El Gobierno español aprovecha la renovación de la Comisión Europea (CE) para relanzar su idea de permitir la caza del lobo al sur del río Duero. Tras ver rechazado su primer intento en 2012 –necesitaba un sustento científico del que carecía–, el mandato del nuevo presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, abre una ventana a esta vieja aspiración. Juncker ha pedido “realizar una profunda evaluación de la Directiva de Hábitats y valorar el potencial de convertirla en una ley más moderna”. Bruselas ya avisó hace dos años que no se realizaría una revisión específica para una especie sino que siempre sería dentro de un proceso general como el ahora anunciado.
Así que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha dejado clara la postura del Ejecutivo: “Mantengo el compromiso de mi antecesor en la lucha contra el lobo”. El lobo ibérico (Canis lupus signatus) es una especie totalmente protegida en la zona sur por la legislación española y la directiva europea Habitats. Pero desde que el futuro comisario europeo, Miguel Arias Cañete, tomó la cartera de Medio Ambiente (MAGRAMA), España trata de convencer a Bruselas de que elimine esa protección para poder declararlo pieza de caza. Cañete argumentaba que el lobo era “una grave amenaza para la ganadería”. En febrero de 2012 envió la solicitud. Pera la CE exigió “datos sólidos” para plantearse el estudio.
El 24 de junio pasado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Antonio Silván, le recordó al MAGRAMA el deseo de volver a permitir la caza del lobo al sur del Duero. El lenguaje oficial dice: “Eliminar los dos estatus” de la especie. Tejerina ha hecho suya esta política y pretende convencer a la nueva Comisión Europea que está en formación. Y aunque el MAGRAMA todavía ultima un censo de ejemplares nacional para finales de año, anuncia un escrito de petición ante Bruselas. Debe de estar esperando al cambio de titular ya que un portavoz de la Comisaría de Medio Ambiente contestó el 12 de septiembre a eldiario.es que el texto oficial como tal “no ha llegado todavía”.
Tejerina y Cañete han enarbolado la razón del daño al negocio de la ganadería. “No es un problema económico”, cuenta Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. “Gracias a la protección, ha habido cierta recolonización y algunos ganaderos, quizá por comodidad al haberse exterminado anteriormente, prescinden de prácticas útiles como recoger los rebaños o usar mastines”, explica.
La Junta de Castilla y León inició el pago de indemnizaciones por daños al ganado en agosto. Tramita los primeros 88 expedientes que sumarán poco más de 50.000 euros. Además, la Junta ha estado dilatando el abono de este dinero al estar litigando contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, en esencia, obligaba a un pago más rápido y general. Llevó el caso hasta el Supremo que el 22 de marzo de 2013 rechazaba los postulados del Gobierno regional. 16 meses después ha comenzado a indemnizar. Según los datos de la Dirección General de Medio Natural la cuestión económica tiene esta dimensión: entre 2010 y 2012 se perdieron 188 cabezas de ganado mayor y 334 de ganado menor que generan indemnizaciones de 108.164 euros, según recogía una resolución del Procurador del Común castellanoleonés.
Y mientras peleaba en los tribunales y no pagaba, seguía tramitando su petición para eliminar la protección. Se colocaba al rebufo de una corriente que hizo que la Diputación de Ávila aprobara el 28 de enero de 2013 una petición para pedir a la Consejería de Medio Ambiente que declare la provincia “zona libre de lobos” y que se tomen “las medidas oportunas”. Votaron a favor PP y PSOE y se abstuvieron IU y UPyD. De hecho, la Junta se apuró por preparar un nuevo censo de lobos en la comunidad autónoma para el Ministerio. “Está hecho sobre todo con estimaciones”, critica Oberhuber.
Con todo, el documento –finalizado en junio de este año– muesta que la protección de la especie al sur de la frontera del Duero ha tenido el efecto esperable en una medida conservacionista: se ha pasado de 17 a 27 manadas. En toda Castilla y León calculan que hay 1.600 ejemplares.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agicultores (ASAJA) celebra que se le haya hecho caso. “Es incompatible el pastoreo con la presencia de lobos”, postula desde hace tiempo bajo la premisa de que “donde hay lobo no puede haber ganadería”. También cabe contraponer que la propia ASAJA recibe subvenciones de la Fundación Biodiversidad (dependiente del MAGRAMA) para el programa “la ganadería extensiva como pieza clave para la conservación del lobo”: 63.000 euros en 2012 y 36.000 euros en 2013, según las resoluciones de la fundación.
“Permitir la caza por debajo del río es asegurar la extinción en Andalucía”, señala Theo Oberhuber. Además, el ecologista mantiene que esa práctica “no no resuelve los problemas con los rebaños”. Según su criterio, el abono rápido de las indemnizaciones y las prácticas ganaderas consecuentes hacen compatible el pastoreo y el lobo.