En libertad el dictador que se cebó contra las mujeres del Perú

El hombre que convirtió a cientos de miles de campesinas pobres en víctimas de esterilizaciones forzadas está libre. Está fuera de la cárcel el jefe que accionó ese aberrante mecanismo de control demográfico diseñado décadas antes por el primer mundo para el tercero y para ser aplicado como política de Estado por gobiernos afines al FMI y al Banco Mundial, violentando los cuerpos de las mujeres. Está en la calle quien dio la orden de despojar a tantas de su derecho fundamental, tratándolas como si fueran cifras en una estadística, dejando atrás heridas abiertas, tierras baldías, territorios yermos. El que mandó a torturar a su esposa. El que dejó sin justicia a miles de víctimas de violación. El que hizo secuestrar y maltratar a sus propias agentes de inteligencia. El cabecilla de una banda que mandaba sobres bombas a mujeres periodistas y dejaba dinamita en la puerta de las casas de activistas feministas. El que desconoció el dolor de las madres que buscaban a sus hijos muertos.

Alberto Fujimori está libre. El actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), acaba de soltarlo, en lo que ha sido a todas luces un canje político disfrazado de indulto humanitario. Días atrás, la revelación de los vínculos entre una empresa propiedad de PPK y la empresa constructora y corrupta Oderbrecht, durante la época en que el primero era ministro de economía, lo puso al filo de la vacancia presidencial por incapacidad moral, pero a última hora el Congreso, mayoritariamente fujimorista, decidió la votación a favor de la permanencia del presidente. Lo que pocos sabían es que PPK se quedaba porque había negociado con ellos debajo de la mesa la libertad y el perdón del reo más famoso del Perú.

El indulto humanitario para el ex dictador viene con derecho de gracia, eso quiere decir que Fujimori –quien ayer publicaba un video en sus redes sin rastro de padecer una enfermedad terminal– ha sido exculpado también de los procesos que tiene abiertos y juicios pendientes, como el de las esterilizaciones forzadas, una de las violaciones de derechos más graves en la historia peruana cometida contra las mujeres, que continuaba en investigación fiscal y ahora podría quedar impune, salvo que prosperen los recursos de nulidad.

Yerma en los Andes

Entre 1995 y 2000, los años más duros de la dictadura de Alberto Fujimori, se estima que fueron esterilizadas contra su voluntad 331.600 mujeres indígenas en el Perú. Esto es, que muchas veces mediante engaños, otras recurriendo directamente a la violencia, cientos de miles de mujeres no solo se vieron privadas de su derecho a concebir sino que han arrastrado durante años las secuelas psicológicas del abuso al que fueron sometidas e incluso el estigma que las persiguió en sus lugares de origen, casi siempre pueblos de los Andes, donde el dictador y sus cómplices se creían con más derecho a aplicar su “Programa Nacional de Planificación Familiar”.

¿Cómo se llevaba a cabo este programa? Según informes de Amnistía Internacional algunas de las prácticas iban desde imponer a los médicos un sistema de cuotas o “metas numéricas” para la práctica de estos procedimientos (además de “estímulos” si cumplían las metas), la amenaza de practicarles abortos a las mujeres embarazadas si no accedían a ligarse las trompas, campañas engañosas en las que se ofrecía la ligadura como cualquier otro método anticonceptivo no permanente, el secuestro, el chantaje a los maridos para que firmasen “autorizaciones” o el uso de la fuerza.

El presidente que nos odiaba

Alberto Fujimori demostró, durante todo su Gobierno, su misoginia radical y una dinámica perversa en su relación con las mujeres. Fue el único presidente del mundo que acudió a la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing en 1995, pero luego de ofrecerse como un defensor de la causa femenina, puso en marcha el programa de control de la natalidad en los Andes. “A Fujimori en realidad no le importaban las mujeres –cuenta hoy Rocío Silva Santisteban, ex directora de la Coordinadora de Derechos Humanos en el Perú– sino el dinero que el Banco Mundial había ofrecido a cambio de un decidido apoyo del Gobierno a la política de control poblacional. Esa política se entroncaba con el famoso Plan Verde de los militares: controlar a la población indígena, rural y pobre para evitar la proliferación de ”terroristas“. Las esterilizaciones forzadas son la punta de lanza de ese plan.” En ese proceso usó también a algunas ONG que trabajaban con colectivos de mujeres y que gestionaron el programa. Se hizo, explica Ana María Vidal, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Coordinadora, “en el marco de una política de salud pública, y utilizó como fachada un discurso de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos para luego enviar a cientos de médicos por las regiones más pobres del país con la orden de esterilizar”.

Muchas feministas se opusieron duramente, como la abogada Gina Vargas, que acuñó la frase: “Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres”. Otra activista feminista histórica, Giulia Tamayo, publicó el informe “Nada Personal”, denunciando las ligaduras de trompas ilegales y al poco tiempo el grupo Colina –el comando paramilitar de Fujimori y Montesinos– le colocó una bomba en la puerta de su casa y tuvo que refugiarse en España.

Las agresiones sexuales también fueron banalizadas durante esos años, y aunque el Estado les entregó muchos años después del Gobierno de Fujimori un certificado de víctimas a las 5 mil mujeres violadas, también en su mayoría indígenas –lo que prueba el cariz doblemente discriminatorio de estas prácticas violentas–, que se atrevieron a denunciar (deben ser muchísimas más), solo hay una sentencia en el poder judicial en la que se sanciona al violador, el de una mujer identificada como “MMM”, las demás nunca fueron juzgadas.

Esto ocurre en el mismo país en que la ley de violencia de género sirve para poco, donde siete de cada diez mujeres ha sufrido agresiones, en el que el aborto sigue siendo ilegal, incluso en caso de violación y en donde el Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani es capaz de declarar que “los abortos no se deben a que han abusado de las niñas sino a que la mujer se pone como en un escaparate provocando”.

Las Geishas

En otro despliegue de falsa empatía, Fujimori creó también el primer Ministerio de la Mujer de la historia del Perú, pero nació con sello clientelista y manipulador. La primera ministra, Luisa Cuculiza, era una señora autoritaria y ultraconservadora. Fujimori se caracterizó por rodearse de mujeres que apañaban sus latrocinios, que lo defendían en los medios, todas desfeminizadas, cómplices. Les llamaban “las martas”, entre ellas estaba la congresistas Marta Chávez, de verbo violento y endemoniado, y Marta Hildebrandt, presidenta de la Academia de la Lengua en el Perú y presidenta del Congreso de la época, quien llegó a decir en una entrevista que ella estaba “a favor del autoritarismo, no de la autoridad”. Otra, Luz Salgado, fue hasta hace poco presidenta del actual Congreso.

En esta especie de “fiesta del Chivo” a la peruana, Fujimori ejerció idéntica influencia en las periodistas que cubrían Palacio de Gobierno, a quienes se les llamó las “geishas del japonés” y que fueron inmortalizadas en videos que las muestran dándose baños en las pozas de aguas termales que le encantaban al presidente y en una cama de hotel en Londres con el entonces todopoderoso Fujimori. Su principal animadora y groupie en la televisión fue la inefable presentadora Laura Bozzo, que acabó en arresto domiciliario por comprobarse que había sostenido reuniones con Vladimiro Montesinos con el fin de hacer campaña por el fujimorismo en sus programas. “Las mujeres autoritarias y/o genuflexas ante el poder del patriarca marcaron el estilo de su Gobierno”, afirma Silva Santisteban.

La esposa torturada

Dejamos de verla por un tiempo y cuando reapareció su salud estaba muy deteriorada, necesitaba de silla de ruedas y no podía hablar con claridad. Una de las primeras denuncias impunes de una mujer contra Alberto Fujimori fue la de su esposa, la entonces primera dama Susana Higuchi. Ella denunció haber sufrido secuestro y tortura en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, con constantes sesiones de electroshocks para evitar que hablara de lo que estaba pasando dentro del Gobierno, incluso llegó a enseñar sus quemaduras. Los medios comprados por el aparato propagandístico de la dictadura se encargaron de desprestigiarla, de hacerla pasar por loca y así lograron acallarla.

El fujimorismo necesitaba su silencio, luego supimos por qué: Fujimori en esos días habría dado la orden para las matanzas de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y la de los 15 habitantes de una quinta de Barrios Altos, incluyendo a un niño de 8 años. Crímenes de lesa humanidad. Sería condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado. Era, además, un gran corrupto: a Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia, le entregó a espuertas los fondos del Estado para corromper a jueces, militares, congresistas, periodistas, comprando las líneas editoriales de periódicos y canales de televisión, por lo que le cayeron otros seis años más. Compró a la prensa amarilla, desde donde difamó a sus rivales políticos y sumaron seis años más de prisión. Por todos estos casos estaba sentenciado cuando PPK lo indultó. También por desaparecer los videos que grabó el propio asesor y que probaban sus fechorías. Y le quedaban un buen puñado de casos por juzgar.

El de Higuchi, como el de las esterilizaciones forzadas sigue abierto y podría quedarse sin sentencia si el indulto sigue adelante. Ante la comisión congresal que investigó el caso de la ex primera dama años después, su propia hija, Keiko Fujimori, fue la primera en negar la tortura. Luego de ver a su madre expulsada del Palacio de Gobierno aceptó convertirse en la hija-Primera Dama de Fujimori. Hoy es la candidata del partido fujimorista, líder de la oposición, la que perdió la presidencia en las dos últimas elecciones, primero ante Humala y después ante PPK, pero no acepta que no es presidenta. Es otra de las investigadas en el caso de Oderbrecht por recibir millonarias sumas para sus campañas y por ello en las últimas semanas hemos vuelto a ver las viejas maniobras de los fujimoristas: persecución política a fiscales y amedrentamiento del Tribunal Constitucional.

En el año 2000, Alberto Fujimori huyó a Japón y renunció a la presidencia del Perú vía fax, ante la evidencia de los casos de corrupción de su Gobierno. Allí fue protegido por una poderosa empresaria hotelera, Satomi Kataoka, conocida por sus vínculos con el fascismo japonés, y con quien, ya divorciado de Higuchi, se casó como parte de su estrategia de inmunidad. Quiso empezar una nueva vida junto a ella, postulando a diputado, haciendo valer su nacionalidad japonesa que siempre había negado, pero no pudo evitar su extradición en septiembre de 2007. Al poco tiempo de ser encarcelado, perdieron el vínculo. Una vez más instrumentalizaba a una mujer para sus oscuros fines.

Mujeres de batalla

Tampoco parece que vaya a pagar por los crímenes contra las agentes de inteligencia Mariella Barreto, asesinada y descuartizada; y Leonor la Rosa, superviviente de tortura, solo porque sabían demasiado de las prácticas ilegales de los comandos que estaban a la orden de Montesinos y Fujimori. Todas fueron clave en el desenmascaramiento del régimen. Hubo heroínas también en los medios. La periodista Melissa Alfaro, jefa de informaciones del semanario Cambio, que cada tanto presentaba informes para atizar al Gobierno, abrió el sobre bomba que el servicio de inteligencia había enviado a nombre de su director y murió en el acto.

Pero sin duda, las mujeres que más guerra han dado y siguen dando contra el tirano son las madres y hermanas e hijas, los familiares de las víctimas. Ayer, la madre del niño asesinado en Barrios Altos, Rosa Rojas, rodeada de la gente que protestaba contra la medida y contra las explicaciones de PPK –que intenta apuntalar una falsa campaña de “reconciliación nacional”–, clamaba: “No es fácil decir pasemos la página, que tengamos un nuevo comienzo. Yo traje al mundo a mi hijo y aún no lo puedo olvidar. Hoy él tendría 35 años y aquí estoy. Seguiré luchando hasta el último día. Se burló de mi dolor. Un dolor que hasta ahora tengo en el alma. No puedo olvidar a mi hijo especialmente hoy que es Navidad. Estoy en la calle cuando debería estar en casa con mi familia. No es justo que PPK haga esto”, dijo. Los años de lucha por mantener la memoria y aplacar el dolor de miles de mujeres que aún esperan justicia no pueden quedar impunes.

(Vídeo de Javier Corcuera Andrino, director de documentales peruano).