desde Madrid, las críticas más feroces a la ley llegaron desde la patronal de la hostelería. En 2005, la entonces llamada Federación Española de Hostelería y Restauración (ahora Confederación de Empresarios de Hostelería de España) estimaba que la aplicación de aquella norma supondría la pérdida de 1.600 millones de euros y más de 20.000 empleos. En 2010, calculaban que la reforma de la ley sería “la ruina del sector”, aunque la realidad terminó por desdecir el augurio. En la memoria 2011-2012 de la propia organización señalaban que los restaurantes y bares “continuaron sufriendo” en esos años “las pérdidas en las ventas iniciadas desde que comenzó la crisis, hace cinco años”.
En concreto, en 2011, el año de la entrada en vigor de la reforma de la ley la cifra de negocio cayó un 2,2% respecto al ejercicio anterior, atribuible a los estragos de la crisis financiera. “El impacto fue por la economía, no por el tabaco”, explica el entonces portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, Rodrigo Córdoba, que recuerda que entre 2005 y 2010 la ley estatal “no siempre se cumplía” en lo referente a la hostelería.
Argumentos “sin fundamento”
“Sabíamos que eran elementos que no tenían fundamento”, explica el experto en salud pública José Martínez Olmos y secretario general de sanidad del Gobierno entre 2005 y 2011, sobre los argumentos del sector. “Había un problema objetivo de acceso al tabaco de la población joven, de aparición de muchas enfermedades, como el cáncer de pulmón, y la evidencia de que las personas fumadoras afectaban a la salud de las no fumadoras en espacios cerrados”, recuerda sobre una normativa en la que España fue “pionera” y que contaba con un amplio acuerdo social. “Medidas de ese calado necesitan de mucho apoyo”, explica en conversación con elDiario.es.
“En 2005 los hosteleros se salieron con la suya, porque no se prohibió fumar en interiores”, lamenta Córdoba, que recuerda que “la industria tabaquera tiene largos tentáculos”. “Uno es la hostelería; otro los quiosqueros que vendían tabaco; El Corte Inglés, que tuvo que poner estancos para poder seguir vendiendo; y los propios estancos”, enumera. De hecho, los vínculos del tabaco con el sector hostelero son públicos. La Confederación incluye en su 'Club Hostelería de España' a la tabaquera Philip Morris, que, “de una manera discreta pero muy importante, permite desarrollar los eventos y acciones que el Plan de Esponsorización presenta cada año”.
Martínez Olmos justifica esa parte de la ley en la necesidad de consensuar la norma de 2005 con el Partido Popular. “Aceptamos la enmienda para que los locales de más de 100 metros pudieran tener un espacio cerrado y compartimentado para fumadores, pero se aplicó, comunidades como Madrid o Valencia hicieron un uso inadecuado de esa medida, que se convirtió en una vía de escape, lo que dio lugar a la reforma de 2010”, explica.
“La ley de 2010 fue posible porque la entonces ministra (de Sanidad), Trinidad Jiménez, buscó y trabajó activamente para que se produjera un consenso con el PP. Nos llamó, gastó muchas horas de su tiempo en compartir sus razones y se aceptaron las del PP, algo que, lamentablemente, es impensable a día de hoy”, explica, vía email, quien fuera ponente legislativo por el Grupo Parlamentario Popular de aquella norma, Santiago Cervera, alejado de la primera línea política desde 2012. “Tanto ella como nosotros sabíamos que una norma de impacto, vinculada a generar cambios sociales, requería de consenso”, argumenta.
Durante su intervención en el Congreso, Cervera también habló de libertad: “Este grupo parlamentario (el del PP) entiende que estamos ante una intervención legislativa plenamente justificada. (...) Porque aquí, señorías, incluso desde esta perspectiva liberal, estamos intentando corregir lo que no ha sido capaz de ordenar un orden convivencial adecuado en la utilización del tabaco en nuestro entorno social, y estamos también defendiendo muchas libertades: la libertad, por ejemplo, del no fumador, que no quiere ser contaminado por el humo del tabaco del fumador, y la libertad del fumador que quiere dejar de serlo”.
Casi un año después de la entrada en vigor de la ley, el entonces líder de la oposición calificó la norma a la que él mismo votó a favor de “solución extrema” y afirmó que le gustaba más “la primera ley”. “Como todo en la vida, las soluciones extremas no son buenas, pero sé que la mayoría de la gente está en contra de esta ley que prohíbe fumar en cualquier sitio”, afirmó en noviembre de 2011, pese al amplio respaldo con el que contaba el endurecimiento de la ley y los resultados en salud pública que comenzaron a verse rápidamente.
Casi dos millones menos de fumadores en diez años
En 2010 había en España 9,6 millones de fumadores y una década después, 7,9 millones. Porcentualmente, hemos pasado de un 26,2% de la población enganchada al cigarrillo en 2009 al 17% en 2022. “En aquel momento, la ley no quedó mal, pero han pasado 13 años y no se ha hecho nada. La disminución podría haber sido más rápida y estar ya en el 15%”, contextualiza Córdoba. “Algunas medidas fueron importantes para su tiempo”, coincide Cervera, “pero se ha demostrado que llega un momento en el que la regulación alcanza un límite de efectividad”. En 2005 se vendieron 4.600 millones de cajetillas, según datos de Hacienda. En cinco años, justo antes de la entrada en vigor de la reforma legislativa, se despacharon 3.600 millones. Y en 2022, fueron 2.200 millones.
Sobre estancamiento llevan años advirtiendo las sociedades médicas. De hecho, fue la entonces ministra de Sanidad Carolina Darias quien puso en marcha la creación del Plan Integral que ahora recupera García. La estrategia, que incluía la prohibición de fumar en vehículos particulares y en terrazas y medidas como el empaquetado genérico y la regulación de los vapeadores, quedó enterrada en un cajón sin que las partes implicadas, como el propio CNPT, tuvieran una respuesta clara sobre el motivo. “Cuando se otea el final de una legislatura las presiones de los que saben que se van a hacer normas que les afecten suelen incrementar para retrasar la decisión, y cada retraso es bueno para ellos”, llegó a explicar el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Ildefonso Hernández, a preguntas de este medio en julio 2022.
“No tengo duda de que si se dejó en un cajón fue porque a Darias no le interesaba aprobarlo sabiendo que iba a ser la candidata a las municipales en Las Palmas, para no molestar a la hostelería de su ciudad”, afirma Cervera, que pide no culpar a Ayuso y Almeida, sino “objetivizar quienes han usado este asunto a su antojo político”.
Pese a posicionamientos como el del propio Rajoy, Aguirre, Ana Botella o el exalcalde de Valladolid, León de la Riva, que a los tres días de la entrada en vigor de la prohibición de fumar en bares comparó la posibilidad de denunciar los incumplimientos con la persecución a los judíos, Cervera asegura que, como ponente de la ley, tuvo “plena libertad”: “Desde la dirección del grupo lo único que me transmitieron fue, asépticamente, los documentos y propuestas que llegaban a ese nivel desde los distintos sectores interesados (...) pero la posición final y todo el manejo político con el resto de los grupos la pude definir de acuerdo a criterios propios”.
Ahora la hostelería, “a la espera”
En esta ocasión, el secretario general de la Confederación de Empresarios de Hostelería de España, Emilio Gallego, señala que están “a la espera” de la llamada del Ministerio. “Consideramos que siempre que se propone una ley que va a afectar a un determinado colectivo, lo correcto es reunirse con ellos para consensuar y concertar las acciones que le vayan a afectar”, indica. No obstante, a su juicio, “se está generando un punto de opinión y de polémica que realmente no hay”. “Entre los clientes hay un absoluto respeto, por lo que entendemos que en un espacio al aire libre esto no es un problema en estos momentos”, aclara. Un entrecomillado que contrasta con otros posicionamientos. Según la última encuesta, a más de 9.700 personas, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), más del 90% de la población sería partidario de cambiar la legislación para ampliar los espacios libres de humo.
Entre las nuevas iniciativas a llevar a cabo para poner fin a 13 años de inactividad legislativa contra el tabaquismo, los expertos proponen diferentes estrategias, aunque hay dos que han demostrado ser las más efectivas. Por un lado, el empaquetado neutro que acabe con el branding del tabaco y, por otro, aumentar el precio. Es lo que han hecho recientemente en Francia, donde, además de prohibir los cigarrillos electrónicos desechables y declarar playas, parques y entornos escolares como espacios libres de humo, pretende elevar el precio de la cajetilla de los 10 a los 13 euros.
Martínez Olmos defiende también la importancia de reforzar la deshabituación tabáquica. Una medida que, de hecho, el PP reclamó en las negociaciones de la ley, pero que el PSOE rechazó al considerar que era competencia de las comunidades autónomas y que no se puede ampliar la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud desde una ley. Pero ese refuerzo se ha hecho esperar, porque no ha sido hasta este año cuando Sanidad ha comenzado a financiar un fármaco para dejar de fumar.