El lobby de la caza apunta al animalismo ante las nuevas leyes autonómicas que controlan su actividad
Algo se está moviendo respecto a la percepción de los animales en España. Y al sector de la caza no le está gustando. A pesar de que cuentan con un firme apoyo en el Congreso de los Diputados por parte del grupo parlamentario del PP, el nuevo mapa político en las comunidades autónomas ha conducido a una serie de normas sobre el bienestar animal que revuelve al sector cinegético. “Sectarismo animalista”, lo llaman.
Hoy se están tramitando proyectos de ley o decretos de animales en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o La Rioja. Inciden, no ya en las presas o cómo cobrarlas, sino en una de las herramientas más utilizadas: los perros de caza y las rehalas (jaurías entrenadas para las monterías). Las organizaciones de cazadores han reaccionado calificando las iniciativas de “irresponsabilidad” o “de imposible cumplimiento”.
Incluso las nuevas normas de vacunación para mascotas en Extremadura han encontrado la oposición por imponer trabas a su actividad, aseguran. Ese grupo opositor se compone, básicamente de federaciones de caza y de asociaciones cinegéticas como la Oficina Nacional de Caza, la de rehaleros (Arrecal) o la de gestores de cotos de caza (Aproca).
“Carácter preponderante del hombre”
La reacción ante estas iniciativas legislativas cristalizó a finales de septiembre de 2017, cuando estos grupos se reunieron en un denominado Foro Caza y Sociedad en Córdoba. ¿El tema? El animalismo. “Su penetración en el ordenamiento jurídico es evidente”, explicaban en un documento final que recogía conclusiones como: “Considerar a los animales sujetos de derecho es un gran error. La doctrina animalista niega el carácter preponderante del ser humano”. La preocupación cazadora ha hecho que consideren esta corriente como un factor crucial que va “a condicionar la actividad cinegética” y lo asimilan a una religión: “Sectarismo, radicalismo, exclusión de la discusión y los dogmas forman parte de esta tendencia social”.
Y enviaban un mensaje: “Es una fuerza cada día más numerosa. Sería un error seguir confiando en que caiga por su propio peso”. Con ese mandato han desarrollado la actividad de lobby en los parlamentos regionales que están legislando sobre animales.
Lo más reciente está en La Rioja ya que acaba de retomarse un proyecto que entró en la Cámara como una iniciativa legislativa popular hace más de dos años. Su debate se ha dilatado incluso mediante una solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de La Rioja. Ahora, la Asociación Nacional de Rehalas (Arrecal) ha pedido a los grupos parlamentarios que impere el “sentido común” y no se convierta “a La Rioja en campo de experimentación del animalismo radical”.
Arrecal ha hecho un análisis jurídico de la futura norma en el que estampan: “La alusión a la caza y la pesca está huérfana de justificación en una norma de bienestar animal, concepto concebido y originado en el ámbito de la producción animal y los animales domésticos”. Entienden que “pretende dar a los animales un ámbito de protección y un estatus mayor que el de las personas.”
La ONC protestó al conocer el texto. Dicen que, al aplicarlo, “un rehalero con 12 perros necesitaría más de 180 metros de espacio y dejar que los animales durmiesen en el interior de su vivienda, mientras que los ganaderos no podrían dejar a sus perros con las ovejas”.
Apoyo constante del PP en el Congreso
El sector cinegético está acostumbrado a tener un aliado político natural en el Partido Popular. Así se entiende el constante flujo de iniciativas parlamentarias que el PP remite a la comisión de Agricultura y Medio Ambiente para pedir “medidas en apoyo de la caza”, introducir y desarrollar una “estrategia cinegética nacional” en la Ley de Montes o pasar a votación la declaración de los cazadores como conservadores de la naturaleza pidiendo “el impulso” de la caza y la pesca por su “contribución al interés general”.
El PP también ha buscado revertir la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía mantener algunas especies exóticas invasoras como la trucha arcoíris o el arruí como trofeos de pesca y caza deportivas. No han parado hasta conseguir reabrir el debate parlamentario para modificar la ley que impide estas actividades y darle cobertura legal. Una petición del sector cinegético.
Pero el panorama político en las autonomías ha cambiado. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha el Ejecutivo pasó de las manos del PP de María Dolores de Cospedal a una coalición del PSOE y Podemos. Su nueva ley de bienestar animal fue recibida con advertencias de tono maximalista: “Haría inviable la caza”, vaticinaba la ONC, que se quejaba de un “giro radical” del Gobierno castellanomanchego.
Algún efecto tuvo porque en febrero pasado se supo que el Ejecutivo ha admitido sacar a los perros de caza de algunas de las obligaciones para los animales de compañía. Aun atribuyéndose ese logro, la Federación de Caza y la Asociación de dueños de cotos (Aproca) expresaron que la postura del Gobierno es “insuficiente e injustificada” y aseguraban que se iba a poner en riesgo algunas modalidades de caza como la realizada con galgos.
La acusación de radicalidad casa mal con el hecho de que la Junta haya colaborado y cofinanciado la elaboración de un estudio sobre el impacto económico y social de la caza en Castilla-La Mancha impulsado por la Fundación Artemisan, dedicada a “potenciar la utilización del medio rural, considerando la actividad cinegética sostenible como fuente de riqueza”. El estudio, llevado a cabo por Deloitte, ha visto la luz precisamente en febrero de este año.
Collar eléctrico, espacio y temperatura regulada
Un giro parecido se ha dado la Comunidad Valenciana. Tras décadas de mando del Partido Popular, la Generalitat está gobernada por PSOE y Compromís. Su proyecto de ley de protección y bienestar animal provocó este análisis de la federación de caza valenciana: “Podría acabar con la caza en nuestra comunidad”.
Les contraría la prohibición del uso del collar eléctrico para sus canes o que las jaurías no puedan vivir en instalaciones donde no habiten sus dueños. También el fin del sacrificio público de animales porque quieren mantener disciplinas como el tiro al pichón. Una comisión federativa se ha reunido con representantes de la Generalitat para trasladarles, han indicado, que “no permitirán ningún ataque a los derechos de sus federados”.
En la Comunidad de Madrid, el PP se mantiene en el poder con una exigua mayoría. La asociación de rehalas Arrecal se ha revuelto ante las nuevas disposiciones, aún en trámite, porque les han parecido “marcadamente intervencionista”. Las normas para tener grupos de perros han sido mal recibidas: “Harían inviables muchos núcleos de rehalas”, han expresado. Y pormenorizan aspectos concretos: mantener una temperatura entre 21 y 26 grados, mantener un juguete por animal y cambiarlo regularmente, contar con un responsable que cuide diariamente a los animales. “Supone condenar al cierre numerosos núcleos zoológicos y hacer desaparecer buena parte de instalaciones” para perros para rehalas por constituir “costes inasumibles ajenos a la realidad social”.
El éxito de las presiones del lobby de la caza se irá aquilatando según se aprueben o enmienden las normas. Lo que sí muestran los datos es que la influencia que ejercen se sustenta en una base cada vez menos numerosa: las licencias han caído de 1,2 millones en 1987 a 850.000 en 2013, según Medio Ambiente. Algunos de sus representantes más activos como Arrecal cuentan que aglutinan a “un millar de propietarios de rehalas”.
En contestación a eldiario.es para este reportaje, Arrecal ha resumido sus argumentos para oponerse a las nuevas leyes: “ La crítica se debe a que están impregnadas por un nuevo credo intolerante a todo lo que no sea la idealización del animal frente al hombre. Las huestes animalistas crecen en la sociedad urbana y crean una confrontación que nunca debe surgir entre el mundo rural y el urbano, generando un enfrentamiento muy peligroso que trata de extinguir a diversas minorías”.
