España ha cerrado 2019 como el primero que empeora en dependencia desde 2015: las listas de espera han aumentado en doce meses en casi 20.000 personas. En diciembre de 2018 había 250.037 personas con su grado de dependencia reconocido esperando por la prestación o servicio al que tenían derecho, y en el mismo mes de 2019 ya eran 269.854. De esos casi 20.000 que se suman a la lista, tres cuartas partes son graves, ya sea severos (grado II) o grandes (III): cuando acabó 2018 había 98.236 dependientes graves en espera; superada la barrera de los 100.000, al terminar 2019 había 113.275, 15.039 más.
Se trata de datos hechos públicos mensualmente por el IMSERSO. A lo largo del año, estos documentos ya habían ido avanzando un retroceso en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Ha sido el primer año desde 2015 que el número crece. El motivo hace cinco años fue que los dependientes de Grado I (considerados los más leves), que habían sido eliminados de las estadísticas en 2012 cuando Mariano Rajoy puso en marcha los recortes al sistema de ayuda a la dependencia, volvieron a contabilizarse y por tanto a incorporarse a las listas en 2015.
Ahora las razones son otras. Cuando en verano la cifra aumentó por primera vez, sobre todo entre dependientes graves, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales explicaban la razón: “Se atiende más a leves o moderados: genera mejor estadística y los servicios son low cost. Es una cuestión puramente económica, porque los grandes y severos cuestan más dinero. Es un espejismo estadístico, un juego para aparentar que la lista de espera disminuye. Lo venimos denunciando, pero lo grave y novedoso es lo del último año, que aumente en más de 6.000”. Las prestaciones y servicios que dispone la Ley de 2006 son principalmente cuantías económicas por cuidado familiar, ayuda a domicilio, teleasistencia y atención residencial.
Hay otro dato malo: en 2019 se ha batido el récord de 2012, año de los recortes, en personas que han solicitado una valoración de su dependencia pero todavía no se la han hecho, es decir, les queda todo el proceso por delante. Hay 159.193 personas en España en esas circunstancias. En enero de 2019 eran 130.831, 20.000 menos. El 80% de los que comienzan el proceso acaban siendo reconocidas con un grado u otro de dependencia.
En general, “las comunidades están asfixiadas”, decían desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, referente en el sector. Actualmente, las comunidades aportan de media un 80% a la financiación del Sistema y el Estado un 20%, cuando la Ley de 2006 establece que debería ir al 50%, lo cual genera fuertes desigualdades territoriales entre regiones. La población total mayor de 65 años, la mayoritaria entre la dependiente, también ha crecido en unas 600.000 personas desde 2012, tiempo en el que la Administración no se ha adaptado.
Desde la asociación califican de “absolutamente terrible” este año por el aumento de 20.000 personas en lo que llaman “limbo de la dependencia”: personas con el derecho reconocido que no llegan todavía a recibirlo. “Es desesperante que aumente la lista de espera, tanto el limbo como las pendientes de valoración. Pensábamos que, por la falta de Presupuestos, iba a ser un año de paralización. Pero es más que eso, es muy preocupante”, añaden.
En el Consejo General de Trabajo Social, su presidenta Emiliana Vicente lo describía parecido: “Está todo atascado. No es que puedas decir que no se ha ido a mejor en estos meses, es que se ha ido a peor. Hay que corregir un problema grave de financiación”. Las asociaciones han pasado meses pidiendo que la inyección de 500 millones de euros en el SAAD incluida en los PGE de 2019, y frustrada con ellos, saliese adelante con el gobierno en funciones vía Real Decreto. Ahora, esperan verlo en los presupuestos que se propongan en 2020.
En España, el tiempo media de espera entre que se solicita una prestación o servicio para la dependencia y se recibe es de un año y dos meses. Lo calculó en diciembre la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en base a una novedosa estadística del IMSERSO. Por norma, no deberían ser más de 180 días, seis meses. Con esa cifra, calculan que en 2019 murieron al día 85 personas sin haber recibido prestación a pesar de tenerla reconocida, 31.000 en total. Con el nuevo gobierno, las competencias del IMSERSO y por tanto la gestión de la dependencia pasan en 2020 del Ministerio de Sanidad a la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que capitanea el vicepresidente Pablo Iglesias.