Con todo el carácter definitivo que pueda tener una ley de la que dicen que “ha nacido muerta”, la LOMCE ya es una realidad. Pasados 30 días desde su publicación en el BOE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (conocida popularmente como ley Wert) está en vigor como parte del ordenamiento jurídico español desde este lunes y entrará en funcionamiento a partir del próximo curso.
La norma será la primera ley educativa que el PP vaya a poner en funcionamiento en toda la democracia, pero que ha generado un consenso en contra en la oposición política al Gobierno y buena parte de la comunidad educativa a tal nivel que existe el compromiso de derogarla en cuanto los populares pierdan la mayoría absoluta en el Parlamento.
Las razones del rechazo son conocidas: la ley se califica de retrógrada, clasista, con una visión más económica que educativa, que da carácter obligatorio a la religión, que recupera las llamadas reválidas...
Hasta que tumbar la norma sea posible, varios colectivos, partidos políticos e incluso algunas instituciones y administraciones han anunciado batalla. Confrontación legal a través de recursos de inconstitucionalidad, en la calle y hasta en los centros a través de la desobediencia en las aulas. Insumisión a la LOMCE, claman sus opositores. “Se trata de una ley estatal y, por lo tanto, de obligado cumplimiento en el Estado, como toda ley”, recuerda el Ministerio de Educación.
El frente institucional
La ley empezará a aplicarse de manera escalonada a partir del curso 2014-2015. En septiembre entrará en funcionamiento para Primaria y FP básica. El año siguiente, 2015-2016, se extenderá a 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato. Si llega hasta entonces, la ley se aplicará en su totalidad a partir de 2016-2017, cuando llegue a 2º y 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato. Las evaluaciones externas que darán acceso al título de ESO y Bachillerato quedan para 2017.
Conocido el calendario, se va definiendo la lucha. La maniobra antiLOMCE que están diseñando sus opositores se sustenta en dos patas principales. Por un lado, algunas comunidades autónomas han anunciado que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional.
Andalucía, por ejemplo, argumenta que la norma “invade el artículo 21 del Estatuto de Autonomía sobre el derecho de acceder en condiciones de igualdad” a la educación y prepara una batería de medidas contra la LOMCE. El País Vasco y Cataluña también han anunciado recursos. Canarias y Asturias han mostrado su rechazo. En resumen, todas las regiones en las que no gobierna el PP. También lo han hecho partidos como el PSOE o IU aunque, de momento, no hay ningún recurso registrado.
“Pero no sólo eso. También en comunidades autónomas y ayuntamientos vamos a presentar medidas y propuestas contra la ley a nivel institucional”, explica Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, uno de los partidos más activos contra la LOMCE. Se trata de boicotear la norma en la medida de lo posible. Por ejemplo, pedir una memoria de impacto económico para cada nuevo elemento de la ley que necesite financiación, para retrasar su puesta en práctica.
Boicot a la ley
Por otro lado, la desobediencia. IU es uno de los instigadores a la insumisión, llamada que apoyan varios colectivos, muchos agrupados en torno al grupo Yo estudié en la Pública. De momento, los implicados trabajan en la elaboración de un manual de la insumisión que recoja medidas concretas para boicotear la ley.
Guadalupe Jover, miembro de Yo estudié en la Pública como “madre, maestra y ciudadana”, explica que con esta iniciativa “se trata de mantener por parte de la comunidad educativa (alumnos, profesores y familias) una actitud de resistencia a la LOMCE y no asumir todos los aspectos con los que no comulgamos, pero sin transgredir la legalidad”. E insiste varias veces en remarcar esta última parte.
Jover adelanta a modo de ejemplo algunas de las acciones que plantea el colectivo, siempre con el objetivo de “vincular la desobediencia a la ley con la escuela que queremos”. No sólo la protesta por la protesta. “Creemos que [la ley] es totalmente antidemocrática. Por ejemplo, con los consejos escolares (que pasan a tener una función meramente consultiva). ¿Qué proponemos? Que los directores escuchen la voz de los consejos pero también su voto. La ley no obliga a escuchar su voto, pero tampoco lo prohíbe”, explica.
Otra posibilidad: “La LOMCE es segregadora, nosotros queremos una escuela inclusiva. Uno de los itinerarios que ofrece es un callejón sin salida (acaba en la FP Básica e imposibilita obtener el título de Secundaria). Nosotros proponemos que ningún profesor proponga este itinerario para ningún alumno”. Una tercera: que los padres no presenten a sus hijos a las evaluaciones de fin de ciclo (las llamadas reválidas). Hay más, unas simbólicas y otras de mayor calado. Algunas se pueden leer en este manifiesto de propuestas o en el blog que IU ha abierto para recabar ideas.
Pero ¿es legítimo desobedecer una ley? Coinciden Jover y Díez en el sí rotundo. “Ante una ley injusta, no hay otra salida que la desobediencia civil, buscando la justicia, la equidad. No nos sentimos representados porque no han contando con la comunidad educativa, no se ha escuchado nuestra voz y no hay más salida que mantener la lucha”, expone Jover. “Nos sentimos completamente legitimados”, añade Díez. Su versión completa, ligeramente más politizada, no difiere demasiado.
Pero como no sólo de insumisión vive el opositor, los diferentes colectivos también trabajan en positivo y preparan una alternativa a la LOMCE. “Queremos iniciar un proceso constituyente en Educación”, cuenta Díez. También con este objetivo se reunió el partido con los grupos que rechazan la LOMCE. Uno de ellos, Yo estudié en la Pública, también trabaja con visión de su futuro desde su propia plataforma.